Lo que parecía un juego inagotable de palabras agresivas y descalificatorias entre los gobernadores de Veracruz.- El electo y el titular actual.- Parece ser que ha pasado a una instancia preocupante e incierta.
 
La filtración mediática de información que por ley debe de ser privada e irrevelable, fluye discretamente a los medios nacionales de comunicación masiva, tal parece que los que mandan allá en el altiplano, tuvieran la premeditada e ingrata intención de preparar a la opinión publica del país y más de Veracruz sobre algún platillo fuerte que se cocina a elevados grados de temperatura, pero a sus destinatarios hay que “quemarlos” para que el encono los condene y no haya quien los defienda u opine lo contrario, o al revés se preparen para degustarlo y celebrar, dependiendo en qué lado de la mesa se encuentren.
 
Por el ruido y por la estrategia se concluye que la cosa va en serio y podría tener las siguientes vertientes. 1) Someter a juicio al Gobernador en funciones Javier Duarte de Ochoa y al electo Miguel Ángel Yunes Linares.- 2.- Absolver de todo pecado o exculparlos de cualquier ilícito a los dos.- 3.- Inculpar a uno (acusarlo de la comisión de un delito) y absolver a otro.
 

Cualquiera que sea la situación que se resuelva resultaría muy delicada para el Estado porque estamos en una época de transición política y en plena crisis económica y de seguridad.
 
El hostigamiento jurídico, penal y administrativo a que es sometido el señor Gobernador por parte de las autoridades fiscales, judiciales y administrativas de la federación así como por los medios de comunicación estatales y nacionales que manipulan a la opinión pública, el acoso de sus enemigos de la oposición y de su propio partido a 68 días de concluir su mandato, revela que hay urgencia por actuar en su contra, quizás haya premura por crear un chivo expiatorio para justificar mundialmente que el Gobierno de Peña Nieto va en serio contra la corrupción y qué mejor momento que el de ahora en que se han creado las condiciones para ensañarse contra quien ha cometido una serie de errores que le han valido la crítica y la condena de la opinión pública, como el impago a la universidad o el trato a los pensionados, el crecimiento de la deuda y el enriquecimiento dudoso de algunos de sus colaboradores, a quienes se les han descubierto cuentas y bienes en el extranjero, ostentosos vehículos y mansiones de ensueño, cuando en su reciente ayer, antes de ser funcionarios viajaban de raid y vivían en modestos departamentos.
 
A nivel nacional, políticamente nadie le reprocha la mala operación política del 2012 en que el candidato del PRI Enrique Peña Nieto fuera derrotado por el PAN en Veracruz, nadie le reprende por los malos resultados de la elección estatal pasada en que fue vencido Héctor Yunes Landa, candidato a Gobernador por el PRI, pero tampoco nadie le perdona la falta de pericia y la capacidad de operación política para sacarlos adelante.
 

Pero por qué hasta ahora y de esa manera tan drástica y tan fuera de formas la Sub Procuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, rompiendo la esfera de soberanía y de autonomía del Estado, que supuestamente sostiene relaciones cordiales y de respeto con este Estado asociado a la federación, envía a sus agentes acompañados de un séquito de protección armados que forman parte del Grupo Especial de Investigaciones de la Fiscalía General de la República, para inhibir una posible reacción de las fuerzas de seguridad locales y para proteger a los ministeriales, es decir los hechos son tan graves y urgentes que pareciera que ya estamos en guerra con la federación, venían dispuestos a todo, inclusive a un enfrentamiento armado y sangriento con los veracruzanos.
 
Este exceso que ahora aplaudimos, mañana lo lamentaremos, hoy no pasó a mayores, pero si somos tolerantes con estos atropellos, el día de mañana será contra nosotros mismos, de hecho diariamente lo somos con policías federales de caminos abusivos que por todo quieren extorsionar al ciudadano común.
 
Cómo es posible que se persiga y se trate de intimidar a ciudadanos limpios y probos como al señor director del Catastro estatal don Domingo Yorio Saqui, un ciudadano intachable, simplemente porque ellos leyeron en el periódico que había ocultado o filtrado información confidencial, si el funcionario mal informó, ocultó o distorsionó la información solicitada por la autoridad que grave, pero la más alta autoridad ha declarado que don Domingo cumplió cabalmente y apegado a derecho con el requerimiento judicial.
 

Qué bueno que la justicia ande, pero no lo debe de hacer rompiendo las normas y el equilibrio, existen procedimientos y protocolos que deben de cumplirse, qué lástima que el señor José Guadalupe Medina se dio cuenta hasta ahora que nuestro Fiscal don Luis Ángel Bravo es gente que hacía como que estaba investigando las denuncias contra el Gobernador y contra Miguel Ángel Yunes (versión oficial) motivo de su intervención y que ello lo obligó a atraer por conectividad las carpetas de investigación, pero indudablemente que se pudo haber hecho sin la violencia psicológica que se utilizó.
 
Por la precipitación ministerial, nos damos cuenta que alguien allá arriba esta muy enojado y conminó a Medina de que a como diera lugar complete la investigación y determine o bien la inocencia del Gobernador Duarte y sus colaboradores o proceda de inmediato al ejercicio de la acción penal y que de antemano le de toda la difusión necesaria para que la crucifixión ordenada sirva de ejemplo a todo el país y a todos los niveles.
 
Si estuviéramos en el último escenario y dado lo delicado del encargo el señor Gobernador Javier Duarte estaría en un gravísimo problema porque por efectos de su conducta reformadora y por falta de previsión, ya que él mismo en un exceso legislativo, sin que nadie se lo pidiera, derogó un articulo que ahorita lo tendría tranquilo y sonriente sentado en su silla, pues la Constitución Local establecía.- Articulo 76. Los servidores públicos serán responsables por las faltas o delitos en que incurran durante el desempeño de sus funciones…. El Gobernador, durante el ejercicio de su cargo, sólo podrá ser acusado ante el Congreso por la comisión de delitos graves del orden común. Por los demás delitos y faltas podrá ser acusado, conforme a las leyes respectivas, al concluir su mandato.
 

Esto quiere decir el Gobernador gozaba de un fuero que lo protegía de cualquier embestida en el Congreso y por su mismo fuero, no ser investigado, ni detenido como sucedía. Y que si cometía un delito no grave podía hacer uso de su fuero, para ser acusado sólo después de terminar al derogarse el segundo párrafo del Articulo 76, el Gobernador queda inerme, indefenso, sin fuero, a merced de cualquier contingencia, ahora puede ser acusado ante cualquier autoridad, investigado por cualquier autoridad, su figura está expuesta a que cualquier Ministerio Público lo investigue y a que cualquier Juez lo someta a proceso, inclusive a que ordene su detención, lo mismo puede hacer un fiscal como medida precautoria.
 
Ahora el Congreso sólo puede conocer respecto de él y someterlo a juicio político por actos u omisiones que afecten el interés público y ahí tiene otro dolor de cabeza, pues el próximo Congreso lo controlará el Gobernador electo, por más que afirme éste, que el será respetuoso de la autonomía del poder Legislativo y esta tormenta para él, se inicia a partir del día 5 de noviembre y pueden hacerlo hasta un año después de concluido su mandato.
 
De ahí posiblemente las prisas de la federación para que en caso de victimarlo, que esto sea por parte del Presidente y no por parte de Miguel Ángel Yunes a quien le sobrará qué San Benito colgarle y abrirle un juicio político para exhibirlo y avergonzarlo ante la nación, ansiosa de circos y él ansioso de medallas.- Artículo 77. Podrán ser sujetos de juicio político, por los actos u omisiones que conforme a la ley afecten a los intereses públicos fundamentales y a su correcto despacho: los Diputados, el Gobernador, los Secretarios de Despacho, el Contralor General; el Fiscal General del Estado; los Magistrados; los Presidentes Municipales o de Concejos Municipales y los Síndicos; el Contralor General del organismo público que ejerza la autoridad electoral administrativa; los Comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y los titulares o sus equivalentes, de las entidades de la administración pública estatal y municipal.
 

La consecuencia de un Juicio Político Fax Track es la destitución y la inhabilitación. “Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación hasta por diez años para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público del Estado o de los municipios.”El próximo Congreso sabe que tiene tiempo de sobra porque de inicio sólo acuerda la procedencia y turna la acusación respectiva ante el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien erigido en Jurado de Sentencia, resuelve lo procedente. Si al actual fiscal le tembló la mano a Yunes no le temblará.
 
Y qué pasará si el Gobernador es sometido a juicio penal por la federación o bien por la Cámara de Senadores con el pretexto de que está siendo juzgado ante un juez de control ante quien el acusado podrá demostrar su inocencia y el Gobernador se amacha a defenderse y el Presidente a destituirlo, entonces se usaría el otro mecanismo parecido al Juicio Político de Veracruz igualmente nombrado, pero aquí es la Cámara de Senadores la que decide y entonces por disposición del Articulo 83, de la Constitución local, El Gobernador puede ser destituido, mediante la clásica desaparición de poderes:
 
Artículo 83. En caso de declaratoria de desaparición de Poderes por el Senado de la República, si este no designare a quien asumirá el Poder Ejecutivo con el carácter de provisional, lo hará alguno de los individuos que fungieron como servidores públicos en los Poderes inmediato anteriores a los que se declaran desaparecidos, en el orden siguiente: I. El último Presidente del Congreso; II. El Presidente de la última Diputación Permanente; III. El último Presidente del Tribunal Superior de Justicia.
 

Pero estos son extremos innecesarios, no se trata de castigar a un supuesto culpable, se trata de consolidar la política de transparencia en el manejo de los recursos públicos y blandir la espada contra la corrupción, exhibiendo a quien sea y en este caso, parece ser que la lotería negra se la sacó el Gobernador, porque bastaría con que él pidiera licencia y recomendara al Congreso actual un funcionario de su confianza para que terminara el periodo y le cuidara la espalda con absoluto rigorismo jurídico y evitar que lo exhiban, como seguramente lo tienen planeado, Peña Nieto o Yunes Linares. Si lo hiciere 30 días antes de que concluya su periodo, no necesita inclusive, ni recurrir al Congreso, al que solo deberá de notificar su ausencia. Artículo 48.- Fracc. II. Si la ausencia excediere de diez días, pero no de treinta, el Gobernador deberá dar aviso al Congreso o, en los recesos de éste, a la Diputación Permanente, en cuyo caso quedará encargado del despacho el Secretario de Gobierno….
En este caso para concluir el periodo, El Congreso Local tiene facultades explícitas.
 
Para nombrar un interino. III.-Si la ausencia es mayor de treinta días naturales, el Gobernador deberá obtener la licencia correspondiente del Congreso o, en los recesos de éste, de la Diputación Permanente, quienes designarán, según el caso, un Gobernador Interino para que funcione durante el tiempo que dure dicha ausencia.
 
En el otro caso. Del escándalo desatado el día miércoles 20, a través de los noticieros nacionales y de los tuitasos del señor Gobernador se colige que el otro Gobernador, el electo, el señor licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, también es vulnerable, aunque será intocable mientras conserve la simpatía nacional de los líderes y correligionarios del PAN, lamentablemente estos cambian de humor repentinamente y quizás estén viendo en él, un verdadero peligro por los acercamientos que ha tenido con las presidenciables Margarita Zavala y con Josefina Vázquez Mota, Ricardito Anaya su líder también presidenciable, es muy celoso desconfiado y posesivo al igual que los perredistas que ya sienten que se están comiendo el pastel.

 
Esta prisa por resolver la situación penal de los dos gobernadores, puede tener por objeto, purificar la personalidad de Miguel Ángel para darle todo el poder y la confianza para fortalecer la institucionalidad y las buenas relaciones partidistas de la cúpula al precio que sea, inclusive si existiera el mínimo indicio de responsabilidad, negociar la Gubernatura para alguno de los partidos. O bien como ya lo hemos dicho, inventarle alguna responsabilidad y paralizar el proceso penal para tenerlo yacente a la voluntad central.
 
Pero si se encontrase algún indicio o le idean algún subterfugio para procesarlo e inhabitarlo con una decisión salomónica y empatarla con la de el otro Gobernador, entonces estaríamos en el caso de la necesidad de convocar a elecciones extraordinarias, que este ha sido el fin de todas las acusaciones que sus detractores han enderezado en contra de él, primero como candidato y ahora como Gobernador electo.
 
La inhabilitación consiste en aplicarle rigurosamente el texto de la fracción VII del Articulo 43 de la Constitución Local que establece, Artículo 43. Para ser Gobernador del Estado se requiere: I.-Ser veracruzano en pleno ejercicio de sus derechos; …. VII.- Saber leer y escribir y no tener antecedentes penales por la comisión de delitos realizados con dolo, exceptuando aquellos en los que se hayan concedido los beneficios de conmutación o suspensión condicional de la sanción.

 
Y cuidado, Miguel Ángel puede ser inocente, pero cuando hay afán chingativo, se aprovecha el mínimo detalle jurídico para justificar las mayores atrocidades. Puede no ser el caso, pero ejemplos y antecedentes sobran. Y si Miguel estorba a los proyectos nacionales de alguien grande, preparémonos para las mayores turbiedades que se han vivido en Veracruz.
 
Pues el nuevo Congreso tendría la encomienda de nombrar un Gobernador interino, para que dentro del término de 12 meses realice nuevas elecciones: Artículo 46. Si al iniciar en período constitucional no se presentare el Gobernador electo o la elección no estuviere hecha o declarada válida, cesará en sus funciones el Gobernador cuyo período haya concluido, encargándose desde luego del Poder Ejecutivo, en calidad de Gobernador interino, a quien designe el Congreso, y este convocará de inmediato a elecciones extraordinarias, las cuales deberán realizarse en un plazo no mayor de doce meses a partir del inicio del período constitucional. No hay más ley, que la ley. Diría el sabio Perogrullo.
 
Lo bueno debe ocurrir y en este trance mayúsculo de persecución y asedio, a los implicados se les desea que la diosa fortuna sea benévola con ellos y que Themis, tenga los ojos bien abiertos aunque sea sólo esta vez, para que dicte lo justo, que no haya perdón ni piedad para los culpables, pero tampoco castigo indebido para los inocentes, Calcemos con alegría nuestros zapatos limpios y no envidiemos los de ellos. No queramos columpiarnos, la cuerda, esta floja.- Por el bien de la causa.

 
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