No fue Miguel Ángel Yunes Linares ni Sara Ladrón de Guevara quienes lo declararon-denunciaron-acusaron ayer; no. Fue ni más ni menos que uno de los colaboradores directos del gobernador Javier Duarte de Ochoa, el Secretario de Turismo y Cultura, Harry Grappa Guzmán, quien confirmó que el propio Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) tiene retenidos más de 140 millones de pesos que debieron haberse empezado a entregar a la dependencia a partir de 2014.
 
El funcionario dio detalles: casi 90 millones son del Fideicomiso del Impuesto del 2 por Ciento al Hospedaje (ya desaparecido) que se cobraron durante los ejercicios de los años 2014 y 2015 pero que no se han entregado hasta la fecha, y 57 millones corresponden a recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos 2016 para la Secretaría a su cargo. Dijo que esa ha sido la causa por la cual no han pagado a provedores de promoción turística, a artistas, así como a extrabajadores a los que se despidió por cierre de oficinas.
 
No es menor el señalamiento proveniendo de un funcionario de la propia administración pues no hace más que confirmar el desastre administrativo-financiero del gobierno que está por irse, que no sólo debe a los de fuera sino incluso a los de dentro mismo. Bien dice el dicho que cuando la perra es brava hasta a los de casa muerde. Si el dinero del impuesto al hospedaje se cobró y si la otra parte ya estaba presupuestada y etiquetada, ¿en dónde está?, ¿para qué se desvió?, o ¿a los bolsillos de quién fue a parar?
 

Lo que extraña, aunque a decir verdad ya no tanto, es que los entes fiscalizadores guarden silencio y no hayan iniciado una investigación seria y a fondo para esclarecer el destino del dinero. ¿O acaso ya lo hicieron y presentaron la denuncia correspondiente contra “quien resulte responsable” de haber desviado o dispuesto indebidamente de la millonaria cantidad?
 
Dentro de diez semanas, cuando el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares se niegue a recibir de conformidad la Secretaría –esa y creo que casi todas– hasta que no se la entreguen limpia y libre de adeudos, no me cabe duda que llegará a tanto el cinismo que lo querrán acusar de que todo obedece a que les tiene odio a los que se van, cuando está más que claro, dicho por un funcionario saliente, que se está ante un acto de corrupción más.
 
Magistrada acusa pero no prueba
 

Porque se trata de una impartidora de justicia, integrante del máximo tribunal en la materia en el estado, no deja de preocupar que la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros no haya observado el principio jurídico de la “carga de prueba” (el onus probandi), que dice que quien acusa está obligado a probar, ante un serio señalamiento que hizo.  
 
El lunes, al “destaparse” como aspirante a suceder en el cargo al actual presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Alberto Sosa Hernández, acusó a éste de que durante su gestión hubo corrupción, malversación de fondos y nepotismo y que se desviaron recursos para hacer préstamos millonarios (2 mil 500 millones de pesos) al gobernador Javier Duarte de Ochoa.
 
En realidad, valiente el señalamiento porque ambos están en funciones y se supone que son compañeros de judicatura y seguramente se han de ver las caras, esto es, la acusación la hizo sin temor a encontrarse y ver de frente al mismísimo titular del Poder Judicial del estado al que acusa.
 

Pero hubiera estado mejor si la magistrada hubiera presentado pruebas de su dicho, a lo que estaba obligada como especialista en Derecho y como integrante del órgano impartidor de justicia en el estado, pues su omisión niega la esencia de su quehacer con profesionalismo y ética. No me imagino a un magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haciendo una acusación en forma pública en contra del magistrado presidente de la misma sin sustentarla con pruebas.
 
El caso me parece interesante e importante porque precisamente el de la corrupción es un tema que está en el centro de la atención pública de Veracruz ante serios señalamientos contra altos funcionarios del Poder Ejecutivo a los que el pueblo pide que se les lleve a juicio y que paguen si se les comprueba que son culpables, aunque para que ello ocurra se necesitan pruebas.
 
Es generalizada la voz que pide combatir la corrupción, y si el actual presidente del TSJ ha caído en esa deleznable práctica debe responder y pagar. Pero si la magistrada, toda una experta en la técnica jurídica, que sabe cómo hacerlo, no pasa de las palabras a los hechos, esto es, si no presenta una denuncia formal en su contra con todas las pruebas que tenga de su dicho, creo que también está cayendo en una conducta indebida.
 

Si lo hace sería un caso sin precedentes y único. Si ya acusó ahora debe presentar las pruebas y decirnos, por ejemplo, cómo se operó el préstamo de dinero a Duarte. Si quisiera un espacio mediático para ventilar el asunto, pongo el de esta columna a su disposición en aras de la transparencia que todos queremos.
 
Con la frente en alto  
 
Ya lo he dicho aquí con anterioridad. Tengo la mejor impresión de la Secretaria de Educación, Xóchitl Adela Osorio Martínez. Es una profesora de carrera, con todos los méritos para estar al frente de la dependencia, no el clásico político “grillo” que llega a la dependencia por dedazo en pago a favores y sin los méritos académicos ni la experiencia necesaria para ocupar el cargo.
 

Cuando se le designó se le hizo justicia y se honró a los verdaderos maestros, y entre tanto mar de lodo y corrupción que hay en la SEV, ha cruzado como el ave del poema A Gloria de Díaz Mirón y por eso en forma decidida se prepara ya para la entrega-recepción a la nueva administración, debido a lo cual dispuso que no habrá servicio al público jueves y viernes próximos en las oficinas centrales para poner todo en orden.
 
No cabe duda que el que nada debe nada teme. La dependencia apunta a ser motivo de escándalo por el paso de otros funcionarios, pero Xóchitl Adela Osorio Martínez se irá con la frente en alto.
 
Necesario, un ejercicio de autocrítica
 

Tan lamentable la muerte violenta de los sacerdotes José Alfredo Suárez de la Cruz y Alejo Nabor Jiménez Juárez como penosos los presuntos antecedentes que habrían desembocado en el asesinato, revelados ayer por el Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras.
 
Lo sucedido no deja de inscribirse dentro de los altos índices de criminalidad que caracterizan al estado y la petición para que se esclarezca plenamente el caso y todos los que están pendientes sigue siendo una exigencia.
 
Bautizado en la fe católica, alejado gran parte de mi vida de la religión hasta que ya casi adulto mayor me reconvertí convencido y con mucha fe en Dios, no deja de preocuparme también lo que sucede con algunos hombres de la Iglesia.
 

Por eso suscribo y comparto la “Corazonada” de ayer del portal alcalorpolitico.com, una especie de editorial, que refleja lo que muchos pensamos y sentimos:
 
“… así como se habla del origen divino de esta religión y sus leyes que son normas de vida para millones de personas, también tiene episodios que han cuestionado su legitimidad y autoridad, como la etapa de los Papas en que se cometían los peores pecados y como los casos actuales de pederastia y violación de sus códigos de ética y conducta que por lo mismo, erosionan la fe en sus principios y merma la convicción de los bautizados.
 
El Clero tendrá que hacer un ejercicio de autocrítica y revisión de los métodos de formación de sus pastores para que en su vida personal se apeguen a lo que predican. De otro modo, pierden legitimidad y respeto, no sólo en lo individual sino arrastrando a toda la jerarquía”.