La declaración, el miércoles 15, del Procurador General de Justicia, Felipe Amadeo Flores Espinosa, dando por esclarecido el asesinato de cuatro periodistas y el de una trabajadora de un medio del puerto de Veracruz, ha servido para mostrar que la credibilidad oficial está en duda.

 

Siendo una buena noticia, en especial para el gremio periodístico, porque hasta ahora no se había informado de que se hubiera resuelto un solo caso de compañeros victimados –asesinados o secuestrados y desaparecidos– dando nombres y detalles, sustentados en la declaración de los propios delincuentes, no acabó de convencer plenamente.

 

El informe del Procurador despertó interés y ocupó espacios importantes en los medios de la Ciudad de México e incluso de la prensa internacional, aunque para Salvador Camarena, corresponsal en México de EL PAIS de España, todo fue producto de la buena suerte y no dejó de mostrar cierto dejo de escepticismo.

 

El rotativo cabeceó (tituló) la nota de su corresponsal con cierto matiz de duda: “El Gobierno de Veracruz dice que ha aclarado la muerte de cinco periodistas”. Ese “dice” no implica ninguna aceptación contundente de que se tenga la certeza de que, en efecto, los casos hayan sido resueltos plenamente. Y todavía le agregó una bajada (subtítulo) que reafirma su sospecha: “Una ONG que defiende la libertad de prensa en México duda de la información dada a conocer”.

 

La nota de Salvador Camarena expresa en su primer párrafo: “Hay días de suerte, y el Gobierno de Veracruz parece haber tenido uno. O al menos de eso quiere convencer a los mexicanos. Las autoridades de ese Estado han reportado la detención de una ‘célula delictiva’ causante de 36 crímenes, incluidos los asesinatos de cuatro periodistas, casi la mitad de los que han sido asesinados en esa provincia mexicana desde que es gobernador Javier Duarte (PRI). Por si fuera poca la buena fortuna del gobernante, han quedado resuelto un crimen más en contra de otro periodista. Y en el colmo de la buena fortuna, los autores de este último crimen ya ni siquiera tendrán que ser llevados a juicio, pues murieron en un enfrentamiento ocurrido recientemente”.

 

Por su parte, la organización Artículo 19, la ONG que defiende la libertad de prensa en el país, difundió en un comunicado: “El Gobierno de Veracruz intenta dar carpetazo a la peor crisis de violencia contra la prensa de la entidad al atribuirle la aceptación plena de los homicidios a un grupo de personas que no han sido aún sometidas a proceso. Más preocupante resulta aun que el procurador estatal Amadeo Flores Espinosa criminalice a las víctimas al afirmar que ‘estos reporteros a su vez habían sido los causantes de la muerte de otros periodistas asesinados por la organización delictiva autodenominada Los Zetas’”.

 

Pero hubo reacciones en general. Unos opinamos comentando que qué bueno que se hubieran esclarecidos los casos, según las declaraciones del Procurador, y otros dudando o de plano rechazando lo dado a conocer por el fiscal. El diario Notiver, en un ejemplo de ejercicio periodístico profesional, no se atuvo al simple boletín oficial sino que publicó en su primera plana y en forma destacada (las tres cuartas partes de toda su portada) la nota informativa de la agencia Proceso dando cuenta de lo que había informado el Procurador, la nota publicada en EL PAIS, el texto íntegro de lo emitido por Artículo 19 y, de paso, la copia facsimilar y la transcripción impresa de las actas judiciales que contienen la declaración de Juan Carlos Hernández Pulido alias “La Bertha” o Juan Carlos Castro Vertiz alias “El Vertiz”, que fue quien hizo las graves imputaciones contra unos periodistas victimados señalándolos como los causantes de la muerte de otros.

 

Creo que cuando el Procurador decidió salir a ventilar el caso públicamente es porque estaba y está convencido de que por primera vez se tiene el testimonio de un testigo que hace un señalamiento concreto y directo, con nombres, en el caso de la muerte violenta de periodistas en el estado, lo que no necesariamente implica que haya dicho la verdad. Pero es un elemento que, sin duda, no se puede ni se debe desestimar. No proclive a hacer declaraciones ni a aparecer en la prensa, pienso que esta vez el fiscal del estado lo hizo porque consideró tener elementos de peso para hacerlo.

 

Cuando me ocupé del caso oportunamente, expresé mi extrañeza de que esta vez no fuera el propio gobernador Javier Duarte de Ochoa quien saliera a dar la información ni de que apareciera con el Procurador la titular de Comunicación Social, Gina Domínguez, siendo que los crímenes habían causado revuelo internacional y un anuncio de tal naturaleza como el que se hizo serviría para restituir en parte la buena imagen del gobierno. Planteé si acaso eso marcaba una nueva forma de actuar en política comunicativa, aunque ahora bien podría preguntarse si acaso no lo hicieron porque ya habían calculado que habría escepticismo, duda, cuestionamientos y decidieron que Amadeo Flores Espinosa cargara con todo el muerto, como ocurrió.

 

Lo que sí, decía al principio, ha quedado en claro que lo que diga el gobierno o lo que se diga desde el gobierno ya no convence plenamente, lo que debiera ser motivo de preocupación en el interior de la administración estatal pues tal duda, desconfianza, recelo, escepticismo, no son gratuitos y no pueden dejar de verse como una consecuencia de aquella desafortunada (para la gestión gubernamental) desinformación al inicio de este gobierno, cuando se dieron los primeros casos de muertes violentas a causa de la delincuencia organizada en que, sin investigar, en conferencia de prensa se implicó dolosamente a compañeros ya muertos, o como cuando se trató de ocultar muertes masivas que salieron a la luz por la fuerza de las redes sociales, errores acompañados por sus respectivos boletines de prensa.

 

Así, en el gobierno tienen otro gran reto que es recuperar la credibilidad perdida así como la confianza ciudadana y periodística, cosa que solo lograrán con buenas acciones oficiales, pero sobre todo informando sobre los hechos tal cual.

 

A nadie más, en especial, que a quienes ocupamos el espacio público periodístico nos importa y nos preocupa que, en efecto, se aclaren plena y debidamente los crímenes de los compañeros muertos, así como los casos de quienes están desaparecidos, y en ese sentido yo apoyo cualquier intento oficial que tenga esa preocupación y cómo desearía que tanto Javier Duarte de Ochoa como Felipe Amadeo Flores Espinosa pudieran darnos más seguido buenas noticias, o al menos esperanzadoras noticias, no solo de esclarecimientos sino de que la geografía veracruzana, el espacio público, recuperan sus niveles de seguridad para el ejercicio periodístico.

 

Por lo pronto, en ese afán y para seguridad y tranquilidad del gremio, mi gremio, estoy de acuerdo con la petición de Artículo 19 de que autoridades federales, particularmente la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR, investiguen a profundidad los casos, agoten la línea relativa al ejercicio periodístico de las víctimas, además de que sancionen a los responsables y reparen el daño a los afectados. Por eso, qué bueno que ayer se confirmó que PGR atrajo el caso para comprobar si es que los delincuentes señalados tuvieron que ver con la muerte de cinco periodistas veracruzanos.