¿Se imagina usted lectora, lector, a los Chedraui recibiendo dinero en forma de apoyo del programa Oportunidades, el programa de asistencia social del gobierno federal para los pobres del país? En un equivalente, más o menos, de lo que denuncia ayer el diario porteño Notiver cuando informa que integrantes de la familia del empresario Valentín Ruiz (“casi todos”), el Carlos Slim veracruzano, radicados y ampliamente conocidos en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, están inscritos y reciben dinero, apoyos del Procampo, el programa de asistencia social del gobierno federal de apoyo al agro.

 

En una relación del programa correspondiente a este año, en el rubro componente: modernización de maquinaria agropecuaria, que obtuvo y publica el rotativo, aparecen inscritos y beneficiados los señores Francisco José Ruiz Anitúa, María Esther Ruiz Anitúa, Javier Antonio Ruiz Anitúa, Valentín Manuel Ruiz Anitúa y Valentín Manuel Ruiz Ortiz, quienes recibieron en apoyo las cantidades de 110 mil, 109 mil, 110 mil, 92 mil y 110 mil pesos, respectivamente.

 

El primer párrafo de la nota informativa, firmada por Manuel Hernández, resume todo: “El gobierno federal, en vez de beneficiar a los campesinos se dedica a otorgar beneficios a los millonarios, tal es el caso del programa PROCAMPO, en el cual en el padrón de beneficiarios aparece el empresario veracruzano Valentín Ruiz Ortiz y toda la familia”.

 

Legalmente, de acuerdo a la normatividad que rige al Procampo, los millonarios Ruiz no estarían o no están fuera de la legalidad, pero a todas luces su comportamiento en este caso es moral y éticamente reprobable; un abuso y una burla al amparo de la complacencia y complicidad del gobierno federal, casi un acto de corrupción más.

 

La crítica situación de los verdaderos hombres del campo, su pobreza y hasta su miseria se agudizaron a raíz de la firma del Tratado de libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Al desgravarse el sector, los productos agrícolas del norte de América inundaron el territorio nacional a precios muy bajos debido a los subsidios que recibe el campo por parte del gobierno estadounidense. El Procampo nació con el objetivo de “compensar a los productores nacionales por los subsidios que reciben sus competidores extranjeros”.

 

Se entendería que es un programa para quienes realmente están urgidos, necesitados de apoyo, o sea los campesinos, ejidatarios, pequeños propietarios, acaso los medianos que viven realmente del campo y de sus productos y que a causa del TLC resultaron afectados porque no tienen otra forma de compensar la competencia desigual con los productos subsidiados del exterior y por lo tanto no tienen tampoco otra forma de subsistir. Para muchos de los afectados, miles, acaso millones, se trata de casos hasta de sobrevivencia, de ellos y de sus familias. Esos son los que necesitan los apoyos de Procampo, ¿pero los multimillonarios Ruiz?

 

Para una idea de quiénes son estos pobretones ricos, el jefe del clan, el señor Ruiz Ortiz, es presidente y director general de Grupo Empresarial Herro y ha sido presidente de la Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz y el Consorcio INTRA, que comprende empresas del ramo turístico, hotelero, industrias de explotación y transformación minera, ha sido concesionario cervecero, tiene la concesión de la autopista Xalapa-Veracruz, se ha especializado en la venta de fraccionamientos de lujo y de su poderío como constructor hablan algunas de sus obras: el estadio Luis “Pirata” Fuente, los fraccionamientos Virginia, Los Pinos, Las Vegas 1 y 2, Hípico, Club de Golf Villa Rica y los hoteles Fiesta Americana y Fiesta Inn.

 

Asiduo a aparecer junto con miembros de su familia en renombradas revistas de la más alta clase social de país y calificado por los redactores como miembro de las “mejores familias veracruzanas”, por lo que se advierte, el señor Ruiz Ortiz y los demás miembros de su familia no tienen ni sienten ningún rubor de estar usufructuando recursos de programas sociales, de todos los mexicanos, para los verdaderamente necesitados. No sería nada raro que ahora mismo estuvieran reponiéndose de tanto sacrificio en algún balneario de Miami o celebrando en su mansión mínimo con champaña.

 

¿Quién los recomendó o quién los aprobó y a cambio de qué para disfrutar del privilegio de verse como pobretones o jodidos? Notiver, como siempre, cumpliendo su función social: denunciado, se trate de quien se trate.

 

Por lo que se lee, supura pus la Oficina de Visitantes y Convenciones (OVC) del gobierno del estado. Ayer, el secretario de Finanzas, Tomás Ruiz González, reveló que se están revisando los contratos de la OVC para definir cuáles y cuántos se pagarán y cuáles y cuántos no, pues se han detectado algunos con irregularidades.

 

Al respecto, el nuevo titular de la Oficina, Sergio Pazos Navarrete, ha señalado irregularidades detectadas en contratos, debido a lo cual la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) no ha liberado los recursos del impuesto del dos por ciento al hospedaje (la OVC fue creada durante la administración del gobernador Miguel Alemán Velazco y está encargada de administrar los recursos del fideicomiso de ese impuesto, el cual está destinado exclusivamente para promoción turística).

 

Ayer, al ser entrevistado, el titular de Finanzas declaró que se revisan con detalles las obligaciones del citado organismo para cubrir en tiempo y forma las que proceden, “pero si se trata de contratos los cuales no reúnen los requisitos no serán cubiertos”. ¡Zuku! ¿Qué indicaría esto? Que existen irregularidades. Que en la obtención y en el otorgamiento de servicios no se cumplió con las nomas y con los requisitos y entonces cabe preguntar por qué entonces se otorgaron esos contratos y/o a cambio de qué.

 

En diversas declaraciones a la prensa, los prestadores de servicios turísticos se han quejado y han denunciado que no saben qué se hizo con los recursos destinados al sector producto del citado impuesto y que hubo malos manejos con ese dinero.

 

“Se ha dado vista a la Contraloría del Estado para que revise si existe algún tipo de conducta que deba ser objeto de análisis y en su caso de sanciones; será la Contraloría del Estado la competente precisamente para determinarlo”, dijo el secretario de Finanzas.

 

En pocas palabras, el balón está en la cancha de la Contraloría General del Estado, que a ver si ahora sí da color.