29 de agosto de 2012
alcalorpolitico.com
El pasado lunes 27, en este espacio periodístico, referíamos cómo la administración del gobernador Javier Duarte, desde diciembre de 2010, había tenido que enfrentar circunstancias extraordinarias como la reconstrucción de puentes y carreteras por los desastres que dejó el huracán “Karl”, y la del tejido social a causa del daño ocasionado por la delincuencia organizada.
Pero algunos asiduos lectores nos han hecho la observación de que pasamos por alto los perjuicios que en materia financiera le heredó el régimen del gobernador Fidel Herrera.
En efecto, según datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Veracruz es una de las diez entidades más endeudas del país, sólo superada por Nuevo León y el Estado de México.
Hace un año, en el caso de Veracruz, la ASF reportaba compromisos crediticios por al menos 22 mil 566 millones de pesos.
Hasta septiembre de 2011, el gobierno de Veracruz reportaba un pago por concepto de intereses cubiertos para el servicio de la deuda, que ascendía a 1 mil 81.3 millones de pesos. Los documentos oficiales de la Secretaría de Finanzas establecían que se pagó capital de los pasivos contratados con la banca comercial.
También por esa misma fecha –de acuerdo con los datos disponibles–, el pasivo circulante de corto plazo del gobierno del estado se ubicaba en 28 mil 182 millones 631 mil pesos. Los pasivos de largo plazo que correspondía al financiamiento de la deuda pública se ubicaban en 10 mil millones de pesos.
En seis años, la deuda del estado –al menos la que se registró públicamente– aumentó más de 800 por ciento, según los datos comparativos del propio gobierno estatal. A septiembre de 2005, un año después de que Fidel Herrera sucedió a Miguel Alemán Velasco, la deuda pública directa del estado se ubicaba en 3 mil 500 millones de pesos.
Sin embargo, hasta ahora, el ex gobernador no ha sido llamado a cuentas, pese a que en su revisión de la Cuenta Pública 2010 la Auditoría Superior de la Federación consignó situaciones administrativas realmente graves. De hecho, en 2006 la ASF reportó que había presentado una denuncia penal por los desvíos registrados en el gobierno del estado de Veracruz en el área de la salud y en la administración de hospitales.
La ASF fiscalizó la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado a través del fondo para comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable.
En el caso del Fondo Regional en el Estado de Veracruz, la ASF analizó las inversiones en infraestructura que comprometieron recursos por 496 millones 844.2 miles de pesos y que formaban parte de las participaciones autorizadas por la Federación para apoyar a Veracruz como uno de los 10 estados con menor índice de desarrollo humano.
La ASF analizó, por ejemplo, la ejecución de recursos en la construcción del puente Palo Amarillo-Amayales, sobre el río Atoyac, en el camino F. Carrillo Puerto-El Órgano, contrato asignado a la compañía Seteyco y que sumó 15 millones 280 mil pesos. El sexenio pasado, las empresas Seteyco y Margusa fueron dos de las compañías contratistas que más obras recibieron de los municipios del estado.
Precisamente en el caso de Seteyco, los auditores de la ASF encontraron al abrir la bitácora de la obra que el puente Palo Amarillo-Amayales se construyó un año antes de que se asignara el contrato y se colapsó en septiembre de 2010, cuando se desbordó el río Atoyac a causa del huracán “Karl”. Así, el gobierno del estado asignó una obra que no sólo ya se había construido, sino que ya había desaparecido, presuntamente por vicios ocultos en su edificación.
Esta obra fue asignada de manera directa por el gobierno de Herrera luego de que otros dos contratistas, Impulsora Constructora del Sur y Servi Constructora Pavimentos, presentaron presupuestos más altos por 16.5 y 16.8 millones de pesos, respectivamente.
“El 10 de enero de 2011 se elaboró el acta de entrega‐recepción de la obra, estipulando un monto total ejercido en dos estimaciones por 15 millones 101.3 miles de pesos, con un periodo de obra del 13 de enero al 28 de marzo de 2010. No obstante, se comprobó que el puente se construyó del 27 de enero al 11 octubre de 2009, siendo esta última fecha la de su inauguración. Once meses después, el 18 de septiembre de 2010, se colapsó por el desbordamiento del río Atoyac, ocasionado por el huracán Karl”, establecía el reporte de la ASF.
Una foto en su página de Facebook confirmó que Herrera Beltrán, en octubre de 2009, inauguró este puente que fue el número 987 de su administración. Su deficiente edificación se hizo evidente en el recuento de los daños ocasionados por el huracán “Karl”, porque la mayoría de los puentes que se colapsaron tenían más de 40 años de haber sido construidos.
Sin embargo, el gobierno de Veracruz solicitó recursos a la SHCP para esta obra, cuando la Secretaría de Comunicaciones del estado “debió dictaminar y evaluar las causas por las que se colapsó el puente, ya que sólo tenía 11 meses de haberse edificado y, en su caso, emprender las acciones legales para hacer efectiva la fianza de vicios ocultos y el seguro de la obra”.
El gobierno de Herrera tuvo que reintegrar a la SHCP el monto total del contrato fallido más los intereses. No obstante, para la ASF el delito existió y presuntamente presentó ante el Ministerio Público Federal la denuncia de hechos correspondiente a este contrato de obra pública, el número SC‐OP‐PF‐001/2010‐ST.
Pero la Auditoría Superior de la Federación también detectó otras obras con irregularidades en las que habrían estado implicados el actual alcalde priista de Coatzacoalcos, Marcos Theurel Cotero, y su sucesor en la Secretaría de Comunicaciones del estado José Guillermo Herrera Mendoza, el cual fue sustituido en la SECOM en julio de 2011 por Raúl Zarrabal Ferat y pasó a la jefatura de la Oficina del Programa de Gobierno, donde en abril de este año fue relevado por Ranulfo Márquez Hernández, a quien como ex secretario de Protección Civil y ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente también le resultaría responsabilidad por el manejo de los recursos federales del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
Y es que, según la ASF, no se documentó de manera suficiente la aplicación de al menos 224.1 millones de pesos de los recursos transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como parte del Fonden para la reparación de la infraestructura dañada por diversos fenómenos climatológicos ocurridos de mayo a noviembre de 2009 en Veracruz.
Esta situación ha alimentado obviamente los rumores de posibles movimientos en el gabinete estatal que arreciaron después de las elecciones federales del pasado 1 de julio. Precisamente el más insistente ha sido el del presunto cambio en la Secretaría de Comunicaciones del estado, donde aún despacha el ex diputado local Zarrabal Ferat, por cuyas aspiraciones a la alcaldía de Boca del Río se veía natural su inminente salida.
Sin embargo, ha trascendido que la posible separación de Zarrabal se debería más bien a la bomba legal que estaría en manos de la Procuraduría General de la República.
NUEVA REVISTA
Dirigida por la periodista Amigzaday López Beltrán, a partir de este domingo 2 de septiembre comenzará a circular por el ciberespacio una nueva revista digital. Léala en “revistaera.com”. Sin las comillas, por supuesto.
Pero algunos asiduos lectores nos han hecho la observación de que pasamos por alto los perjuicios que en materia financiera le heredó el régimen del gobernador Fidel Herrera.
En efecto, según datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Veracruz es una de las diez entidades más endeudas del país, sólo superada por Nuevo León y el Estado de México.
Hace un año, en el caso de Veracruz, la ASF reportaba compromisos crediticios por al menos 22 mil 566 millones de pesos.
Hasta septiembre de 2011, el gobierno de Veracruz reportaba un pago por concepto de intereses cubiertos para el servicio de la deuda, que ascendía a 1 mil 81.3 millones de pesos. Los documentos oficiales de la Secretaría de Finanzas establecían que se pagó capital de los pasivos contratados con la banca comercial.
También por esa misma fecha –de acuerdo con los datos disponibles–, el pasivo circulante de corto plazo del gobierno del estado se ubicaba en 28 mil 182 millones 631 mil pesos. Los pasivos de largo plazo que correspondía al financiamiento de la deuda pública se ubicaban en 10 mil millones de pesos.
En seis años, la deuda del estado –al menos la que se registró públicamente– aumentó más de 800 por ciento, según los datos comparativos del propio gobierno estatal. A septiembre de 2005, un año después de que Fidel Herrera sucedió a Miguel Alemán Velasco, la deuda pública directa del estado se ubicaba en 3 mil 500 millones de pesos.
Sin embargo, hasta ahora, el ex gobernador no ha sido llamado a cuentas, pese a que en su revisión de la Cuenta Pública 2010 la Auditoría Superior de la Federación consignó situaciones administrativas realmente graves. De hecho, en 2006 la ASF reportó que había presentado una denuncia penal por los desvíos registrados en el gobierno del estado de Veracruz en el área de la salud y en la administración de hospitales.
La ASF fiscalizó la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado a través del fondo para comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable.
En el caso del Fondo Regional en el Estado de Veracruz, la ASF analizó las inversiones en infraestructura que comprometieron recursos por 496 millones 844.2 miles de pesos y que formaban parte de las participaciones autorizadas por la Federación para apoyar a Veracruz como uno de los 10 estados con menor índice de desarrollo humano.
La ASF analizó, por ejemplo, la ejecución de recursos en la construcción del puente Palo Amarillo-Amayales, sobre el río Atoyac, en el camino F. Carrillo Puerto-El Órgano, contrato asignado a la compañía Seteyco y que sumó 15 millones 280 mil pesos. El sexenio pasado, las empresas Seteyco y Margusa fueron dos de las compañías contratistas que más obras recibieron de los municipios del estado.
Precisamente en el caso de Seteyco, los auditores de la ASF encontraron al abrir la bitácora de la obra que el puente Palo Amarillo-Amayales se construyó un año antes de que se asignara el contrato y se colapsó en septiembre de 2010, cuando se desbordó el río Atoyac a causa del huracán “Karl”. Así, el gobierno del estado asignó una obra que no sólo ya se había construido, sino que ya había desaparecido, presuntamente por vicios ocultos en su edificación.
Esta obra fue asignada de manera directa por el gobierno de Herrera luego de que otros dos contratistas, Impulsora Constructora del Sur y Servi Constructora Pavimentos, presentaron presupuestos más altos por 16.5 y 16.8 millones de pesos, respectivamente.
“El 10 de enero de 2011 se elaboró el acta de entrega‐recepción de la obra, estipulando un monto total ejercido en dos estimaciones por 15 millones 101.3 miles de pesos, con un periodo de obra del 13 de enero al 28 de marzo de 2010. No obstante, se comprobó que el puente se construyó del 27 de enero al 11 octubre de 2009, siendo esta última fecha la de su inauguración. Once meses después, el 18 de septiembre de 2010, se colapsó por el desbordamiento del río Atoyac, ocasionado por el huracán Karl”, establecía el reporte de la ASF.
Una foto en su página de Facebook confirmó que Herrera Beltrán, en octubre de 2009, inauguró este puente que fue el número 987 de su administración. Su deficiente edificación se hizo evidente en el recuento de los daños ocasionados por el huracán “Karl”, porque la mayoría de los puentes que se colapsaron tenían más de 40 años de haber sido construidos.
Sin embargo, el gobierno de Veracruz solicitó recursos a la SHCP para esta obra, cuando la Secretaría de Comunicaciones del estado “debió dictaminar y evaluar las causas por las que se colapsó el puente, ya que sólo tenía 11 meses de haberse edificado y, en su caso, emprender las acciones legales para hacer efectiva la fianza de vicios ocultos y el seguro de la obra”.
El gobierno de Herrera tuvo que reintegrar a la SHCP el monto total del contrato fallido más los intereses. No obstante, para la ASF el delito existió y presuntamente presentó ante el Ministerio Público Federal la denuncia de hechos correspondiente a este contrato de obra pública, el número SC‐OP‐PF‐001/2010‐ST.
Pero la Auditoría Superior de la Federación también detectó otras obras con irregularidades en las que habrían estado implicados el actual alcalde priista de Coatzacoalcos, Marcos Theurel Cotero, y su sucesor en la Secretaría de Comunicaciones del estado José Guillermo Herrera Mendoza, el cual fue sustituido en la SECOM en julio de 2011 por Raúl Zarrabal Ferat y pasó a la jefatura de la Oficina del Programa de Gobierno, donde en abril de este año fue relevado por Ranulfo Márquez Hernández, a quien como ex secretario de Protección Civil y ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente también le resultaría responsabilidad por el manejo de los recursos federales del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
Y es que, según la ASF, no se documentó de manera suficiente la aplicación de al menos 224.1 millones de pesos de los recursos transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como parte del Fonden para la reparación de la infraestructura dañada por diversos fenómenos climatológicos ocurridos de mayo a noviembre de 2009 en Veracruz.
Esta situación ha alimentado obviamente los rumores de posibles movimientos en el gabinete estatal que arreciaron después de las elecciones federales del pasado 1 de julio. Precisamente el más insistente ha sido el del presunto cambio en la Secretaría de Comunicaciones del estado, donde aún despacha el ex diputado local Zarrabal Ferat, por cuyas aspiraciones a la alcaldía de Boca del Río se veía natural su inminente salida.
Sin embargo, ha trascendido que la posible separación de Zarrabal se debería más bien a la bomba legal que estaría en manos de la Procuraduría General de la República.
NUEVA REVISTA
Dirigida por la periodista Amigzaday López Beltrán, a partir de este domingo 2 de septiembre comenzará a circular por el ciberespacio una nueva revista digital. Léala en “revistaera.com”. Sin las comillas, por supuesto.