18 de agosto de 2016
alcalorpolitico.com
A ver quién le dice a monseñor Hipólito Reyes Larios. A ver quién le explica que lo que hace es ilegal. A ver quién le da a leer la Constitución y se acomide a enseñarle que las leyes de este mundo son para todos, a ver quién lo obliga a que las cumpla, a ver quién le pone el cascabel a este gato.
El obispo de Xalapa lleva varios sermones criticando que el gobierno mexicano haya decidido reconocer — entre otros derechos — el matrimonio de personas del mismo sexo.
Apenas el domingo declaró "ante la mirada sorprendida de adolescentes y jóvenes congregados en el Seminario Mayor de Xalapa", como narra la crónica de Rafael Meléndez Terán en alcalorpolítico.com, que "Peña Nieto sí quiere que dos personas del mismo sexo se unan en matrimonio. Él está promoviendo esa reforma. ¿Qué les parece?"
Pero no es la primera vez que monseñor se mete en las cosas del reino de este mundo, y tal vez no será la última, hasta que alguien le haga el favor de informarle cómo es la vaina.
A ver quién le dice a monseñor la letra de la ley. El inciso e del artículo ciento tres es preciso: "Se reafirma la prohibición a los mismos de asociarse con fines políticos ni hacer proselitismo político de ninguna naturaleza así como tampoco podrán en reunión pública, en actos de culto, de propaganda o en publicaciones religiosas, oponerse a las leyes del país o de sus instituciones".
A ver quién le lee al prelado el artículo cuatro de la Ley de Cultos, que especifica que los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de las autoridades administrativas. Sobre todo si esas personas no tienen que ver — o no quieren tener nada que ver — con la religión del señor Larios.
A ver cuál de los funcionarios y los políticos que cenan con el obispo y se cana fotos con él le informan que el artículo ocho de la Ley de Cultos en este país laico les impone el respeto a las leyes nacionales, y que el artículo nueve les recuerda su obligación de respetarlas instituciones.
Y a ver quién de sus poderosos e influyentes amigos le hace notar que el buen obispo por su casa empieza, y que la ley le requiere informar de inmediato "la probable comisión de delitos cometidos en ejercicio de su culto o en sus instalaciones", sobre todo cuando se trate de delitos contra menores, en vez de proteger a los religiosos señalados como responsables.
Tal vez sus amigos funcionarios de hoy o de ayer o de mañana tengan a bien decirle a monseñor que los ministros de culto no pueden — lo dice el párrafo segundo del artículo catorce de la Ley de Cultos — realizar proselitismo ni a favor ni encontra de candidatos, partidos o asociaciones políticas.
Pero lo mejor sería que alguien le dijera a los funcionarios federales (en este caso de la secretaría de Gobernación) que a ellos les corresponde la aplicación de la ley, aunque las propias autoridades (en este caso estatales) violenten la regla que les prohíbe asistir a actos religiosos de culto público.
Porque es claro que monseñor Larios y compañía ignoran (o prefieren ignorar) que la fracción quinta del artículo veintinueve de la Ley de Cultos prohíbe de manera absoluta "ejercer violencia física o presión moral, mediante agresiones o amenazas, para el logro o realización de sus objetivos"; o que la fracción novena de la misma ley advierte que es ilegal convertir un acto religioso en reunión de carácter político, como ha sucedido.
Pero el obispo Larios tiene suerte. Hasta el momento, y pese a que ha ciolentado la letra y el espíritu de la ley de manera contumaz, ninguna autoridad le ha enviado un apericibimiento, ninguna autoridad le ha impuesto multas de hasta veinte mil días de salario mínimo, ninguna autoridad ha clausurado el templo donde desafía semanalmente las leyes mexicanas, y ninguna autoridad ha suspendido los derechos de la asociación religiosa que representa, aunque esas autoridades estén obligadas a aplicar la ley sin distingos.
Sería bueno saber por qué.
El obispo de Xalapa lleva varios sermones criticando que el gobierno mexicano haya decidido reconocer — entre otros derechos — el matrimonio de personas del mismo sexo.
Apenas el domingo declaró "ante la mirada sorprendida de adolescentes y jóvenes congregados en el Seminario Mayor de Xalapa", como narra la crónica de Rafael Meléndez Terán en alcalorpolítico.com, que "Peña Nieto sí quiere que dos personas del mismo sexo se unan en matrimonio. Él está promoviendo esa reforma. ¿Qué les parece?"
Pero no es la primera vez que monseñor se mete en las cosas del reino de este mundo, y tal vez no será la última, hasta que alguien le haga el favor de informarle cómo es la vaina.
A ver quién le dice a monseñor la letra de la ley. El inciso e del artículo ciento tres es preciso: "Se reafirma la prohibición a los mismos de asociarse con fines políticos ni hacer proselitismo político de ninguna naturaleza así como tampoco podrán en reunión pública, en actos de culto, de propaganda o en publicaciones religiosas, oponerse a las leyes del país o de sus instituciones".
A ver quién le lee al prelado el artículo cuatro de la Ley de Cultos, que especifica que los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de las autoridades administrativas. Sobre todo si esas personas no tienen que ver — o no quieren tener nada que ver — con la religión del señor Larios.
A ver cuál de los funcionarios y los políticos que cenan con el obispo y se cana fotos con él le informan que el artículo ocho de la Ley de Cultos en este país laico les impone el respeto a las leyes nacionales, y que el artículo nueve les recuerda su obligación de respetarlas instituciones.
Y a ver quién de sus poderosos e influyentes amigos le hace notar que el buen obispo por su casa empieza, y que la ley le requiere informar de inmediato "la probable comisión de delitos cometidos en ejercicio de su culto o en sus instalaciones", sobre todo cuando se trate de delitos contra menores, en vez de proteger a los religiosos señalados como responsables.
Tal vez sus amigos funcionarios de hoy o de ayer o de mañana tengan a bien decirle a monseñor que los ministros de culto no pueden — lo dice el párrafo segundo del artículo catorce de la Ley de Cultos — realizar proselitismo ni a favor ni encontra de candidatos, partidos o asociaciones políticas.
Pero lo mejor sería que alguien le dijera a los funcionarios federales (en este caso de la secretaría de Gobernación) que a ellos les corresponde la aplicación de la ley, aunque las propias autoridades (en este caso estatales) violenten la regla que les prohíbe asistir a actos religiosos de culto público.
Porque es claro que monseñor Larios y compañía ignoran (o prefieren ignorar) que la fracción quinta del artículo veintinueve de la Ley de Cultos prohíbe de manera absoluta "ejercer violencia física o presión moral, mediante agresiones o amenazas, para el logro o realización de sus objetivos"; o que la fracción novena de la misma ley advierte que es ilegal convertir un acto religioso en reunión de carácter político, como ha sucedido.
Pero el obispo Larios tiene suerte. Hasta el momento, y pese a que ha ciolentado la letra y el espíritu de la ley de manera contumaz, ninguna autoridad le ha enviado un apericibimiento, ninguna autoridad le ha impuesto multas de hasta veinte mil días de salario mínimo, ninguna autoridad ha clausurado el templo donde desafía semanalmente las leyes mexicanas, y ninguna autoridad ha suspendido los derechos de la asociación religiosa que representa, aunque esas autoridades estén obligadas a aplicar la ley sin distingos.
Sería bueno saber por qué.