Y un día alguien sacudió fuertemente el árbol y comenzaron a caer los nombres de quienes están bajo sospecha de haber saqueado a Veracruz: familiares, amigos, colaboradores del gobernador Javier Duarte de Ochoa y uno que otro que metió la mano sin que nadie se diera cuenta o sin que nadie hiciera nada para impedirlo.
 
Se multiplicaron las voces que piden castigo y restitución. Se agudizaron los problemas del estado, reducido a un gobierno por tuiter, sin administración, inmovilizado por manifestaciones en todas partes, evidenciado por los enormes faltantes que hay en todas partes.
 
La decisión que tomaron no hace mucho los poderes políticos de suspender los derechos partidistas de Duarte no sirve de mucho a quienes exigen todo (cárcel, confiscación de bienes, desolación eterna) contra quienes manejaron como pillos o como principiantes las finanzas del estado.
 

Se entiende que el siguiente paso es expulsar del Partido Revolucionario Institucional a este gobernador que – junto con otros – causó tanto daño a la imagen priista. Lo que no se entiende es que hayan decidido sancionar a personas que al parecer ni siquiera son ni han sido ni serán militantes del tricolor. En fin.
 
Lo que a veces no se entiende es que las cosas en palacio van despacio. Muy despacio, sobre todo después de la larga serie de errores y desvaríos que ha tenido el gobierno federal. Pero si uno lee el Código de Justicia Partidaria se topa con el artículo ciento cuarenta y seis.
 
Es más, se topa uno con la pedregosa redacción de la fracción cuarta (la única que puede aplicarse en el caso de Duarte y compañía) de ese artículo que explica que encontrarse sujeto a proceso penal por delitos dolosos es una de las razones por las que se suspenden los derechos partidarios de los priistas.
 

Para el buen entendedor, eso significa que la jerarquía priista y quien la maneja consideran a Duarte como sujeto a proceso, o casi. Como sea, esta vaina se acabó. Ya era hora.
 
Respuesta rápida y desinformada
 
Lo que no se ha terminado es la historia que comenzó cuando faltaban veinte minutos para el mediodía del sábado. Todavía no se sabe cómo comenzó el fuego, pero el caso es que el buque tanque Burgos, que llevaba poco más de ciento sesenta mil barriles de gasolina y diesel, se incendió con el puerto de Veracruz a la vista.
 

Fue una cosa de no creerse. Las redes sociales se llenaron de videos que mostraban una pluma de humo que crecía en el horizonte tan rápido como crecían la alarma y la curiosidad de quienes viven en el Puerto y en Boca del Río. Y la respuesta de las autoridades fue igualmente rápida y desinformada.
 
Dalos Ulises Rodríguez Vargas, procurador del ambiente en Veracruz, se apresuró a declarar que no había riesgos de contaminación, y aseguró que los productos químicos (no los químicos, que son las personas que se dedican a la química) que se usaron para combatir el incendio serían atrapados "con un sistema que tiene el plan de emergencia de la Marina".
 
Al menos una nota periodística cita al procurador – que al parecer nunca ha intervenido en incendios en altamar – diciendo que no ve la posibilidad de que haya alguna afectación a las aguas, salvo los cientos de toneladas de tóxicos (que se van) a la atmósfera. Pero nadie sabe qué puede pasar cuando se incendia un buque cargado de combustible.
 

Cualquiera pensaría que la procuraduría para la protección del ambiente tiene responsabilidades amplias y atribuciones limitadas, y tal vez por eso siempre termina por declarar que es responsabilidad de otros cuidar el ambiente del estado.
 
La obligación de la procuraduría ambiental de Veracruz es estar preparada para lo peor, no para el mejor escenario posible. Y pensar las cosas bien antes de hacer declaraciones. Vaya, el procurador ni siquiera se acomidió a bañarse en las playas del Puerto para probar que en el mar veracruzano tampoco pasa nada...