Aunque no fue mencionado por su nombre, pero el gobernador de Veracruz con licencia Javier Duarte de Ochoa estuvo muy presente este domingo en el Consejo Político Nacional del PRI pese a que al ex mandatario veracruzano le fueron retirados sus derechos como militante priista y anda huyendo de la justicia federal desde hace más de un mes.
 
Y es que ante los 731 consejeros del tricolor, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que “quienes llegaron a un puesto público a través del partido y quebrantaron la ley, traicionan a los electores que confiaron en ellos, traicionan a la militancia priista y traicionan al PRI.
 
“No debemos ser omisos frente a esos casos que indignan. Aquí mismo, en mayo del 2012, expresé claramente que en el PRI no tenían cabida, ni la tienen, ni la corrupción, ni el encubrimiento, y mucho menos la impunidad”, les dijo, para luego señalar, sin detallar nombres, que no se puede dejar que se juzgue a todo el partido por el comportamiento de algunos militantes.
 

Hasta ahora, de los siete ex gobernadores priistas que perdieron las elecciones locales de junio pasado debido al voto de castigo de la ciudadanía a sus excesos de poder y desastrosas administraciones, el veracruzano Duarte de Ochoa es el que ha llevado la peor parte, pues lo obligaron a separarse de su cargo antes de que finalizara su sexenio, fue expulsado como militante del PRI y la Procuraduría General de la República solicitó a un juez federal librar sendas órdenes de aprehensión en su contra por defraudación fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero, delitos graves por los que no alcanza fianza.
 
La semana anterior, en este mismo espacio, habíamos comentado que contra lo que muchos venían especulando, de que Javier Duarte estaba siendo protegido por el gobierno del presidente Peña Nieto, el pasado martes 22 el comisionado nacional de Seguridad Pública, Renato Sales Heredia, había afirmado que “en breve habrá resultados”, aunque acotó que todavía “no podemos dar un dato fijo”, pero que “continuamos trabajando” de manera coordinada con instancias de seguridad federales y estatales para la ubicación y captura del mandatario veracruzano.
 
“No podría adelantar en dónde pensamos que se encuentra en este momento, por razones obvias de la secrecía de las investigaciones”, puntualizó el funcionario federal a los reporteros que hace una semana lo abordaron al término de la reunión de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.
 

Y anotábamos que si Peña Nieto y la PGR de veras hubiesen querido ayudar a Duarte, de inicio le habrían imputado delitos que le hubieran permitido obtener libertad caucional, como los de enriquecimiento ilícito, desvío de recursos públicos y peculado, los mismos por los que originalmente se había decidido procesar al ex gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés, quien por ello tomó la iniciativa de comparecer ante la justicia federal. Sin embargo, desde un principio al veracruzano se le fincó responsabilidad por defraudación fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero, ilícitos que no alcanzan fianza y por los que al ex mandatario sonorense se le dictaron posteriormente dos autos de formal prisión.
 
Así, pues, aunque Duarte de Ochoa fuese protegido por Peña, el Presidente sólo podría encubrirlo hasta el término de su mandato, en noviembre de 2018; pero la acción penal por la gravedad de los delitos que se le imputan prescribirá hasta varios sexenios después.
 
Este lunes, luego del discurso pronunciado por el priista mexiquense ante los miembros del Consejo Político Nacional de su partido en la sesión del domingo pasado, el diario Reforma publicó en su columna política “Templo Mayor” que “en Veracruz algunos malpensados calculan que al gobernador entrante Miguel Ángel Yunes se le va a aguar la fiesta de su toma de posesión el jueves”, porque “como ha estado diciendo que ese día dará a conocer una noticia que cimbrará al país, estiman que no sería raro que ese día cayera su antecesor Javier Duarte.”
 

Según el comentario de la publicación capitalina, “eso querría decir que los sabuesos de Renato Sales ya le tienen ubicado y que están esperando el mejor momento para caerle. Por supuesto, si eso ocurre seguro dirían que no fue por un cálculo político, nomás para que se acabara su periodo y no tener que litigar si Duarte tiene o no fuero. ¡Ajá!”
 
Pero este mismo lunes 28, entrevistado durante la inauguración de la 14 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, Sales Heredia reiteró que “estamos trabajando intensamente en su localización (de Javier Duarte)” y que “no vamos a fijar plazos (para su captura) ni días en particular, pero estamos trabajando para ubicarlo”, dijo.
 
Al comisionado nacional de Seguridad Pública le preguntaron que si la detención del gobernador de Veracruz con licencia se ejecutaría hasta después del 30 de este mes como parte de una estrategia por una cuestión de fuero, a lo que Sales respondió: “Ya resolvió el Juez de Distrito y el Tribunal Colegiado correspondiente que está vigente la orden de aprehensión y no procede la orden de suspensión provisional del acto reclamado, es decir, que no lo protege su fuero”.
 

¿Cuánto tardarán en cazar a Javier Duarte y exhibirlo ante la opinión pública? ¿Acaso seis meses como al capo del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán? La lógica política indicaría que no les llevará mucho, que quizá podría ser cuestión de horas si es que la persecución del ex mandatario veracruzano pretende servir para lavar la cara corrupta de su ex partido antes de las elecciones locales de 2017 en Veracruz, Coahuila, Nayarit y el Estado de México, que serán el preámbulo de la sucesión presidencial de 2018 y que, como ya se vio este domingo con la incorporación de varios presidenciables al Consejo Político Nacional del PRI, parece preocuparles mucho al presidente Peña Nieto y a su grupo.