19 de septiembre de 2012
alcalorpolitico.com
La inseguridad, en especial en estos tiempos, es un problema, un riesgo que atañe a quienes en provincia ejercemos el periodismo. En Veracruz ha golpeado, y fuertemente, a nuestro gremio. Las víctimas directas han sido varios de nuestros compañeros y las indirectas sus familiares.
Precisamente ayer en el portal de El Universal se publicó una amplia y documentada nota informativa dando cuenta de que compañeros periodistas han tenido que salir huyendo de sus estados, Veracruz uno de ellos, víctimas de amenazas, para irse a refugiar a la Ciudad de México.
Por eso no pudo haber sido más oportuno el convenio de colaboración que firmó por la tarde en la Casa de Gobierno el gobernador Javier Duarte de Ochoa con la Secretaría de Gobernación para la aplicación del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y de Periodistas.
En una reunión a la que asistieron concesionarios y directivos de radio y televisión así como propietarios y directivos de medios informativos escritos y virtuales, en especial de las ciudades de Xalapa y Veracruz, se signó el compromiso, por parte de la dependencia federal la titular de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Omeheira López Reyna, bastante joven por cierto (y guapa, por qué no reconocerlo).
No dejó de llamarme la atención la asistencia del oficial de Derechos Humanos de la oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Alan García Campos, y la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, además de la relatora de la Libertad de Expresión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, Laura Salas Sánchez, lo que, para mí, es garantía de la preocupación por atender el problema por parte de las instancias de gobierno y de organismos internacionales sin importar su origen político.
Y es que la inseguridad, que amenaza lo mismo a los defensores de los derechos humanos que a los periodistas, no distingue colores, banderías políticas ni signos partidistas y por eso no puede verse con malos ojos que se conjunten esfuerzos para proteger, hasta donde se pueda, en especial a mis compañeros periodistas y a quienes hacemos uso de la libertad de expresión, por el mero hecho de cumplir con su trabajo.
La funcionaria federal, Omeheira López Reyna fue breve. Resaltó que el convenio es un mecanismo de protección para garantizar la integridad física de los periodistas, que contempla mejores medidas de acción, pero me llamó la atención algo que señaló el gobernador Duarte: que en el Gobierno de Veracruz se sabe que la única manera de superar los problemas es reconocerlos y atender sus causas y consecuencias.
En efecto, a juicio mío, no puede ser de otra manera. No por manido deja de ser válido el dicho aquel de que para curar a un enfermo primero se tiene que empezar por éste reconozca que lo está. O sea, se tiene que partir de la realidad. Y Veracruz libra una batalla, cruenta a veces, abierta, contra la delincuencia organizada, a partir, como recordé aquí el viernes pasado, de que la noche del 10 de agosto de 2011 el gobernador Duarte de Ochoa sorprendió a los veracruzanos admitió públicamente, sin ambages, que “En los últimos días hemos sido testigos de acontecimientos que han afectado la convivencia armónica de nuestra sociedad. Eventos que reflejan la presencia de grupos delictivos que realizan actividades criminales en diversos puntos del territorio”. Lo relevante, sigo creyendo, fue que por primera vez, a mi juicio en forma responsable, reconoció una realidad que hasta entonces oficialmente se había venido negando que existiera.
Se podría decir que este convenio llega tarde tomando en cuenta el número de periodistas víctimas de la violencia, de la delincuencia organizada. Siempre será de lamentar el saldo fatal y de guardar con respeto, amistad y admiración la memoria por nuestros compañeros caídos en el ejercicio de la profesión o a causa de ella. Puede haber llegado tarde, por ellos. Pero lo cierto también es que el peligro, la amenaza, el riesgo se mantienen latentes y aunque pudiera ser tarde, qué bueno que tanto el Gobierno federal como ahora el estatal firman un compromiso para velar por quienes continuamos, que de todas formas nada tendrá éxito si nosotros mismos no creamos nuestro propio protocolo personal de seguridad y nos conducimos conforme a él.
Ahora sí, no hay peor lucha que la que no se hace. Y la suerte, la seguridad, la tranquilidad, la vida de mis compañeros bien valen cualquier intento. En lo personal, saludo con agrado que se haga algo, que ya se tenga algo concreto, y que seguramente, por las circunstancias mismas que nos rodean, los concesionarios, propietarios, editores y directivos de medios serán informados oportunamente y en corto de las medidas que se ofrecen, que se contienen en el convenio. Qué sea para bien del periodismo en general, en especial del de Veracruz.
Aparte de la coordinadora general de Comunicación Social, Gina Domínguez, los funcionarios estatales presentes fueron de áreas de seguridad y derechos humanos: el secretario de Gobierno Gerardo Buganza Salmerón, el secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita, el Procurador General de Justicia Felipe Amadeo Flores Espinosa y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Luis Fernando Perera Escamilla.
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