¿Quiénes son los buenos?

Ocurrió en la entidad veracruzana, específicamente en la Ciudad de Córdoba, Ver. Fue el viernes 28 de diciembre – día de los santos inocentes – cuando 4 individuos fueron abatidos por miembros del Ejército Mexicano en unas calles aledañas a una conocida funeraria. Según el reporte oficial esas personas pretendían “rescatar” del velatorio los restos mortales del sicario conocido como el Pokemón (Angel Enrique Uscanga Marín) y por ello se procedió de manera fulminante. Algo bastante diferente es la versión de los familiares de los ajusticiados. Aseguran que esos ciudadanos, originarios de Ixhuatlán del Café, circulaban en un taxi porque iban a comprar refacciones para reparar un automóvil y probablemente resultaron sospechosos al pasar por el retén implementado por las fuerzas castrenses.

Hay indignación, tristeza y estupor ante lo ocurrido. Los vecinos y familiares de los difuntos manifiestan que Angel Piña Teodoro, José Raúl Fernández Ortiz, Jesús Suárez y Luis Vargas Piña eran personas honestas, trabajadoras y sencillas, sin antecedentes penales y responsables de sus respectivos hogares. Adicionan que ellos no sabían utilizar armas y se desempeñaban en actividades lícitas, uno como taxista, dos como mecánicos y el otro como agricultor. Consternados y molestos, además de los familiares, cerca de 600 habitantes del municipio referido efectuaron un nutrido cortejo fúnebre durante los primeros días de este 2013, por las principales calles de Córdoba, con los ataúdes a cuestas y portando mantas o pancartas con leyendas elocuentes: “No eran sicarios”, “Queremos investigación y justicia”, “Eran inocentes…”.

Las autoridades locales, incluyendo al mismo Titular del Ejecutivo, manifiestan que se procedió a tono con las circunstancias y además avalan el procedimiento llevado a cabo por las fuerzas militares. La Procuraduría General de Justicia del Estado informó fría y escuetamente que fuerzas del orden abatieron a 4 delincuentes cuando intentaban robar el cadáver del líder de Los Zetas de la región de Córdoba. Ante ese muro de indiferencia y de insensibilidad política, las esposas, madres, hermanas y seres cercanos a los caídos solicitan al Gobernador, Dr. Javier Duarte de Ochoa, una entrevista para que conozca de manera directa su versión y además para que se efectúe una evaluación a fondo del asunto, a fin de deslindar responsabilidades. No se han quedado con los brazos cruzados; tienen temor ante probables represalias, pero anhelan “limpiar” el nombre de sus seres queridos y demandan asimismo indemnización por la tropelía perpetrada.

Así están las cosas, el silencio oficial condena a los ultrajados, la autoridad civil se pliega dócilmente al dictamen castrense y la sociedad se encuentra indefensa e irritada. En un rotativo nacional se destacó hace poco que a pesar de las declaraciones elocuentes sobre un cambio sexenal significativo en el campo de la seguridad y de la lucha contra el crimen organizado, se sigue procediendo de manera anómala e injusta (más de 360 ejecuciones), conculcando derechos humanos, allanando viviendas, realizando homicidios incalificables y afectando a seres inocentes.

Sería bastante prudente que el “nuevo equipo gubernamental del cambio”, se materializara con acciones concretas e inmediatas y que el socorrido Estado de Derecho se proyectara a plenitud por todo el territorio patrio. No es aceptable que situaciones extrañas como lo ocurrido en la Ciudad de los 30 caballeros queden sin esclarecimiento, ni tampoco es admisible que en la provincia azteca predomine la justicia al viejo estilo del oeste norteamericano o a la usanza siciliana de la vendetta de Al Capone, en Chicago. Basta ya de “dispara primero y después averiguas…”