26 de enero de 2012
alcalorpolitico.com
Los empleados del comité organizador de los Juegos Panamericanos no han recibido sueldo desde hace seis meses.
No son pocos los medianos y pequeños empresarios que siguen esperando que alguien les pague lo que hicieron (y no se atreven a mencionar el diezmo que tuvieron que pagar por adelantado...).
Varios empleados del mismísimo PRI llevan más de un sexenio trabajando en condiciones indignas sin que nadie les haga caso y les ayude.
Varios ayuntamientos no saben qué hacer ni cómo van a pagar lo que deben. Actopan tiene deudas impagables con ex empleados, y Acajete piensa cancelar obras y recortar trabajos para pagar deudas más o menos recientes. Pero Actopan y Acajete son sólo dos ejemplos.
La lista es larga y variada, y va más allá de las oficinas de Xalapa en que se toman decisiones. La conclusión es la misma.
No en vano lo que más le interesa a quienes han tratado de ejercer su derecho a la información es saber cuánto ganan, cuánto tienen los funcionarios que ayer vivían en casas de interés social y hoy tienen mansiones y cosas tan injustificables como inexplicables.
Lo primero que uno piensa es que algunos se están sirviendo con cucharas más grandes. Y que el cinismo se contagia.
Basta recordar que Salvador Sánchez Estrada, uno de los secretarios de Finanzas del gobierno fidelista, declaró en julio de 2009 que bajar más el sueldo a los secretarios de despacho y altos funcionarios del gobierno no serviría de nada para aliviar la crisis. El rector de la Universidad Veracruzana Raúl Arias Lovillo dijo lo mismo el mismo día.
Pero la deuda no es sólo económica. Hay un compromiso incumplido, una brecha que se agranda, un malestar que crece ante esas cucharas más grandes. Baste el ejemplo del Tribunal Superior de Justicia.
Pocos ignoran ahora que hay - o hubo - presiones para que se concedieran a los magistrados pensiones de ciento veinte mil pesos mensuales. Nunca ninguno de los poderes del Estado estuvo tan lejos de la realidad que viven quienes pagan sus salarios y van a pagar sus pensiones.
La vergüenza para los magistrados que promueven dar a cada quien según su derecho es que en México hay dos millones cuarenta y ocho mil trescientos sesenta y un jubilados que cobran un promedio de dos mil pesos al mes, según Miguel Ángel Matiano Martínez, presidente del Movimiento Constitucional de Pensionados Pobres de México.
Es la misma vergüenza que debe sentir el secretario de Finanzas, Tomás Ruiz, después de lanzar bravatas contra quienes no paguen lo que deben al estado en tenencias y otros impuestos son una tontería mientras haya quienes no han cobrado y quienes no reciben lo que merecen.
Ninguna autoridad puede cobrar lo que marca la ley mientras no pague lo que tiene que pagar según la misma ley, a menos que las reglas hayan cambiado.
No son pocos los medianos y pequeños empresarios que siguen esperando que alguien les pague lo que hicieron (y no se atreven a mencionar el diezmo que tuvieron que pagar por adelantado...).
Varios empleados del mismísimo PRI llevan más de un sexenio trabajando en condiciones indignas sin que nadie les haga caso y les ayude.
Varios ayuntamientos no saben qué hacer ni cómo van a pagar lo que deben. Actopan tiene deudas impagables con ex empleados, y Acajete piensa cancelar obras y recortar trabajos para pagar deudas más o menos recientes. Pero Actopan y Acajete son sólo dos ejemplos.
La lista es larga y variada, y va más allá de las oficinas de Xalapa en que se toman decisiones. La conclusión es la misma.
No en vano lo que más le interesa a quienes han tratado de ejercer su derecho a la información es saber cuánto ganan, cuánto tienen los funcionarios que ayer vivían en casas de interés social y hoy tienen mansiones y cosas tan injustificables como inexplicables.
Lo primero que uno piensa es que algunos se están sirviendo con cucharas más grandes. Y que el cinismo se contagia.
Basta recordar que Salvador Sánchez Estrada, uno de los secretarios de Finanzas del gobierno fidelista, declaró en julio de 2009 que bajar más el sueldo a los secretarios de despacho y altos funcionarios del gobierno no serviría de nada para aliviar la crisis. El rector de la Universidad Veracruzana Raúl Arias Lovillo dijo lo mismo el mismo día.
Pero la deuda no es sólo económica. Hay un compromiso incumplido, una brecha que se agranda, un malestar que crece ante esas cucharas más grandes. Baste el ejemplo del Tribunal Superior de Justicia.
Pocos ignoran ahora que hay - o hubo - presiones para que se concedieran a los magistrados pensiones de ciento veinte mil pesos mensuales. Nunca ninguno de los poderes del Estado estuvo tan lejos de la realidad que viven quienes pagan sus salarios y van a pagar sus pensiones.
La vergüenza para los magistrados que promueven dar a cada quien según su derecho es que en México hay dos millones cuarenta y ocho mil trescientos sesenta y un jubilados que cobran un promedio de dos mil pesos al mes, según Miguel Ángel Matiano Martínez, presidente del Movimiento Constitucional de Pensionados Pobres de México.
Es la misma vergüenza que debe sentir el secretario de Finanzas, Tomás Ruiz, después de lanzar bravatas contra quienes no paguen lo que deben al estado en tenencias y otros impuestos son una tontería mientras haya quienes no han cobrado y quienes no reciben lo que merecen.
Ninguna autoridad puede cobrar lo que marca la ley mientras no pague lo que tiene que pagar según la misma ley, a menos que las reglas hayan cambiado.