11 de octubre de 2012
alcalorpolitico.com
La detención, en febrero de este año, de cuatro integrantes de Los Zetas en el norte del país puso al descubierto desde entonces que las operaciones de esta organización criminal eran ejecutadas –y no sólo solapadas– por elementos del Ejército Mexicano, de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la Policía Federal (PF), así como por las policías estatales y municipales de Coahuila y de Nuevo León.
En Progreso, Coahuila, entidad que hasta principios del año pasado gobernó Humberto Moreira –quien como dirigente nacional del PRI allanó la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto–, habría sido abatido durante un enfrentamiento con elementos de la Marina Armada de México el capo Heriberto Lazcano, (a) El Lazca, fundador y máximo líder del grupo de sicarios que originalmente surgió como el brazo armado del Cártel del Golfo, liderado entonces por Osiel Cárdenas Guillén.
No obstante, la versión oficial difundida por la Secretaría de Marina ha generado dudas y suspicacias, ya que existe contradicción entre algunas características fisonómicas de Lazcano y el cadáver del supuesto jefe de Los Zetas que fue robado de una agencia funeraria de Sabinas, Coahuila, por un comando armado la madrugada de este lunes 8.
Sin embargo, desde hace ocho meses se sabía que en la entidad que viene gobernando la familia Moreira desde 2005 el grupo criminal de Lazcano tenía infiltrada a toda la estructura de seguridad.
Y es que de acuerdo con la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/041/2012, integrada el 8 de febrero de este año, soldados de la Sexta Zona Militar ejecutaban a ciudadanos que denunciaban a criminales, y desaparecían sus cuerpos, además de ocultarle a la PGR cargamentos de droga.
La indagatoria añadía que lo mismo hacían agentes de la Policía Federal, quienes asimismo identificaban y enfrentaban a los adversarios de Los Zetas, colocaban puestos de vigilancia donde éstos les indicaban y custodiaban cargamentos. Además, establecían las nóminas de las Fuerzas Federales de Apoyo (FFA) que de manera temporal enviaba el gobierno del presidente Calderón para combatir al narco.
Por su parte, otros efectivos de la PGR y la AFI, con sobornos a todos niveles, se encargaban de consignar con cargos débiles a los miembros de Los Zetas, liberar a los que estaban detenidos e informar a los jefes sobre todo tipo de denuncias, incluidas las anónimas.
En Coahuila, el teniente coronel Manuel de Jesús Cícero Salazar, quien se desempeñó como titular de la Policía Estatal Operativa y protegió a Los Zetas, era recomendado del secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván.
La corrupción en la Fiscalía General del Estado (FGE), que concentra la anterior Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública coahuilenses, era conocida desde hace años por el presidente Calderón, cuyo gobierno no actuó hasta la segunda quincena de febrero.
Precisamente la mañana del 15 de ese mes, en las instalaciones de la FGE los federales detuvieron al comandante ministerial Sergio Tobías Salas, y al policía estatal Julio César Ruiz Esquivel, quienes también se encargaron de ejecutar y desaparecer personas. Horas después cayó la subdelegada de la PGR en Saltillo, Claudia González López, quien fue trasladada a la ciudad de México. Los tres, como Cícero, fueron acusados de colaborar con Los Zetas y ocho días después se les dictó formal prisión.
Las declaraciones incriminatorias de los soldados y oficiales detenidos en marzo de 2011 revelaron cómo el poder corruptor de Los Zetas escaló por toda la estructura de la Sexta Región Militar, con sede en Saltillo, hasta llegar al general Juan Manuel Vallejo Malibrán, quien se desempeñaba como jefe del Estado Mayor en la zona y luego fue enviado a Guanajuato.
Así, el miércoles 8 de febrero, la Procuraduría General de la República inició la averiguación previa 041/2012, acumulando testimoniales y probanzas de las averiguaciones 197/2011 y 101/2011, esta última integrada tras la detención, el 12 de marzo de 2011, de Pedro Toga Lara y Gerardo Hernández Sánchez, identificados como mandos de Los Zetas, los cuales terminaron como testigos protegidos de la PGR, ante la cual incriminaron a soldados, sargentos, subtenientes y tenientes, los cuales figuraban en la narco nómina con sueldos de 20 mil hasta 50 mil pesos mensuales.
En Coahuila, el peón de Los Zetas era el teniente coronel retirado Manuel de Jesús Cícero Salazar, quien formaba parte del llamado “Modelo Coahuila”, un programa coordinado por la periodista Isabel Arvide, que consistía en la designación de 11 generales, cinco coroneles, nueve mayores y otros oficiales que sumaban 200, todos en retiro, a quienes se les entregaron todas las jefaturas de seguridad pública municipales. En 2008, Cícero Salazar fue designado titular de Seguridad Pública en Ramos Arizpe, municipio conurbado a Saltillo.
En febrero de 2010, Arvide describió que “todos los jefes militares, dentro de este modelo, vienen comisionados, después de pasar pruebas de confianza, por la Secretaría de la Defensa Nacional. La mayoría han sido compañeros generacionales del general Galván, han servido bajo sus órdenes o han coincidido con su mando en diversas comisiones”.
Las policías estatales, los penales y las jefaturas de los municipios se llenaron de militares que operaron con total libertad y gozaron de vehículos blindados, armas de alto poder, viáticos, seguros y sobresueldos que nunca se transparentaron. Su jefe moral era el entonces comandante de la región militar general Mario Marco Antonio González Barrera, quien después fue nombrado inspector y contralor general de la Sedena, el mismo cargo que ocupó el general Sergio López Esquer antes de ser designado secretario de Seguridad Pública en Veracruz, puesto al que llegó a finales del sexenio anterior y tuvo que dejar el año pasado luego de salir ileso de un atentado en las inmediaciones del aeropuerto jarocho “Heriberto Jara Corona”.
En Coahuila, hasta el ex procurador Jesús Torres Charles fue señalado de estar coludido con el hampa, pero el gobernador Humberto Moreira lo sostuvo en la Fiscalía desde 2010 pese a que según la periodista Arvide, el ex dirigente priista habría sido advertido personalmente de las andanzas de su colaborador por el propio presidente Calderón.
Hace una semana, el pasado miércoles 3, fue ejecutado en Ciudad Acuña José Eduardo Moreira, de 26 años de edad, hijo mayor del ex gobernador y ex presidente del CEN del PRI. Y cuatro días después, el domingo 7, habría sido abatido en Progreso, Coahuila, el máximo jefe de Los Zetas en un enfrentamiento con elementos de la Marina, la única institución armada que hasta ahora el Cártel de Humberto Lazcano no había podido infiltrar ni cooptar.
En Progreso, Coahuila, entidad que hasta principios del año pasado gobernó Humberto Moreira –quien como dirigente nacional del PRI allanó la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto–, habría sido abatido durante un enfrentamiento con elementos de la Marina Armada de México el capo Heriberto Lazcano, (a) El Lazca, fundador y máximo líder del grupo de sicarios que originalmente surgió como el brazo armado del Cártel del Golfo, liderado entonces por Osiel Cárdenas Guillén.
No obstante, la versión oficial difundida por la Secretaría de Marina ha generado dudas y suspicacias, ya que existe contradicción entre algunas características fisonómicas de Lazcano y el cadáver del supuesto jefe de Los Zetas que fue robado de una agencia funeraria de Sabinas, Coahuila, por un comando armado la madrugada de este lunes 8.
Sin embargo, desde hace ocho meses se sabía que en la entidad que viene gobernando la familia Moreira desde 2005 el grupo criminal de Lazcano tenía infiltrada a toda la estructura de seguridad.
Y es que de acuerdo con la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/041/2012, integrada el 8 de febrero de este año, soldados de la Sexta Zona Militar ejecutaban a ciudadanos que denunciaban a criminales, y desaparecían sus cuerpos, además de ocultarle a la PGR cargamentos de droga.
La indagatoria añadía que lo mismo hacían agentes de la Policía Federal, quienes asimismo identificaban y enfrentaban a los adversarios de Los Zetas, colocaban puestos de vigilancia donde éstos les indicaban y custodiaban cargamentos. Además, establecían las nóminas de las Fuerzas Federales de Apoyo (FFA) que de manera temporal enviaba el gobierno del presidente Calderón para combatir al narco.
Por su parte, otros efectivos de la PGR y la AFI, con sobornos a todos niveles, se encargaban de consignar con cargos débiles a los miembros de Los Zetas, liberar a los que estaban detenidos e informar a los jefes sobre todo tipo de denuncias, incluidas las anónimas.
En Coahuila, el teniente coronel Manuel de Jesús Cícero Salazar, quien se desempeñó como titular de la Policía Estatal Operativa y protegió a Los Zetas, era recomendado del secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván.
La corrupción en la Fiscalía General del Estado (FGE), que concentra la anterior Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública coahuilenses, era conocida desde hace años por el presidente Calderón, cuyo gobierno no actuó hasta la segunda quincena de febrero.
Precisamente la mañana del 15 de ese mes, en las instalaciones de la FGE los federales detuvieron al comandante ministerial Sergio Tobías Salas, y al policía estatal Julio César Ruiz Esquivel, quienes también se encargaron de ejecutar y desaparecer personas. Horas después cayó la subdelegada de la PGR en Saltillo, Claudia González López, quien fue trasladada a la ciudad de México. Los tres, como Cícero, fueron acusados de colaborar con Los Zetas y ocho días después se les dictó formal prisión.
Las declaraciones incriminatorias de los soldados y oficiales detenidos en marzo de 2011 revelaron cómo el poder corruptor de Los Zetas escaló por toda la estructura de la Sexta Región Militar, con sede en Saltillo, hasta llegar al general Juan Manuel Vallejo Malibrán, quien se desempeñaba como jefe del Estado Mayor en la zona y luego fue enviado a Guanajuato.
Así, el miércoles 8 de febrero, la Procuraduría General de la República inició la averiguación previa 041/2012, acumulando testimoniales y probanzas de las averiguaciones 197/2011 y 101/2011, esta última integrada tras la detención, el 12 de marzo de 2011, de Pedro Toga Lara y Gerardo Hernández Sánchez, identificados como mandos de Los Zetas, los cuales terminaron como testigos protegidos de la PGR, ante la cual incriminaron a soldados, sargentos, subtenientes y tenientes, los cuales figuraban en la narco nómina con sueldos de 20 mil hasta 50 mil pesos mensuales.
En Coahuila, el peón de Los Zetas era el teniente coronel retirado Manuel de Jesús Cícero Salazar, quien formaba parte del llamado “Modelo Coahuila”, un programa coordinado por la periodista Isabel Arvide, que consistía en la designación de 11 generales, cinco coroneles, nueve mayores y otros oficiales que sumaban 200, todos en retiro, a quienes se les entregaron todas las jefaturas de seguridad pública municipales. En 2008, Cícero Salazar fue designado titular de Seguridad Pública en Ramos Arizpe, municipio conurbado a Saltillo.
En febrero de 2010, Arvide describió que “todos los jefes militares, dentro de este modelo, vienen comisionados, después de pasar pruebas de confianza, por la Secretaría de la Defensa Nacional. La mayoría han sido compañeros generacionales del general Galván, han servido bajo sus órdenes o han coincidido con su mando en diversas comisiones”.
Las policías estatales, los penales y las jefaturas de los municipios se llenaron de militares que operaron con total libertad y gozaron de vehículos blindados, armas de alto poder, viáticos, seguros y sobresueldos que nunca se transparentaron. Su jefe moral era el entonces comandante de la región militar general Mario Marco Antonio González Barrera, quien después fue nombrado inspector y contralor general de la Sedena, el mismo cargo que ocupó el general Sergio López Esquer antes de ser designado secretario de Seguridad Pública en Veracruz, puesto al que llegó a finales del sexenio anterior y tuvo que dejar el año pasado luego de salir ileso de un atentado en las inmediaciones del aeropuerto jarocho “Heriberto Jara Corona”.
En Coahuila, hasta el ex procurador Jesús Torres Charles fue señalado de estar coludido con el hampa, pero el gobernador Humberto Moreira lo sostuvo en la Fiscalía desde 2010 pese a que según la periodista Arvide, el ex dirigente priista habría sido advertido personalmente de las andanzas de su colaborador por el propio presidente Calderón.
Hace una semana, el pasado miércoles 3, fue ejecutado en Ciudad Acuña José Eduardo Moreira, de 26 años de edad, hijo mayor del ex gobernador y ex presidente del CEN del PRI. Y cuatro días después, el domingo 7, habría sido abatido en Progreso, Coahuila, el máximo jefe de Los Zetas en un enfrentamiento con elementos de la Marina, la única institución armada que hasta ahora el Cártel de Humberto Lazcano no había podido infiltrar ni cooptar.