15 de junio de 2012
alcalorpolitico.com
Uno de los reiterados señalamientos del presidente Felipe Calderón y de la candidata del PAN Josefina Vázquez Mota contra los gobiernos estatales del PRI y PRD es el de su omisión para actuar contra las bandas del crimen organizado asentadas en sus territorios locales.
Pero de lo mismo podría responsabilizarse al gobierno federal de filiación panista ahora que al fragor de la contienda presidencial han comenzado a exhibirse las complicidades de algunos empresarios tamaulipecos y veracruzanos afines al PRI con el Cártel del Golfo y Los Zetas, como ahora ha quedado al descubierto con las investigaciones iniciadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra de presuntos lavadores de dinero de ambos grupos de narcotraficantes que hasta el sexenio anterior llegaron a formar parte de una sola organización criminal en México.
Y es que anteayer, luego de que The New York Times dio a conocer el desmantelamiento en Oklahoma de una empresa de caballos de carreras que financieramente operaba para Los Zetas, con la cual se ha vinculado a un total de 15 personas, entre ellas el empresario tuxpeño Francisco Colorado Cessa –información que el diario neoyorquino contuvo más de una semana en un presunto acuerdo con las autoridades judiciales norteamericanas para no entorpecer este mega operativo que concluyó con la detención de José Treviño Morales, hermano del “Z-40”–, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, se atrevió a afirmar que la línea de investigación que permitió al gobierno de Estados Unidos dar este golpe a dicha organización criminal se originó en México.
Según declaró la procuradora, la dependencia a su cargo compartió desde abril datos con autoridades estadounidenses y que inclusive ha habido cateos y bienes asegurados, además de órdenes de localización y presentación pendientes en México.
La funcionaria calderonista hizo alusión a los hechos del 22 de marzo de este año en Tuxpan, en los que la Policía Federal y el Ejército abatieron en el rancho Flor de María, propiedad de Pancho Colorado, a uno de los líderes de Los Zetas en el norte de Veracruz y detuvo a otras 25 personas, entre ellas algunos trabajadores al servicio del empresario.
“Derivada de esta detención del Ejército de varias personas en Veracruz fue que se empezó con esta línea de investigación y que ahorita estamos en coordinación compartiendo información”, indicó Morales.
Sin embargo, algunos medios de comunicación intentaron verificar en la PGR si existía orden de aprehensión contra Francisco Colorado y hasta ayer la dependencia federal no les había dado ninguna respuesta.
Resulta increíble que este empresario sea perseguido en Estados Unidos por presuntamente ser operador financiero de Los Zetas, y que en México, a pesar de las evidencias que han surgido en su contra, las autoridades no lo hayan molestado a pesar de que desde marzo de 2007 se conoce que comparte su afición por las carreras de caballos con líderes de esa organización criminal, pues en esa fecha fue ubicado en Villarín, cerca del puerto de Veracruz, donde fue asesinado Efraín Teodoro Torres, quien entonces era el principal operador de la banda en la entidad.
No obstante, algunos operadores político-electorales del PAN en el estado, como el ex director del ISSSTE y ex candidato a gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, han pretendido explotar este escándalo mediático para arremeter en contra del ex gobernador priista Fidel Herrera Beltrán y así buscar revertir las preferencias electorales que según la mayoría de las encuestas siguen favoreciendo en Veracruz a los candidatos del PRI a Presidente y Senadores de la República así como a más de la mitad de los 21 aspirantes a la diputación federal.
Yunes Linares ha acusado públicamente que Colorado financió en 2004 la campaña electoral de Herrera Beltrán, y que por ello éste protegió durante su administración al cártel de Los Zetas.
El ex subsecretario de Seguridad Pública federal y ex secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública habría incurrido también en omisión si poseía información sobre la presunta complicidad del ex gobernante priista y los criminales y no los proveyó a la PGR.
¿Por qué en México no se ha procedido penalmente contra Colorado Cessa, dueño de la empresa ADT Petroservicios, que durante las administraciones presidenciales del PAN –en los dos últimos años del régimen de Vicente Fox y en los primeros cuatro de Calderón– ganó por lo menos 28 contratos de Pemex por un monto de alrededor de mil 405 millones de pesos?
La pregunta es pertinente porque la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OCBE) de Estados Unidos vinculó a Colorado con la acusación penal que el Departamento de Justicia de ese país presentó en su contra por presuntamente lavar dinero de Los Zetas, mediante la compra de caballos de carreras.
“Francisco Antonio Colorado Cessa ayuda materialmente en las actividades internacionales de tráfico de drogas de Los Zetas y sus líderes, Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales”, afirmó la OCBE en un comunicado difundido el martes 12 pero que pasó desapercibido ante el operativo que resultó en la captura de José Treviño Morales en un rancho de Oklahoma, donde el hermano del llamado “Z-40” tenía más de 400 equinos.
Colorado Cessa es probablemente el empresario mexicano de más alto perfil que ha recibido esta designación, pues es dueño de la compañía ADT Petroservicios, la cual fue inhabilitada en abril de 2010 para participar en licitaciones federales durante dos años y medio por la Secretaría de la Función Pública debido a que dio información falsa a Pemex-Refinación sobre los costos para atender una emergencia por la ruptura de un oleoducto en el municipio de Nanchital, en el sur de Veracruz.
El contrato, con número OPU81-162/2004 por 230 millones de pesos, fue adjudicado directamente a ADT por Pemex en abril de 2005, durante la administración foxista, cuando el director general de Pemex Refinación era el actual senador del PAN por Veracruz, Juan Bueno Torio, actual candidato del partido blanquiazul a diputado federal plurinominal.
Por ello, el dirigente nacional del PRI Pedro Joaquín Coldwell, entrevistado anteayer en el puerto de Coatzacoalcos –donde este viernes 15 estará el candidato presidencial Peña Nieto–, al preguntársele acerca de los nexos de Colorado con el ex gobernador Herrera, dijo que este caso debe ser investigado por la PGR “pero no sólo como se ha dicho con relación a una persona, sino que deben ampliarse porque, al parecer, familiares cercanos a ese empresario fueron candidatos de Acción Nacional y también debe investigar los aviones que presumiblemente prestó a la candidata de Acción Nacional a la Presidencia de la República (Josefina Vázquez Mota)”.
Pero de lo mismo podría responsabilizarse al gobierno federal de filiación panista ahora que al fragor de la contienda presidencial han comenzado a exhibirse las complicidades de algunos empresarios tamaulipecos y veracruzanos afines al PRI con el Cártel del Golfo y Los Zetas, como ahora ha quedado al descubierto con las investigaciones iniciadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra de presuntos lavadores de dinero de ambos grupos de narcotraficantes que hasta el sexenio anterior llegaron a formar parte de una sola organización criminal en México.
Y es que anteayer, luego de que The New York Times dio a conocer el desmantelamiento en Oklahoma de una empresa de caballos de carreras que financieramente operaba para Los Zetas, con la cual se ha vinculado a un total de 15 personas, entre ellas el empresario tuxpeño Francisco Colorado Cessa –información que el diario neoyorquino contuvo más de una semana en un presunto acuerdo con las autoridades judiciales norteamericanas para no entorpecer este mega operativo que concluyó con la detención de José Treviño Morales, hermano del “Z-40”–, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, se atrevió a afirmar que la línea de investigación que permitió al gobierno de Estados Unidos dar este golpe a dicha organización criminal se originó en México.
Según declaró la procuradora, la dependencia a su cargo compartió desde abril datos con autoridades estadounidenses y que inclusive ha habido cateos y bienes asegurados, además de órdenes de localización y presentación pendientes en México.
La funcionaria calderonista hizo alusión a los hechos del 22 de marzo de este año en Tuxpan, en los que la Policía Federal y el Ejército abatieron en el rancho Flor de María, propiedad de Pancho Colorado, a uno de los líderes de Los Zetas en el norte de Veracruz y detuvo a otras 25 personas, entre ellas algunos trabajadores al servicio del empresario.
“Derivada de esta detención del Ejército de varias personas en Veracruz fue que se empezó con esta línea de investigación y que ahorita estamos en coordinación compartiendo información”, indicó Morales.
Sin embargo, algunos medios de comunicación intentaron verificar en la PGR si existía orden de aprehensión contra Francisco Colorado y hasta ayer la dependencia federal no les había dado ninguna respuesta.
Resulta increíble que este empresario sea perseguido en Estados Unidos por presuntamente ser operador financiero de Los Zetas, y que en México, a pesar de las evidencias que han surgido en su contra, las autoridades no lo hayan molestado a pesar de que desde marzo de 2007 se conoce que comparte su afición por las carreras de caballos con líderes de esa organización criminal, pues en esa fecha fue ubicado en Villarín, cerca del puerto de Veracruz, donde fue asesinado Efraín Teodoro Torres, quien entonces era el principal operador de la banda en la entidad.
No obstante, algunos operadores político-electorales del PAN en el estado, como el ex director del ISSSTE y ex candidato a gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, han pretendido explotar este escándalo mediático para arremeter en contra del ex gobernador priista Fidel Herrera Beltrán y así buscar revertir las preferencias electorales que según la mayoría de las encuestas siguen favoreciendo en Veracruz a los candidatos del PRI a Presidente y Senadores de la República así como a más de la mitad de los 21 aspirantes a la diputación federal.
Yunes Linares ha acusado públicamente que Colorado financió en 2004 la campaña electoral de Herrera Beltrán, y que por ello éste protegió durante su administración al cártel de Los Zetas.
El ex subsecretario de Seguridad Pública federal y ex secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública habría incurrido también en omisión si poseía información sobre la presunta complicidad del ex gobernante priista y los criminales y no los proveyó a la PGR.
¿Por qué en México no se ha procedido penalmente contra Colorado Cessa, dueño de la empresa ADT Petroservicios, que durante las administraciones presidenciales del PAN –en los dos últimos años del régimen de Vicente Fox y en los primeros cuatro de Calderón– ganó por lo menos 28 contratos de Pemex por un monto de alrededor de mil 405 millones de pesos?
La pregunta es pertinente porque la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OCBE) de Estados Unidos vinculó a Colorado con la acusación penal que el Departamento de Justicia de ese país presentó en su contra por presuntamente lavar dinero de Los Zetas, mediante la compra de caballos de carreras.
“Francisco Antonio Colorado Cessa ayuda materialmente en las actividades internacionales de tráfico de drogas de Los Zetas y sus líderes, Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales”, afirmó la OCBE en un comunicado difundido el martes 12 pero que pasó desapercibido ante el operativo que resultó en la captura de José Treviño Morales en un rancho de Oklahoma, donde el hermano del llamado “Z-40” tenía más de 400 equinos.
Colorado Cessa es probablemente el empresario mexicano de más alto perfil que ha recibido esta designación, pues es dueño de la compañía ADT Petroservicios, la cual fue inhabilitada en abril de 2010 para participar en licitaciones federales durante dos años y medio por la Secretaría de la Función Pública debido a que dio información falsa a Pemex-Refinación sobre los costos para atender una emergencia por la ruptura de un oleoducto en el municipio de Nanchital, en el sur de Veracruz.
El contrato, con número OPU81-162/2004 por 230 millones de pesos, fue adjudicado directamente a ADT por Pemex en abril de 2005, durante la administración foxista, cuando el director general de Pemex Refinación era el actual senador del PAN por Veracruz, Juan Bueno Torio, actual candidato del partido blanquiazul a diputado federal plurinominal.
Por ello, el dirigente nacional del PRI Pedro Joaquín Coldwell, entrevistado anteayer en el puerto de Coatzacoalcos –donde este viernes 15 estará el candidato presidencial Peña Nieto–, al preguntársele acerca de los nexos de Colorado con el ex gobernador Herrera, dijo que este caso debe ser investigado por la PGR “pero no sólo como se ha dicho con relación a una persona, sino que deben ampliarse porque, al parecer, familiares cercanos a ese empresario fueron candidatos de Acción Nacional y también debe investigar los aviones que presumiblemente prestó a la candidata de Acción Nacional a la Presidencia de la República (Josefina Vázquez Mota)”.