Ciudadanos deben interesarse en problemática del agua y firmar iniciativa

Para que no suceda lo mismo que ocurrió con la reforma energética y relativo al petróleo de los mexicanos con la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas, los ciudadanos deben afiliarse, firmar esta iniciativa y sobre todo, cada uno interesarse por la problemática del agua, expresó Luisa Paré, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y miembro de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA).

Refirió que cada ciudadano debe interesarse en saber en qué se maneja el agua, cuál es nuestro sistema de tarifas, dónde hay organizaciones comunitarias del agua, conocer sus necesidades y que éstas sean respetadas.

Es por ello que se requiere generar una Contraloría Social del Agua, que es algo que está planteando en la iniciativa ciudadana; según el documento de la iniciativa éste sería un organismo desconcentrado del Consejo Nacional de Cuencas, de composición ciudadana que buscaría erradicar la corrupción y la impunidad en el desempeño de la función pública del agua.

“Tendría autonomía presupuestaria y de decisión, así como capacidad vinculante. La Comisión Nacional de Derechos Humanos certificaría el proceso de elección de Contralores Ciudadanos (as), la que será posición honorífica, sin conflicto de interés por cuenca y a nivel nacional”.

Luisa Paré recordó que actualmente se debate la Ley General de Agua, que se desprende de la recomendación de Naciones Unidas de que los gobiernos modifiquen sus legislaciones para garantizar ese derecho en el contexto, no solamente de la privatización del agua sino de la privatización de los recursos estratégicos de México, de una política de entrega de estos recursos al gran capital multinacional.

Destacó que el agua aparece en este contexto porque hoy en día con los nuevos procesos tecnológicos, actividades como la minería y la extracción de gas por la fracturación hidráulica, el agua es un insumo importante, pero con esto ya nos alejamos de una visión de cuenca, donde una cuenca abastece a los ecosistemas, a sus usuarios humanos y que debe tener un plan de gestión para que este ciclo natural sea conservado y restaurado en casos de degradación.

Refirió que el otro concepto es una apropiación privada del recurso; “se utiliza el pretexto de las necesidades de abasto de agua de las ciudades, pero el año pasado analizamos que básicamente es un problema de gestión no necesariamente de necesidad de traer agua de otros lados”.

La Investigadora detalló que el boom de la privatización de los organismos operadores se dio en Europa en los 90´s y fracasó, muchos de estos organismos, ayuntamientos, municipios iniciaron procesos de remunicipalización del servicio del agua, porque el agua no puede ser un negocio, es un bien común y requiere de una gestión compartida con los ciudadanos.

“Ahora vienen 20 años después al tercer mundo a buscar hacer el negocio del oro, del oro azul”.

Reiteró que con la Ley de Aguas Nacionales se espera que se abra una consulta y un debate, pero no un debate simulado, sino uno verdadero para que los ciudadanos se enteren.

“Esperemos que el sector público y los legisladores convoquen a reuniones para que estemos enterados de la diferencia entre una propuesta de ley ciudadana que tiene un planteamiento de una participación ciudadana a través de diferentes instancias de planeación democrática para opinar sobre dónde viene el agua; para garatizar el agua necesaria, para recuperar la soberanía alimentaria que hemos perdido y el derecho humano al agua que debe ser el primero aspecto a considerar”.