En los años setenta, un dirigente nacional del partido gobernante sentenció que primero sería el programa y luego el hombre –es decir el candidato-. El presidente de la república, entonces, se encargó de echar abajo la sentencia. Hoy, no es lo mismo, el programa de gobierno parece tan importante como la selección de los colaboradores que lo han de ejecutar. Las iniciativas preferentes, de pronta resolución en el Congreso, referidas a la ley laboral y la de contabilidad gubernamental - que incluye a los estados- anuncian de algún modo los acuerdos entre la administración saliente y la entrante en vías al próximo plan sexenal.

Planificar el desarrollo del país ha sido una intención explícita en la ley desde 1930. En 1983 se modificaron los artículos 25 y 26 de la Constitución para darle al Estado Mexicano la rectoría del desarrollo económico y la responsabilidad de organizar un sistema nacional de planificación y otro de información que diera sustento a ese.

La obligación legal que tienen los ejecutivos federales, estatales y municipales de planificar, se cumple en México cuando menos en el papel. Cada seis o tres años se diseñan o se copian planes y programas, que generalmente tratan de alejarse de los anteriores. Nadie quiere mirar lo que el otro hizo, dejó de hacer o entregó a medias, a menos que le vaya a caer encima la obra inconclusa.


La suerte de los planes y programas en México se juega en la mesa de quienes los elaboran –la autoridad- y de sus destinatarios –los ciudadanos-. Cuando el plan no es un mero ejercicio para cumplir el trámite legal cubre cuando menos los siguientes procesos: identifica la problemática interna y su entorno; establece las prioridades y urgencias; considera y calcula los recursos que tendrá para emprender las acciones o las obras prioritarias; organiza los mandos y los controles para el seguimiento y la ejecución; evalúa y ajusta periódicamente la relación de recursos con las metas previstas. Paralelamente diseña un sistema de consulta e información para recoger las opiniones ciudadanas, transparentar los procesos y rendir las cuentas.

Los procesos de planeación federales, estatales o municipales se atoran o se cancelan cuando los responsables de llevarlos a cabo centran su actuación en eventos u obras de fácil ejecución –para la fotografía diaria-. La carencia de recursos es hasta hoy la principal excusa para no realizar en nuestras ciudades, entidades y país las acciones y las obras prioritarias.

Las nuevas autoridades federales enviarán al Congreso las iniciativas pendientes del sexenio feneciente: reforma fiscal, inversión mixta en el sector energético, nueva regulación en comunicaciones, incentivos a la competencia y a la inversión; ajustes y ampliación a la seguridad social; así se anuncia en los medios. Lo que no se vislumbra es una reforma seria del sector educativo; si las normas y las prácticas educativas siguen igual, se estará apostando al desarrollo económico solamente. Mala suerte para el futuro de la nación, no tendrá lo que más necesita: una mayoría de ciudadanos formados e informados con calidad.