Después de que el gobernador Javier Duarte de Ochoa presente ante el Congreso local su segundo informe de gobierno, el próximo 15 de noviembre, es muy probable que el mandatario veracruzano empiece a realizar otros ajustes en su gabinete.

 

En algunos casos, los movimientos tendrán que ver con el proceso electoral local de 2013, pues hay secretarios de despacho, subsecretarios y otros funcionarios que aspiran a las diputaciones y presidencias municipales de sus terruños.

 

Otros, que aparentemente ya no tienen más que aportar al gobierno de la Prosperidad, podrían irse después de las fiestas navideñas.

 

El caso de Arturo Bermúdez Zurita, secretario de Seguridad Pública del estado, es un caso muy especial que debe analizarse aparte, pues si en efecto se concretara su renuncia no sería precisamente por inepto y mucho menos por desleal.

 

Y es que la relación política y personal entre Bermúdez y Duarte de Ochoa, que data desde la sucesión estatal de 2004, se fortaleció en el sexenio anterior a grado tal que el actual titular de la SSP fue uno de los operadores más confiables en el proyecto sucesorio del ex secretario de Finanzas y Planeación, primero para arrasar en el distrito electoral de Córdoba, en los comicios federales de 2009, y posteriormente para la candidatura priista y la elección de gobernador.

 

Sin embargo, después del accidente aéreo ocurrido el pasado 4 de agosto en la comunidad serrana de La Rosa, municipio de Tlaxco, en el estado de Tlaxcala –en el que salió afortunadamente ileso gracias a la pericia del piloto aviador Alfonso Díaz Pineda, quien tripulaba el helicóptero Bell 407, matrícula XC-SSP–, Bermúdez Zurita, presuntamente, habría decidido dejar el cargo por presiones de su familia.

 

La versión que corre es que Bermúdez renunciaría como titular de la SSP pero seguiría cerca del gobernador Duarte en otra posición de bajo perfil que ya no lo exponga al mismo riesgo que actualmente corre.

 

Hasta la fecha, el funcionario duartista ha intentado cumplir cabalmente con la encomienda recibida del jefe del Poder Ejecutivo estatal, aún a costa de su propia seguridad y la de su familia.

 

Como secretario de Seguridad Pública del estado se ha coordinado también con las fuerzas federales que siguen combatiendo sin concesiones a las bandas de la delincuencia organizado asentadas en la entidad desde sexenios anteriores.

 

Y en ese cometido se ha empleado a fondo en la depuración de los propios cuerpos policiacos del estado.

 

 

 

Este domingo 23, por ejemplo, a muy temprana hora fueron convocados elementos operativos de Seguridad Pública, tanto antiguos como de recientes generaciones, a un acto que se realizaría en el patio central del cuartel “Heriberto Jara Corona”, ubicado detrás de la parroquia de San José, en el centro histórico de Xalapa.

 

Pero al término de dicho acto, los uniformados de la SSP se vieron rodeados repentinamente por elementos del Ejército y de la Marina Armada de México, lo cuales los desarmaron y subieron a un autobús en el que fueron trasladados a la ciudad de México.

 

Los policías estatales subieron al vehículo creyendo que los llevaban a un curso de capacitación en los centros de adiestramiento de las fuerzas federales.

 

Sin embargo, luego de entregar sus armas también fueron despojados de sus teléfonos celulares, por lo que ya no pudieron establecer comunicación con sus familiares y amigos.

 

Ayer lunes, muy temprano, la Secretaría de Marina emitió un comunicado de prensa en el que informaba sobre la detención de 35 policías estatales detenidos en San Luis Potosí y Veracruz, por sus presuntos nexos con el cartel de Los Zetas.

 

De éstos, 19 son de los que por engaños, sin disparar un solo balazo, se llevaron la mañana de este domingo de Xalapa.

 

Un litigio muy parecido al que actualmente mantienen por la custodia de sus hijos la ciudadana francesa Maude Versini y su ex esposo Arturo Montiel, ex gobernador mexiquense y tío del presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, es el que se está dando también en Veracruz con un miembro de la empoderada familia Yunes, cuyos encumbrados miembros mantienen fuertes nexos políticos y de amistad con magistrados y jueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

 

Según denunció la señora Fabiola González Rodríguez, el Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Armando Virgen Alcalá, nuevamente evadió cumplir la sentencia de amparo concedida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se le ordenaba entregar físicamente a sus dos hijas menores que procreó con el señor Jesús Yunes García, primo hermano del senador panista Fernando Yunes Márquez, y sobrino del ex candidato del PAN a gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, y del senador priista Héctor Yunes Landa.

 

El juicio de Amparo 502/2012 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito del Poder Judicial de la Federación con sede en Xalapa estableció al Tribunal Superior de Justicia del Estado, entre otros aspectos, “…5. Deberá poner de manera inmediata a disposición de la madre a las menores Yunes González. 6. Gire de inmediato oficio al juez de Primer grado en el que se ordene poner a disposición de la madre Fabiola González Rodríguez la entrega de las menores referidas”.

 

Sin embargo, según acusó la agraviada, el juez Armando Virgen Alcalá desacató lo ordenado por la justicia federal y dio otra interpretación y giró un oficio a la Agencia Veracruzana de Investigación (AVI): que será Ibis Domínguez Maldonado, procurador de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena del puerto de Veracruz, quien “vigilará que es deseo de las menores irse con su madre Fabiola González Rodríguez y para el caso de ser así, sin coacción ni violencia alguna, se haga entrega de las menores de apellidos Yunes González. En caso contrario atendiendo al interés superior de las menores y en cumplimiento a lo ordenado... se optará por señalar día y hora para celebración de una audiencia”.