19 de agosto de 2016
alcalorpolitico.com
El gobierno federal ha iniciado ya otro de sus programas anunciados con tambores y fanfarrias y aplaudido por los empresarios beneficiados y los medios de comunicación, especialmente los televisivos y radiofónicos. Se trata del programa para dotar de infraestructura digna y decorosa a las escuelas, desde baños hasta computadoras, con una «inversión» de seiscientos mil millones de pesos en tres años. El programa va rodeado y acorazado con una serie de acciones muy curiosas: se crea el Instituto Nacional de Infraestructura Física y Educativa (otra entelequia burocrática) y se emiten unos Certificados de Infraestructura Educativa Nacional (ya van colocados en la Bolsa cerca de trece mil millones de pesos y restan otros treinta y siete mil millones), garantizados sus rendimientos (hasta del 8 % de intereses) por las aportaciones «voluntarias» de los gobiernos estatales, a quienes obviamente les pegarán duro pues se comprometen los recursos que la Federación aporta a los estados (ramo 33), especialmente para los programas de educación, salud e infraestructura.
Para que una escuela entre al programa debe cumplir una serie de requisitos; por ejemplo, tener más de treinta alumnos por grupo (con lo que quedan fuera miles y miles de escuelas, curiosamente, las más marginadas, pobres y necesitadas); debe solicitarlo al Instituto Nacional de Infraestructura. Asimismo, debe tener su escritura de propiedad, lo cual excluye a una gran cantidad de instituciones que se crearon a partir de préstamos, donaciones o en terrenos comunales o ejidales o en fundos municipales, y que ahora tienen que regularizarse, convirtiéndolas en un bien particular y enfrentando a la terribilísima burocracia de ese ramo. Y si, después de ese viacrucis, la escuela es aceptada en el programa, es el Instituto quien asigna a las empresas que dotarán del servicio, y los directivos, maestros y padres de familia no tienen ni voz ni voto ni veto: simplemente deben aceptar lo que hagan, al costo que sea y sin ninguna posibilidad de reclamo, pues a las autoridades educativas no se les asigna ninguna responsabilidad ni obligación al respecto. La función de la escuela, como comunidad escolar «autónoma», se reducirá a aplaudir y firmar un convenio para el mantenimiento de lo instalado: baños, salones, mobiliario, computadoras, etc., etc., cuyo costo deberán cubrir los padres de familia. Porque, si no cumple, la obligarán asignando a otra empresa el mantenimiento, con cargo a los mismos padres de familia y, en su caso, con sanciones a la propia escuela. ¡Genial, sin duda!
Por supuesto, como lo anota Jorge Salazar García en un bien documentado artículo: «El Estado descobija a las escuelas públicas; pero en una jugada perversamente mañosa, cumple con la recomendación de la Unesco y de la OCDE “aumentando” el presupuesto educativo casi al doble: si repartimos los 600 mmdp en tres años y los sumamos a los 300 mmdp (presupuesto anual de la SEP) nos daría 500 mmdp, cantidad cercana al 7 % del PIB. En el papel, se incrementa el gasto por alumno, pero no en los hechos»
(http://www.alcalorpolitico.com/informacion/fraccion-iv-del-articulo-3-constitucional-derogado--209736.html).
Desde luego, todo este mañoso programa está amparado en una serie de leyes que, modificando sustancialmente el artículo 3.º constitucional, forman parte de la Reforma Educativa que, según dicen, solo está pensada para mejorar la calidad de la educación.
Pero todo hace sospechar que esas modificaciones legales (que el gobierno y los empresarios dicen que no se pueden negociar, obviamente) permiten al Estado desatenderse del gasto en infraestructura escolar, deja a los empresarios manos libres para comprar y vender dentro de las escuelas, esto es, intervenir en el financiamiento educativo; obliga a los padres de familia a encargarse de mantener bien acondicionada cada escuela volviendo legales y obligatorias las cuotas y la educación pública deja de ser gratuita. Asunto concluido. Los padres de familia pueden seguir quejándose de altos cobros en las inscripciones: nadie les hará caso.
En mis años de coordinador de bachilleratos, sucedió que entró un nuevo director general. Un jefe de oficina me llamó y me dijo: todos los directores de las escuelas oficiales deben pintar inmediatamente los edificios con dinero de los patronatos, y la pintura deben comprarla en la tienda «X». Ante mi asombro y malestar, bajando el volumen de la voz, me confesó: el dueño es amigo de nuestro director general, y hay que hacerlo…
Así se iban adelantando a esta Reforma Educativa.
[email protected]
Para que una escuela entre al programa debe cumplir una serie de requisitos; por ejemplo, tener más de treinta alumnos por grupo (con lo que quedan fuera miles y miles de escuelas, curiosamente, las más marginadas, pobres y necesitadas); debe solicitarlo al Instituto Nacional de Infraestructura. Asimismo, debe tener su escritura de propiedad, lo cual excluye a una gran cantidad de instituciones que se crearon a partir de préstamos, donaciones o en terrenos comunales o ejidales o en fundos municipales, y que ahora tienen que regularizarse, convirtiéndolas en un bien particular y enfrentando a la terribilísima burocracia de ese ramo. Y si, después de ese viacrucis, la escuela es aceptada en el programa, es el Instituto quien asigna a las empresas que dotarán del servicio, y los directivos, maestros y padres de familia no tienen ni voz ni voto ni veto: simplemente deben aceptar lo que hagan, al costo que sea y sin ninguna posibilidad de reclamo, pues a las autoridades educativas no se les asigna ninguna responsabilidad ni obligación al respecto. La función de la escuela, como comunidad escolar «autónoma», se reducirá a aplaudir y firmar un convenio para el mantenimiento de lo instalado: baños, salones, mobiliario, computadoras, etc., etc., cuyo costo deberán cubrir los padres de familia. Porque, si no cumple, la obligarán asignando a otra empresa el mantenimiento, con cargo a los mismos padres de familia y, en su caso, con sanciones a la propia escuela. ¡Genial, sin duda!
Por supuesto, como lo anota Jorge Salazar García en un bien documentado artículo: «El Estado descobija a las escuelas públicas; pero en una jugada perversamente mañosa, cumple con la recomendación de la Unesco y de la OCDE “aumentando” el presupuesto educativo casi al doble: si repartimos los 600 mmdp en tres años y los sumamos a los 300 mmdp (presupuesto anual de la SEP) nos daría 500 mmdp, cantidad cercana al 7 % del PIB. En el papel, se incrementa el gasto por alumno, pero no en los hechos»
(http://www.alcalorpolitico.com/informacion/fraccion-iv-del-articulo-3-constitucional-derogado--209736.html).
Desde luego, todo este mañoso programa está amparado en una serie de leyes que, modificando sustancialmente el artículo 3.º constitucional, forman parte de la Reforma Educativa que, según dicen, solo está pensada para mejorar la calidad de la educación.
Pero todo hace sospechar que esas modificaciones legales (que el gobierno y los empresarios dicen que no se pueden negociar, obviamente) permiten al Estado desatenderse del gasto en infraestructura escolar, deja a los empresarios manos libres para comprar y vender dentro de las escuelas, esto es, intervenir en el financiamiento educativo; obliga a los padres de familia a encargarse de mantener bien acondicionada cada escuela volviendo legales y obligatorias las cuotas y la educación pública deja de ser gratuita. Asunto concluido. Los padres de familia pueden seguir quejándose de altos cobros en las inscripciones: nadie les hará caso.
En mis años de coordinador de bachilleratos, sucedió que entró un nuevo director general. Un jefe de oficina me llamó y me dijo: todos los directores de las escuelas oficiales deben pintar inmediatamente los edificios con dinero de los patronatos, y la pintura deben comprarla en la tienda «X». Ante mi asombro y malestar, bajando el volumen de la voz, me confesó: el dueño es amigo de nuestro director general, y hay que hacerlo…
Así se iban adelantando a esta Reforma Educativa.
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