En enero de 2011, un mes después de que Javier Duarte asumiera la gubernatura de Veracruz, en Xalapa y otras ciudades del estado se registró una gran escalada de violencia.
 
Una situación similar se había presentado también al inicio de la administración de su antecesor Fidel Herrera Beltrán, en la que inclusive cabezas humanas fueron arrojadas a las puertas del Palacio de Gobierno y del domicilio particular del entonces procurador Emeterio López Márquez.
 
En el arranque del sexenio que está por concluir, las autoridades estatales argumentaron que la violencia era producto del enfrentamiento entre los grupos del crimen organizado que se disputaban la entidad. Misma explicación que en su momento dieron también los encargados de la seguridad pública en el régimen del gobernador Miguel Alemán Velasco (1998-2004), en el que la violencia se desbordó en la víspera de la sucesión gubernamental, casualmente después de la aprehensión del capo Albino Quintero Meraz, detenido por el Ejército en mayo de 2002 en el puerto de Veracruz. Con la caída de “Don Beto”, quien era muy cercano al narcotraficante sinaloense Joaquín “El Chapo” Guzmán, en el estado se arraigó el Cártel del Golfo comandado por Osiel Cárdenas Guillén, cuyo liderazgo surgió tras la captura de Juan García Ábrego en enero de 1996 y se consolidó a la muerte de “Chava” Gómez en 1998.
 

Pero Cárdenas Guillén, quien había reclutado como sicarios a Heriberto Lazcano, Miguel Ángel Treviño y a otros desertores del Ejército que se autodenominaron “Los Zetas”, provocó la separación de éstos al proponerles unirse a una especie de confederación de cárteles convocada por “El Chapo” Guzmán a sugerencia de presuntos personeros del gobierno federal –versiones periodísticas señalaron como interlocutor al general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien entre 1980 y 1983 fue director de Seguridad Pública en Veracruz– que supuestamente sugerían el reparto pactado de los territorios para terminar con la violenta disputa de las plazas que sobre todo desde el sexenio del presidente Felipe Calderón incrementaron en decenas de miles el número de muertos y desaparecidos.
 
Precisamente la pugna entre estos grupos potencializó la espiral de violencia en Veracruz, estado que en la administración del gobernador Herrera Beltrán quedó bajo el pleno dominio de Los Zetas.
 
Por eso no fue casual que al inicio del sexenio siguiente, el del gobernador Duarte de Ochoa, irrumpiera en la entidad otro grupo presuntamente paramilitar denominado Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que se hicieron llamar los “Mata Zetas”.
 

El golpe mediático más impactante lo dieron en septiembre de 2011, cuando a media tarde fueron a arrojar 35 cadáveres de presuntos “halcones” y narcomenudistas al servicio de Los Zetas sobre el boulevard “Adolfo Ruiz Cortines”, en la principal zona hotelera y comercial de la conurbación Veracruz-Boca del Río, la que inexplicablemente burlaron pese a que permanecía acordonada por el Ejército y la Marina ya que ahí se localizaba la sede donde al día siguiente se realizaría la reunión nacional de procuradores.
 
Ahora, a escasos cinco meses de que concluya la presente administración, en Veracruz ha comenzado a repetirse esta serie de ejecuciones. A finales de la semana anterior, por ejemplo, un delegado municipal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fue ejecutado por un enfrentamiento abierto con el CJNG y Los Zetas.
 
La víctima fue identificada como José Armando Juárez Ramírez, comandante de la Policía Estatal en el municipio de La Antigua, cuya cabecera es la ciudad de Cardel, un entronque clave que comunica a las zonas norte y sur de Veracruz. Antes de ejecutarlo, los victimarios le grabaron en video una confesión en la que señala al titular de la SSP, Arturo Bermúdez Zurita, por un supuesto pacto con Los Zetas y apoderarse de un botín de esa organización.
 

El cuerpo de Juárez Ramírez fue encontrado el viernes por la noche en un camino de terracería que comunica a la localidad Paso Lagartos, sobre el tramo de la carretera estatal Huatusco-Soledad de Doblado, muy cerca de la zona donde 20 días antes fueron hallados también otros ocho cadáveres, seis hombres y dos mujeres. El cadáver del mando policiaco, que estaba atado de pies y manos, presentaba huellas de tortura y un tiro en la cabeza. A un lado estaba una cartulina con un texto firmado por un tal “Comandante Otilio” del grupo “Jarochos Unidos”, el cual advertía que “Esto les va a pasar a todos los que apoyan a los perros de los Zetas y CJNG”.
 
Por separado en un blog, este nuevo grupo delincuencial difundió el video filmado antes de asesinar a Juárez Ramírez y una carta más. Se menciona que el mando asesinado se desempeñaba como “enlace” en Cardel-La Antigua con Los Zetas de Córdoba, a cuyo cabecilla sólo se le identificó como “La Güera”.
 
Pero no es el único grupo que se atribuye esta nueva “limpia”. En los municipios de Actopan, Puente Nacional y Paso de Ovejas, también en el centro del estado, ha surgido otra organización denominada “La Operativa” que en los últimos días ha venido ejecutando a presuntos delincuentes, dejando por escrito la advertencia de que “Esto les pasará a la ratas, chapulines, extorsionadores y secuestradores”, sin verificar que en algunos casos se ha tratado de gente inocente.