Veracruz no es más la economía próspera de otras épocas. Hoy tenemos un Estado en caos, resultado del terrible manejo de las finanzas públicas que convirtió a la deuda en la principal herramienta para obtener recursos que se destinaron a cubrir gasto corriente, en lugar de ser utilizada para crear obra pública que fomentara el crecimiento económico y permitiera alcanzar más altos niveles de desarrollo económico y social.  
 
Hoy Veracruz es un estado con un gobierno incapaz de recaudar adecuadamente, porque ha permitido evidentes acciones de evasión fiscal. Un estado donde predominan las peores prácticas en el manejo de los recursos y por tanto la ineficiencia en el cumplimiento de objetivos y metas de los programas. Donde prevalecen dependencias con recursos presupuestados que no son aplicados a los programas que corresponden, recursos que no se entregan o que se entregan a medias a quienes deben recibirlos. En síntesis un estado capturado por la corrupción y el despilfarro.  
 
Existe también una lamentablemente complicidad entre el Poder Ejecutivo y el Congreso del estado, el cual, con escasas explicaciones y pobres argumentos, ha aprobado todas las solicitudes para contratar una deuda pública exorbitante, ha permanecido impávido frente a los ataques presupuestales a la Universidad Veracruzana, no ha realizado un trabajo eficiente y honesto de fiscalización de las cuentas públicas. Y por supuesto, no ha cuestionado seriamente a los secretarios de despacho en el periodo de comparecencias, evitando evidenciar el mediocre desempeño que éstos funcionarios han tenido.  
 

Los actos de ilegalidad de parte del gobierno del estado son hechos sin precedente en Veracruz, como el enorme adeudo del gobierno estatal a la Universidad Veracruzana, la cual desde mediados de 2015 hizo pública la información sobre los recursos no entregados, haciendo con esto que las autoridades buscarán por todos los medios deslindarse de dicho adeudo, en ocasiones argumentando las trasferencias a la UV son un subsidio que se podría entregar o no dependiendo de las posibilidades financieras del gobierno, y en otras, acusando a la propia universidad de ser ella la deudora por pagos no realizados al Instituto de Pensiones (IPE) o por incumplir con obligaciones fiscales estatales.
 
La deuda del gobierno a la UV ha llevado a diversas movilizaciones por parte de la comunidad universitaria y ha desatado una profunda crítica en todos los medios, locales y nacionales. Se han interpuesto demandas legales, se han hecho marchas, foros, mesas de debate con los candidatos a gobernador y diputados y sobre todo se ha realizado una propuesta que busca que se otorgue el 5% del presupuesto total del gobierno a la UV. Un recurso que permita reducir la brecha tan grande que existe actualmente entre los jóvenes que demandan entrar a dicha universidad y los que realmente entran. Un 5% que permita tener más y mejores docentes, con la preparación adecuada, que permita apoyar a la investigación, equipar los laboratorios, dar mantenimiento a las instalaciones y al equipo de las diferentes entidades académicas.  
 
Lamentablemente, todos estos actos no han servido, el gobierno sigue sin pagar, el gobierno sigue afectando a la sociedad, el gobierno sigue cometiendo injusticias y sigue dañando instituciones como es el caso del Instituto de Pensiones del Estado, que no ha podido pagar en tiempo y forma las pensiones que por ley le corresponden a sus afiliados. Así también, ha sido víctima del desaseado manejo de su reserva técnica, la cual se ha visto mermada por inversiones mal realizadas, por la práctica de prestar sus inmuebles sin cobrar renta a quien los usufructúa, lo que ha puesto en riesgo la existencia del Instituto, lesionando el bienestar de miles de trabajadores, los cuales ya pagaron sus cuotas correspondientes y ahora tienen derecho a su pensión.  
 

Por todo esto, Veracruz es hoy un estado en crisis, con un crecimiento económico casi nulo que lo mantiene en los últimos lugares a nivel nacional, con escasa productividad de las empresas y de la economía en general, con una aguda debacle que vive la industria desde los últimos años, sobre todo en la construcción y las manufacturas. Pero también con un enorme daño al empleo, que se reduce trimestre a trimestre y año con año, mientras el empleo informal se incrementa y el bienestar se deteriora, aumentando el número de pobres en la entidad.  
 
Por ello, hoy, en Veracruz la población sin acceso a la seguridad social rebasa los cinco millones de personas, y otras cinco millones sobreviven con un ingreso inferior a la línea de bienestar, mientras más de dos millones vive en el rezago educativo. Es decir, en Veracruz una proporción muy grande de la población no tiene acceso a la alimentación ni a los servicios básicos en sus viviendas (agua, electricidad y drenaje) y su salario no le alcanza para comer. Esto es hoy Veracruz, una fábrica de pobres, producto de un Estado fallido, de un gobierno incapaz, mediocre y corrupto.  
 
Es por esto que hoy la sociedad Veracruzana es una sociedad sin confianza en las autoridades, confundida por la falta de transparencia de los recursos y que solo puede observar cómo se compromete el futuro de ellos y de sus hijos. Una sociedad que no avizora ninguna prosperidad, ningún progreso, que no tiene esperanzas.  
 

Es por todo esto que el gobierno de Veracruz requiere de una profunda trasformación que elimine de una vez por todas a esa burocracia ignorante y mediocre, con una enorme incapacidad para el manejo de los asuntos públicos, presa de corrupción e impunidad. Que se implemente una reforma fiscal y presupuestal que acabe con la ineficiencia en la recaudación de impuestos y el excesivo gasto público y reestructuración de la deuda públicas. Es necesario que se entreguen los recursos que se presupuestan en las fechas en que deben entregarse y en los montos fijados, para que no existan pretextos para incumplir los objetivos y metas que tiene cada programa y cada dependencia.  
 
Es urgente además la elaboración de una estrategia de crecimiento económico acelerado y de rediseño de las instituciones políticas y económicas del estado que permita incorporar a más personas en los procesos productivos, ya sea como propietarios de empresas, productores de bienes, trabajadores asalariados o trabajadores por su cuenta, y al mismo tiempo modificar los mecanismos de distribución de la riqueza que se genera en el estado.  
 
Esta estrategia debe incorporar la necesaria depuración de los programas para el desarrollo social, mejorar la transparencia en el ejercicio de los recursos que destinan a tal fin y eliminar a las burocracias corruptas que los manejan y manipulan, así como anular por completo la posibilidad de estos programas sigan siendo usados como instrumentos para negociar votos y ganar elecciones ilegítimamente.
 

Es necesario a su vez implementar una política que incentive el incremento del empleo de calidad, es decir, puestos de trabajo bien remunerados y con las prestaciones laborales señaladas en la ley, de manera que el incremento de la ocupación realmente se constituya en el medio a través del cual mejora el bienestar de los veracruzanos.
 
Pero también se necesita crear una estrategia de fortalecimiento de la productividad laboral, la cual requiere una profunda capacitación para el trabajo, pero también una transformación tecnológica de los procesos productivos mediante la incorporación de más maquinaria, equipo y herramientas, que permitan también mejorar el modo en que los trabajadores hacen su labor productiva. Para ello, la capitalización financiera de las empresas y unidades productivas es vital y debe ir acompañada de una estrategia de comercialización para ampliar los mercados de los productos veracruzanos. Es urgente además, reconocer que sin una Universidad Veracruzana fuerte, creativa, crítica, y en expansión no habrá futuro para Veracruz. Es momento, de reconstruir las bases para desarrollo económico estatal y darle un nuevo rostro a [email protected]