10 de octubre de 2016
alcalorpolitico.com
El atentado del 30 de septiembre cimbró, como nunca antes, a las instituciones militares luego del artero ataque que sufrió un convoy del Ejército Mexicano en el cual perdieron la vida 5 soldados y una docena más terminaron heridos y la misión fallida, porque los sicarios rescataron a un delincuente lesionado que los militares resguardaban mientras era trasladado a la 9ª Zona Militar en la capital sinaloense.
Cómo nunca, el agravio fue recibido como una afrenta directa contra el máximo aparato de seguridad nacional y evidencia que las operaciones de la milicia en las ciudades están muy por abajo del nivel de reacción del crimen organizado.
Los vehículos del ejército y los militares fueron abatidos, casi desintegrados por disparos de lanzacohetes, granadas y fusiles Barret calibre 50, según los informes periciales, que dejaron sin oportunidad a las fuerzas castrenses de defenderse o repeler el ataque, prácticamente y dado la fortaleza de la emboscada los soldados quedaron a merced del ataque sin poder hacer nada.
El hecho conmocionó a la cúpula militar y el propio general Salvador Cienfuegos, Secretario de la Defensa, catalogó la agresión como un atentado deshumanizado "enfermos, insanos, bestias criminales", dijo, “vamos con todo” tras los culpables del ataque, con toda la fuerza del estado, advirtió.
Más de 9 días han pasado y la afrenta, del 30 de septiembre, sigue vigente y sin respuesta, el patrullaje y la presencia militar sin acción de inteligencia sigue reduciendo al Ejercito a un mero paliativo de seguridad que ya no es suficiente, la ciudadanía se pone impaciente.
Los delincuentes con esta emboscada planeada y organizada como una verdadera misión de guerra, atacó al convoy de militares confiados en que nadie se mete con el Ejército porque éste sigue siendo una de las instituciones que, junto con la Marina Armada de México, representan el último recurso confiable de seguridad que los mexicanos tienen contra el crecimiento sin control del crimen. Ni siquiera pudieron sacar sus armas de defensa.
Los discursos y lamentaciones a través de los medios de comunicación no satisfacen a la ciudadanía que muy en el fondo no quieren aceptar que el ataque representa una humillación a los ciudadanos, al país y a las propias fuerzas armadas.
El general Cienfuegos debe cumplir su palabra e ir con los cuerpos de elite militar a buscar, a perseguir, a luchar con toda esa artillería que nos presentó en el desfile del 16 de septiembre, y detener a los culpables; el Ejército es el único organismo que tiene los recursos y armas, para enfrentar al crimen y dar buenos resultados.
También la sociedad mexicana espera que el Secretario de la Defensa cumpla con la advertencia; la sociedad mexicana quiere ver que la institución militar garante de la seguridad pública, desde que ésta anda en la calles en las ciudades del país en guerra contra el narcotráfico, logre una victoria sobre la delincuencia para sostener la credibilidad de las fuerzas armadas mexicanas y disminuir el poderío de los contrarios.
Sin embargo, esa decisión de ir tras los criminales, también, puede estar empantanada por los riesgos que políticamente representa: de que algo está pasando algo está pasando, no es posible que a 10 días del peor ataque a las fuerzas militares mexicanas éstas no haya respondido al agravio, los mexicanos estamos acostumbrados a conocer que el Ejército cada vez que es atacado repele las agresiones, somete y detiene a los contrarios, pero, en esta ocasión las arengas para resarcir la ofensa recibida empieza a entrar en un impase de silencio que, lamentablemente, detona las especulaciones hacia dentro de las instituciones militares y autoridades federales.
¿Que por qué? Bueno, el Secretario de la Defensa, General Salvador Cienfuegos, ante la pérdida de vidas de soldados mexicanos, dijo, lastimado en el orgullo, que iría a perseguir y detener a los culpables de la emboscada, sin embargo, pasó por alto que esas decisiones tienen que ver con el permiso del jefe supremo de las fuerzas armadas que en este país es el Presidente de la República y que, obviamente, no ha autorizado la operación militar en el estado de Sinaloa, así como otras decisiones donde intervienen autoridades de justicia federal. Disminuyendo la figura militar.
Definitivamente, la “relativa prudencia” del Presidente para desatar una auténtica guerra en ese estado norteño y enfrentarse, por iniciativa militar, con uno de los carteles más organizados representaría más muertes de militares y delincuentes, daños a la infraestructura de la ciudad y quizás pérdida de vidas de civiles.
Quizás, eso sea una de las ventajas que los delincuentes tienen sobre la milicia, prácticamente, son invisibles y sabe que los soldados no actúan si no hay una orden suprema de por medio, los soldados actúan en operativos de vigilancia y patrullaje, pero, no han demostrado estrategias de inteligencia aprovechando toda la información, tecnología y entrenamiento que se ha documentado sobre las actividades ilícitas del narcotráfico.
El año que entra será un año, especialmente, difícil por ser año electoral en donde saldrá el candidato a suceder al actual Presidente de la República, esto hace que desde la cúpula de la Secretaria de Gobernación las decisiones que salgan, deben estar muy cuidadosamente planeadas para que no se vaya afectar a la opinión pública y las condiciones que determinarán quién será el sucesor de Enrique Peña Nieto.
Pareciera que la política está entorpeciendo y conteniendo la acción militar de respuesta. Quizás, la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación no juzgan prudente esa persecución y posibles enfrentamientos en Culiacán, por la cercanía del próximo proceso electoral.
Aun y cuando el Secretario de la Defensa Nacional ya se manifestó por el uso de la fuerza pública militar, ésta, quizás, no llegue a efectuarse porque el daño colateral puede ser de consideraciones no previstas, lo peor del asunto es que nuestro Ejército tendrá que cargar con el desprestigio y la humillación que sufrieron sus elementos con ese violento ataque.
El país está de luto, pero, más preocupado por las consideraciones que el Gobierno Federal tiene sobre las fuerzas del crimen. Esta acción de guerra sólo empodera a la delincuencia y la pasividad en la toma de decisiones ante las acciones violentas, seguirán haciendo crecer la inseguridad en este país, da pena que tanta política encubra la violencia y sacrifique la acción militar de respuesta inmediata contra el crimen y la palabra empeñada del General.
A la fecha no hay un solo detenido.
[email protected]
Cómo nunca, el agravio fue recibido como una afrenta directa contra el máximo aparato de seguridad nacional y evidencia que las operaciones de la milicia en las ciudades están muy por abajo del nivel de reacción del crimen organizado.
Los vehículos del ejército y los militares fueron abatidos, casi desintegrados por disparos de lanzacohetes, granadas y fusiles Barret calibre 50, según los informes periciales, que dejaron sin oportunidad a las fuerzas castrenses de defenderse o repeler el ataque, prácticamente y dado la fortaleza de la emboscada los soldados quedaron a merced del ataque sin poder hacer nada.
El hecho conmocionó a la cúpula militar y el propio general Salvador Cienfuegos, Secretario de la Defensa, catalogó la agresión como un atentado deshumanizado "enfermos, insanos, bestias criminales", dijo, “vamos con todo” tras los culpables del ataque, con toda la fuerza del estado, advirtió.
Más de 9 días han pasado y la afrenta, del 30 de septiembre, sigue vigente y sin respuesta, el patrullaje y la presencia militar sin acción de inteligencia sigue reduciendo al Ejercito a un mero paliativo de seguridad que ya no es suficiente, la ciudadanía se pone impaciente.
Los delincuentes con esta emboscada planeada y organizada como una verdadera misión de guerra, atacó al convoy de militares confiados en que nadie se mete con el Ejército porque éste sigue siendo una de las instituciones que, junto con la Marina Armada de México, representan el último recurso confiable de seguridad que los mexicanos tienen contra el crecimiento sin control del crimen. Ni siquiera pudieron sacar sus armas de defensa.
Los discursos y lamentaciones a través de los medios de comunicación no satisfacen a la ciudadanía que muy en el fondo no quieren aceptar que el ataque representa una humillación a los ciudadanos, al país y a las propias fuerzas armadas.
El general Cienfuegos debe cumplir su palabra e ir con los cuerpos de elite militar a buscar, a perseguir, a luchar con toda esa artillería que nos presentó en el desfile del 16 de septiembre, y detener a los culpables; el Ejército es el único organismo que tiene los recursos y armas, para enfrentar al crimen y dar buenos resultados.
También la sociedad mexicana espera que el Secretario de la Defensa cumpla con la advertencia; la sociedad mexicana quiere ver que la institución militar garante de la seguridad pública, desde que ésta anda en la calles en las ciudades del país en guerra contra el narcotráfico, logre una victoria sobre la delincuencia para sostener la credibilidad de las fuerzas armadas mexicanas y disminuir el poderío de los contrarios.
Sin embargo, esa decisión de ir tras los criminales, también, puede estar empantanada por los riesgos que políticamente representa: de que algo está pasando algo está pasando, no es posible que a 10 días del peor ataque a las fuerzas militares mexicanas éstas no haya respondido al agravio, los mexicanos estamos acostumbrados a conocer que el Ejército cada vez que es atacado repele las agresiones, somete y detiene a los contrarios, pero, en esta ocasión las arengas para resarcir la ofensa recibida empieza a entrar en un impase de silencio que, lamentablemente, detona las especulaciones hacia dentro de las instituciones militares y autoridades federales.
¿Que por qué? Bueno, el Secretario de la Defensa, General Salvador Cienfuegos, ante la pérdida de vidas de soldados mexicanos, dijo, lastimado en el orgullo, que iría a perseguir y detener a los culpables de la emboscada, sin embargo, pasó por alto que esas decisiones tienen que ver con el permiso del jefe supremo de las fuerzas armadas que en este país es el Presidente de la República y que, obviamente, no ha autorizado la operación militar en el estado de Sinaloa, así como otras decisiones donde intervienen autoridades de justicia federal. Disminuyendo la figura militar.
Definitivamente, la “relativa prudencia” del Presidente para desatar una auténtica guerra en ese estado norteño y enfrentarse, por iniciativa militar, con uno de los carteles más organizados representaría más muertes de militares y delincuentes, daños a la infraestructura de la ciudad y quizás pérdida de vidas de civiles.
Quizás, eso sea una de las ventajas que los delincuentes tienen sobre la milicia, prácticamente, son invisibles y sabe que los soldados no actúan si no hay una orden suprema de por medio, los soldados actúan en operativos de vigilancia y patrullaje, pero, no han demostrado estrategias de inteligencia aprovechando toda la información, tecnología y entrenamiento que se ha documentado sobre las actividades ilícitas del narcotráfico.
El año que entra será un año, especialmente, difícil por ser año electoral en donde saldrá el candidato a suceder al actual Presidente de la República, esto hace que desde la cúpula de la Secretaria de Gobernación las decisiones que salgan, deben estar muy cuidadosamente planeadas para que no se vaya afectar a la opinión pública y las condiciones que determinarán quién será el sucesor de Enrique Peña Nieto.
Pareciera que la política está entorpeciendo y conteniendo la acción militar de respuesta. Quizás, la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación no juzgan prudente esa persecución y posibles enfrentamientos en Culiacán, por la cercanía del próximo proceso electoral.
Aun y cuando el Secretario de la Defensa Nacional ya se manifestó por el uso de la fuerza pública militar, ésta, quizás, no llegue a efectuarse porque el daño colateral puede ser de consideraciones no previstas, lo peor del asunto es que nuestro Ejército tendrá que cargar con el desprestigio y la humillación que sufrieron sus elementos con ese violento ataque.
El país está de luto, pero, más preocupado por las consideraciones que el Gobierno Federal tiene sobre las fuerzas del crimen. Esta acción de guerra sólo empodera a la delincuencia y la pasividad en la toma de decisiones ante las acciones violentas, seguirán haciendo crecer la inseguridad en este país, da pena que tanta política encubra la violencia y sacrifique la acción militar de respuesta inmediata contra el crimen y la palabra empeñada del General.
A la fecha no hay un solo detenido.
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