La reforma municipal ha sido por años uno de los temas menos atendidos y más necesarios para la promoción del desarrollo. Al ser el municipio y los ayuntamientos un espacio de primer orden para el ejercicio de ciudadanía, ofrece un abanico de posibilidades para construir nuevos esquemas de organización y participación que fortalezcan el tejido social e institucional y contribuyan al tan promocionado y poco sentido desarrollo local, regional y estatal.

El fortalecimiento y la renovación de la vida municipal pasa necesariamente por hacer efectivo el tan regateado federalismo que aún no pasa de su carácter declarativo. En México mantenemos esquemas de interacción en los que estados y municipios siguen dependiendo de las negociaciones de los legisladores en la Cámara de Diputados federal, del empuje y cabildeo de los gobernadores en los debates sobre el presupuesto y de coyunturas políticas propicias para arrancar más recursos al gobierno federal. Sin embargo, hoy por hoy lo urgente es buscar los mecanismos legales que hagan posible que los gobiernos municipales cuenten con mayores ingresos.

En el plano estatal la situación no es mejor. Los estados tienen a los municipios en una pronunciada dependencia. Los gobiernos de los estados ven a los ayuntamientos más como dependencias de su administración que como entidades de gobierno autónomo. Aún con la alternancia en el poder que se vive en el ámbito municipal, los ayuntamientos en muchos sentidos son prácticamente dependientes de los gobernadores. La posibilidad de llevar a cabo inversiones productivas en determinadas comunidades, en zonas susceptibles de detonar economías de escala, en desarrollar proyectos para empresas familiares, entre otros, se enfrenta a la previa definición del destino y aplicación de recursos por parte de la administración estatal.


Ante las limitaciones económicas, los ayuntamientos ven menguada su capacidad para ejercer muchas de sus funciones. Ahogados las más de las veces en penurias económicas y con severas limitaciones para revertir la situación, los gobiernos municipales se han convertido, por regla general, en administradores dedicados a la prestación de los servicios públicos y a ejecutar o ver como se realizan las obras que son decididas en los niveles estatal o federal. Además de que no puede soslayarse que, con sus honrosas excepciones, la dinámica del ejercicio de gobierno municipal está marcado por la improvisación, el derroche y la falta de una adecuada planeación, programación y control de sus presupuestos que da lugar a las historias ya conocidas de graves problemas en las revisiones de sus cuentas públicas, de los salarios estratosféricos que se asignan los alcaldes o de los casos documentados y no sancionados de nepotismo, desvío de recursos o negocios al amparo del cargo.

En la práctica, y a manera de ejemplo, resulta penoso observar cómo muchos alcaldes de los municipios menos desarrollados y económicamente débiles, que son la mayoría, pasan días y largas horas haciendo antesala en las oficinas de las principales dependencias gubernamentales gestionando diversos asuntos. Pareciera que acuden ante los otros niveles de gobierno a suplicar apoyos económicos o a negociarlos en situación de extrema desventaja, expuestos, como casi siempre ocurre, a que se les dé un trato que dista mucho del que deben recibir como autoridades gubernamentales.

Este conjunto de factores evidencia la urgente necesidad de revalorizar el papel de los ayuntamientos y de revisar el esquema en el que operan los tres niveles de gobierno para reivindicar al municipio como la base de nuestra organización política.


Las crecientes demandas de una sociedad plural y participativa requieren de una respuesta puntual pero sobre todo efectiva de parte de las autoridades y funcionarios de los ayuntamientos. La participación ciudadana en la gestión del gobierno local se ha convertido en una necesidad ineludible de nuestro tiempo. Forma parte de los grandes retos de la modernización política de la institución municipal, tan urgente como se ha desarrollado la democracia electoral en el país. Es pertinente entonces buscar mecanismos viables para que los ayuntamientos se vinculen de manera más amplia con la sociedad y superar las tensiones políticas derivadas de la incapacidad de la mayoría de los gobiernos municipales para operar como instituciones incluyentes.

La reforma municipal que hace falta implica acercar al gobierno local al ciudadano. Para lograrlo, se necesita en primer lugar que se redefina la autonomía municipal a través de la descentralización de recursos y competencias, y la creación de instancias de orden legislativo, o por lo menos deliberativo, que logre mayores equilibrios. Es preciso, además, que se generen nuevos modelos de participación ciudadana ajenos a la lógica del autoritarismo, el populismo, el clientelismo electoral o la demagogia que han marcado las políticas en la materia. El ideal es que existan espacios de participación social que permitan una mayor incidencia en la toma de decisiones y se fortalezca el escrutinio y fiscalización ciudadanas en el correcto ejercicio del gasto público y en el cumplimiento de metas y programas.

El relevo en el gobierno federal y las ofertas del mandatario electo Enrique Peña Nieto de impulsar un conjunto de reformas estructurales de fondo, abre la posibilidad de que se discuta la redistribución de competencias fiscales de los tres niveles de gobierno. Se trataría de alcanzar los acuerdos que permitan a las administraciones municipales contar con mayores ingresos propios para fortalecer su capacidad de respuesta ante las crecientes demandas de obras de infraestructura y de fomento al desarrollo económico para incidir en mejores niveles de vida de la población.


Mientras ello no se aterrice, el municipio autónomo y autosuficiente, eficiente en su administración y desarrollo social, que responda con oportunidad a las demandas de la gente, seguirá siendo una aspiración constitucional y materia para promesas de campaña.

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