El viernes, con la etiqueta de “colaborador invitado”, en el diario Reforma se publicó un artículo de Eduardo Guerrero Gutiérrez, experto en temas de seguridad, transparencia, acceso a la información y profesionalización del servicio público, colaboración que, algo poco usual en México dado que ya no tenía la característica de la novedad, de la primicia, reprodujo el semanario Proceso en su edición de ayer domingo.

 

¿Qué llevó a la publicación del periodista Julio Scherer a retomar el trabajo de Guerrero Gutiérrez? Sin duda, creo, la novedad, el enfoque del tema, el planteamiento de que en México hay un nuevo detentador del cuarto poder: el crimen organizado.

 

El concepto cuarto poder nació en Inglaterra en el siglo XVIII merced a que ahí se dio el primer sistema informativo liberal, derivado, a su vez, del modelo político liberal-parlamentario que eliminó la censura, concepto que concretamente se atribuye al intelectual irlandés Edmund Burke.

 

En efecto, durante mucho tiempo la prensa ha jugado un papel preponderante en la toma de decisiones del poder público, cuando el periodismo se ha ejercido con plena libertad y profesionalismo, papel que siempre ha estado en riesgo y que en muchos casos ha venido perdiendo; en riesgo por el amago, siempre, del poder político, de cooptarlo; luego, por la creciente fuerza del poder económico, concretamente de los empresarios, quienes desde la segunda mitad del siglo pasado empezaron a imponer su criterio sobre los contenidos a condición de no ordenar y no pagar publicidad de no atendérseles, lo que llevó un día al maestro José Muñoz Cota a proclamar que el cuarto poder en el país ya lo constituían los anunciantes; pero ahora la nueva realidad ha terminado por imponerse y, en los hechos, ese poder lo detenta ya la delincuencia organizada.

 

Guerrero Gutiérrez, en su artículo que titula “El nuevo cuarto poder”, hace un recuento general de los ataques cometidos últimamente contra medios informativos del noreste del país, pero no deja de incluir el que sufrió en noviembre de 2011 El Buen Tono, de Córdoba, así como las ejecuciones de periodistas, incluidas también las que ha habido en el estado.

 

Pregunta por qué el crimen organizado habría de emprender una campaña de agresión sistemática contra los medios de comunicación. Para él, ante el combate en su contra por parte del gobierno federal, es prioritario, para un grupo delincuencial en especial, evitar la divulgación de información que tenga uno o más de los siguientes tres efectos: que debilite la percepción pública de que son una organización unidad y poderosa; que exacerbe su reputación de grupo armado proclive a la violencia extrema e indiscriminada, o que revele los nexos que mantiene con extensas redes de funcionarios gubernamentales para dar vida a redituables giros ilícitos.

 

Sobre esto último, argumenta que los delincuentes son particularmente vulnerables a la divulgación de información sobre sus operaciones, ya que obtienen una parte sustancial de sus rentas de delitos en el ámbito doméstico, como la extorsión, el secuestro y el robo de combustible, actividades que, señala, requieren en mayor medida de colusión de autoridades y de otros actores en sectores formales de la economía. Su conclusión es que mediante sus acciones violentes e intimidatorias, estos grupos son o están por convertirse en el nuevo cuarto poder en varios estados del país.

 

En Veracruz, muchos compañeros reporteros, en especial los policiacos, pagaron con su vida el ejercicio de su actividad profesional, es de suponerse que por la divulgación de información que afectaba intereses delincuenciales y de sus cómplices y no necesariamente porque estuvieran coludidos con nadie; otros han tenido que emigrar para salvar la vida; algunos más son objeto de amenazas y trabajan y viven con temor, y ya una buena parte de medios de plano dejaron de publicar información policiaca, la llamada nota roja, en una clara demostración de que, en efecto, como sostiene Eduardo Guerrero Gutiérrez, los detentadores del cuarto poder no son los periodistas, los editores, los reporteros, sino los grupos delincuenciales, quienes imponen qué debe o no publicarse.

 

En general, ese es el panorama de la nueva realidad a la que se enfrenta la prensa también en Veracruz, enmarcado en lo que plantea el especialista Guerrero Gutiérrez, nueva realidad que llevó a que el pasado 7 de junio se anunciara la creación de una Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, sin duda algo que refleja una buena intención oficial. Sin embargo, a juicio mío, eso no resolverá el grave problema de inseguridad que asecha a un importante sector del periodismo veracruzano.

 

Para ayudar a elaborar el proyecto respectivo se creó, incluso, una comisión técnica a la que tal pareciera que no le interesa la suerte de nuestros compañeros pues mañana hará dos meses de su creación y es la hora que no tiene nada concreto, nada lo que se dice nada, salvo el anuncio de su secretaria técnica, Namiko Matzumoto, de que durante este y el próximo mes sostendrá reuniones con los compañeros de las distintas regiones del estado para dialogar, escucharlos, recoger sus inquietudes “y prestar atención a las recomendaciones que hagan” para “fortalecer el marco legal y operativo” de la citada Comisión Estatal.

 

Creo recoger la percepción general de mis compañeros de que se esperaba que dicha persona, de quien se ha destacado su calidad de académica, nos traería, de entrada, un planteamiento novedoso, de prontitud y efectivo (al principio se dijo que no actuaba porque tomaba un curso en el extranjero, lo que hizo crecer nuestras expectativas) que sirviera de base para el arranque, y ahora resulta que apenas va a recorrer el estado para ver de qué se trata el asunto. Salvados estamos.

 

Un miembro de la citada comisión técnica se ha quejado de que casi no se han reunido porque no se les ha convocado y que las contadas veces que se vieron fue puro papel, pura teoría; que, en efecto, van muy lentos, a paso de tortuga. Extraña que habiendo periodistas en la referida comisión, con muchos años de experiencia y de vivencias en el medio, no le hayan dicho a la señora Matzumoto que eso que se propone realizar no es más que turismo periodístico y que no va a servir para resolver la situación que se padece salvo para gastarse el dinero del erario y disfrutar de un buen desayuno, comida o cena. Se advierte que ella no tiene ni la más remota idea de cómo es el medio, ni de sus actores, ni de sus mecanismos, ni de sus intereses, y menos conoce la esencia del periodismo, a partir de la cual tiene que partirse; que no sabe ni siquiera por dónde comenzar.

 

No se publica nada sobre el tema, pero trasciende porque lo comentan los propios afectados: quienes han visto en riesgo su seguridad personal se han acercado a las autoridades en busca de protección. La respuesta ha sido práctica, directa, pero demuestra también impotencia: de plano les dicen que nos les pueden garantizar ninguna seguridad y a cambio les otorgan un apoyo económico para que puedan emigrar e iniciar una nueva vida, junto con sus familias, en algún otro lado. Eso es lo que la señora Matzumoto debiera estar viendo ya y no planeando un buen paseo de dos meses con cargo al erario.

 

El último compañero que desapareció fue Miguel Morales Estrada, reportero gráfico de Poza Rica, de quien no se tienen noticias desde el pasado 19 de julio. Ya antes había sido amenazado, pero con suerte apareció entonces con vida. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entre otros organismos internacionales, condenó de inmediato la desaparición y pidió a las autoridades acciones prontas para dar con su paradero. La referida comisión técnica, ni siquiera se ha pronunciado al respecto hasta la fecha.