Carnaval Electoral

Solo ellos se la creen. La mayoría no se imagina los niveles alcanzados de desprestigio y desconfianza ciudadana y social hacia quienes controlan, administran y hasta monopolizan los llamados partidos políticos y los supuestos órganos autónomos ciudadanos.

No saben o no quieren saber que su nuevo reconocimiento público podría ser como presuntos o de plano como delincuentes y no como dirigentes. Excepciones aparte, donde las haya.

Al reconocido crimen de las calles se identifica y asocia el delincuente gubernamental que, por desgracia, en toda democracia contemporánea tiene un estrecho cómplice o asociado, el delincuente electoral.

Quien esté libre de sospecha, que arroje la primer acta.

Circo, maroma y voto

Y ahí van, de elección en elección, de campaña en campaña y de urna en urna, unos y otros, entendiéndose y protegiéndose dentro y fuera de la ley.

Por fortuna no son todos, pero por lo pronto son los suficientes delincuentes electorales para deteriorar, enfrentar y hasta poner en riesgo o destruir el sistema y sus instituciones.

Lo mismo simulan, fallan y engañan que se apropian de recursos públicos como las prerrogativas y hasta de otro tipo, cuando trafican y subastan al mejor postor las posiciones y las candidaturas e incluso, inocultablemente, algunos de ellos disponen de dinero de procedencia ilegal.

Esos que en cada acción y discurso menosprecian e ignoran a militantes y simpatizantes, negando, escamoteando y manipulando libertades y derechos, como el de la democracia interna, la transparencia y la rendición de cuentas. Se olvidan o pretenden olvidar que “los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público…”. Contribuir, no obstaculizar ni impedir, tampoco manipular o condicionar. Mucho menos subastar y traficar con las candidaturas en juego.

Viejos y nuevos depredadores y delincuentes de la política, que se acostumbran antes que todo, hay que repetirlo, a apropiarse de los recursos, patrimonio y atribuciones institucionales, así como de las oportunidades de intermediación entre la ciudadanía y la representación pública.

Claro que no son todos, pero ahí están los que roban, compran o inventan votos; los que hacen, deshacen o inventan actas y también los que justifican lo injustificable, los que no se detienen para obstaculizar, manipular o impedir la justicia electoral. ¿Qué hay de la oportunidad y efectividad de la impugnación, anulación y otros recursos legales?

Concesionarios o dueños de las franquicias electorales, conocidas como partidos políticos, prometen lo que no cumplen, hacen lo que quieren. Los adversarios de ayer son los aliados de hoy. Los opuestos irreconciliables son fácilmente subordinables; unos y otros se unen, lo mismo intercambian principios y valores que utilidades y beneficios. Conocida crónica de la asociación delictiva, de la confabulación, del asalto al poder gubernamental, a su presupuesto e instituciones. Fiscalización de la complicidad y el disimulo, inexistente o irrisoria e insostenible. Todavía con demasiados ejemplos de opacidad, discrecionalidad y nula o simulada rendición de cuentas.

Todo y todos, con cargo al presupuesto.

Carnaval, comparsa y campaña

Y aquí está, en su forma acostumbrada: colorido, bullicioso, desbordante y contagioso; para unos divertido y para otros licencioso, este carnaval no es el de la fiesta de la carne, es el del voto que da el acceso al poder a través de la representación pública. Legalidad y legitimidad, dice la publicidad.

Fiesta de carnestolendas y, por fin, tiempo de trabajo de una burocracia gubernamental que poco o nada hace entre periodo de elecciones. Años dizque preparándose para el siguiente periodo.

Por eso estamos como estamos y ahora las elecciones o el carnaval electoral nos tiene ya reconocido como uno de los sistemas electorales más caros del mundo. Uno y otro, todo carnaval necesita de comparsa, séquito y acompañamiento. Hacer como que se hace se convierte en la mejor mascarada frente a los innumerables delitos denunciados o no, que igual no se persiguen y sí se encubren frente a prácticas ofensivas de compraventa de votos y de actas, que es el mejor negocio.

Si votos gana a voto, no hay duda que acta gana a votos; sentencia acaba con todos. Total, bien cuidada la impunidad no hay recursos para los quejosos ni acciones obligatorias de los responsables. ¿Y los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, independencia, profesionalismo, equidad y definitividad?

Muchos (no todos), políticos y servidores públicos de pedigrí, de uña y pezuña, integran la delincuencia gubernamental, que no necesariamente es la misma que la electoral; en ésta se necesita más el sentido roedor y la del marsupial, por eso se les identifica entre ratón y canguro, aunque también se les encuentra extrañas similitudes con el mapache, con los primates y hasta con los dinosaurios.

Termina un carnaval y otro continúa. La tragicomedia nunca se acaba. No salimos de una para caer en otra, para la distracción y la enajenación, las múltiples y variadas pistas del circo político; lo mismo sirven para entretener, que para hacer como que se hace.

Teatro, partido y discurso

Uno de los grandes peligros de la democracia presente y futura es la partidocracia, forma de asociación privilegiada y hasta delictiva que se ha convertido en dominante, representación indiferente y hasta opuesta al origen y destino de la democracia. Ciudadano y sociedad, causa y efecto, responsabilidad y reto a la vez. Militantes y simpatizantes.

Demasiado quehacer hacia el interior de los supuestamente intermediarios entre ciudadano y poder gubernamental. Partidos políticos, casi siempre ausentes en la democracia participativa y en la legitimación cotidiana de los gobernantes.

Por cierto, ¿y los procedimientos participativos de referendo o plebiscito?

Imperativo: continuar el esfuerzo

Éstos y otros defectos, con sus contadas virtudes y ventajas, caracterizan a nuestra democracia, la única que tenemos. Ante sus innumerables problemas y múltiples enemigos, mejorarla y mejorarla es el reto, no queda otra que enfrentarlos con optimismo razonado, renovada esperanza y continuado esfuerzo. Todo tiempo es tiempo de nuestra obligación y oportunidad ciudadana.

Después y antes que todo, hay que tener presente principio y fi, de la política de la buena.

“La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo” y la democracia debe considerarse “no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.

No esperemos de otros lo que es deber y derecho de nosotros; el origen del gobierno democrático es ciudadano, no divino; es civil y no militar. No es aristocrático sanguíneo ni tradicional costumbrista o teocrático religioso.

La oportunidad ciudadana se presenta y repite en cada acto de gobierno, que es en dónde se legitima cotidianamente a los responsables y se pone a prueba el Estado de Derecho.

Una de las primeras diferencias importantes es exigir permanente y sistemáticamente probidad y buenos resultados a todo servidor público que la ciudadanía nombra, paga y sostiene en el gobierno. No se pide favor o gracia, sólo el cumplimiento del deber.

Sostenemos y repetimos: los discursos y las buenas intenciones no son suficientes. Hoy como siempre, en una auténtica democracia hay que gobernar al gobierno.

Participar es el verbo. Indispensable, ejercer derechos y cumplir obligaciones.