1 de noviembre de 2012
alcalorpolitico.com
¿Puede, una familia como la Ruiz Ortiz –de las más acaudaladas del puerto de Veracruz–, ser beneficiarios de los estímulos económicos y otros subsidios del Programa de Apoyo para el Campo (Procampo) que otorga el gobierno federal a los productores rurales?
Sí, según ha dicho el delegado estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (Sagarpa), José Vicente Ramírez Martínez, quien entrevistado al respecto declaró que si en las reglas de operación del Procampo “se estableciera que no se podrán dar apoyos a equis personas que tengan un ingreso mayor a, eso sería una limitante, pero no lo hay, todos los que se dedican a una actividad agropecuaria tienen derecho a estos apoyos, ya que con esto se busca estimular al sector agropecuario”.
“¿Pero tiene a toda la familia (Ruiz Ortiz) incluida en los programas de apoyo?”, le preguntaron los reporteros xalapeños al funcionario federal, quien fue entrevistado sobre este asunto en la conferencia de prensa convocada el pasado lunes 29 para dar a conocer los alcances del Sistema de Información de Comercio Exterior del Sector Agroalimentario.
- “Sí. Si todos los familiares se dedican a actividades agropecuarias tienen derecho, no se los podemos evitar”, respondió.
- ¿Es legal el apoyo?, le insistieron los comunicadores.
- “Sí. No tienen por qué espantarse. Es un acto legal si ellos se dedican a la agricultura y requieren de apoyos no está prohibido”, puntualizó.
-Si para el próximo año, Valentín Ruiz y su familia cumplen con los requisitos, ¿se le volverán a dar este tipo de apoyos?, le insistieron.
“Si cumple con todos los requisitos, cualquier ciudadano mexicano –y no hay ninguna limitante que lo impida– pueden obtenerlo”, reiteró Ramírez Martínez, quien argumentó que los programas de la Sagarpa “no son asistencialistas, los programas asistencialistas son ‘70 y Más’, ‘Oportunidades’, que trabaja la Sedesol. Nosotros como sector trabajamos programas agroalimentarios y apoyamos a las instancias productivas en el sector agropecuario y los programas no tienen limitantes”, remató.
Quizá a este delegado federal legalmente le asista la razón, pues el Procampo es un programa que México diseñó hace 18 años para preparar a sus productores agrarios frente a la inminente competencia con Estados Unidos y Canadá a partir del tratado de comercio trilateral que se puso en marcha desde 1994.
Pero el Procampo también fue concebido para que los productores mexicanos más pobres mejoraran su calidad de vida.
Sin embargo, tres sexenios después ninguno de estos dos objetivos se ha cumplido. En términos relativos, el agro mexicano no mejoró ni en productividad ni en competitividad y la pobreza en el medio rural no ha hecho más que aumentar.
Procampo ha sido un programa de subsidio público dirigido a los productores mexicanos más ricos e influyentes del país. Hasta hace tres años, por ejemplo, alrededor de 80 mil millones de pesos de los 171 mil millones repartidos durante tres lustros fueron entregados al 10 por ciento de los propietarios más pudientes del medio rural.
Pero no sólo eso. En julio de 2009 estalló tremendo escándalo al descubrirse, de acuerdo con el padrón de la Sagarpa, que entre los beneficiarios del Procampo había individuos vinculados a los principales cárteles de la droga en el país, entre ellos los de Sinaloa, el de Juárez, el del Golfo y el del Milenio.
En un amplio reportaje, el diario capitalino “El Universal” exhibió que también se estaba subsidiando a funcionarios y ex funcionarios locales y federales. En el padrón había gobernadores y diputados, en activo o de administraciones pasadas, así como poderosos agroindustriales y líderes de organizaciones campesinas. Ellos formaban parte del 1% del padrón de privilegiados que recibían la mayoría de los recursos, cuando Procampo fue creado para apoyar precisamente a los productores más pobres del país, que se verían afectados con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Ese 1% de privilegiados había recibido hasta el año de 2008 un total de 38 mil 558 millones de pesos. Tan sólo los familiares de uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, cobraron, entre 1998 y 2003, un total de 998 mil 267 pesos del Programa de Apoyo Directo al Campo. Una de sus hijas, María Teresa Zambada Niebla, solicitó el subsidio para la siembra de 80 hectáreas sin notificar, como se requiere, el giro que le daría a sus tierras. Igualmente se ayudó a Vicente Zambada Niebla, detenido en marzo de 2009; él había recibido 555 mil 220 pesos.
Los hermanos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, otro de los líderes del cártel de Sinaloa, recibieron apoyo por 376 mil 198 pesos. Jesús, Ofelina y Aureliano obtuvieron dinero federal todavía en el ciclo primavera-verano de 2008.
Los Carrillo Fuentes, relacionados con los últimos líderes del Cártel de Juárez (Amado y Vicente), figuraban 44 veces en el padrón. Recibieron del gobierno federal apoyo por diversos montos que iban desde 2 mil 607 pesos hasta 2 millones 450 mil 581.
Ventura Valencia Valencia, hermano del fundador del Cártel del Milenio, Luis Valencia Valencia, y asesinado en noviembre de 2008, cobró casi 50 mil pesos para la siembra de pasto perenne en cuatro hectáreas.
Humberto García Ábrego, hermano del jefe del Cártel del Golfo (Juan) deportado a Estados Unidos en 1995, recibió 342 mil 384 pesos para la siembra de maíz y sorgo. Otros de sus parientes también aparecían en la lista de beneficiarios.
Funcionarios que han ocupado cargos públicos desde 1994, fecha en que fue conformado el padrón del Procampo, también figuraban en la lista. El diario citó, por ejemplo, el caso de los hermanos de Vicente Fox Quesada, Javier, José Luis y Cristóbal, los cuales empezaron a recibir el beneficio a partir del año 2000, fecha en que inició la administración del primer Presidente de oposición.
El ex gobernador priista de Durango, Ismael Hernández Deras, igualmente era parte del padrón y de 2000 a 2008 había cobrado 26 mil 260 pesos. Los ex mandatarios también del PRI, Maximiliano Silerio Esparza y Fernando Baeza Meléndez, de Durango y Chihuahua, respectivamente, obtuvieron un millón 161 mil 756 pesos el primero, y 305 mil 44 pesos, el segundo.
¿Por qué, entonces, una familia tan acaudalada como la Ruiz Ortiz, de Veracruz, no puede ser subsidiada también por el Procampo? Faltaba más. Si los créditos de la bancada privada están muuuy caros.
Sí, según ha dicho el delegado estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (Sagarpa), José Vicente Ramírez Martínez, quien entrevistado al respecto declaró que si en las reglas de operación del Procampo “se estableciera que no se podrán dar apoyos a equis personas que tengan un ingreso mayor a, eso sería una limitante, pero no lo hay, todos los que se dedican a una actividad agropecuaria tienen derecho a estos apoyos, ya que con esto se busca estimular al sector agropecuario”.
“¿Pero tiene a toda la familia (Ruiz Ortiz) incluida en los programas de apoyo?”, le preguntaron los reporteros xalapeños al funcionario federal, quien fue entrevistado sobre este asunto en la conferencia de prensa convocada el pasado lunes 29 para dar a conocer los alcances del Sistema de Información de Comercio Exterior del Sector Agroalimentario.
- “Sí. Si todos los familiares se dedican a actividades agropecuarias tienen derecho, no se los podemos evitar”, respondió.
- ¿Es legal el apoyo?, le insistieron los comunicadores.
- “Sí. No tienen por qué espantarse. Es un acto legal si ellos se dedican a la agricultura y requieren de apoyos no está prohibido”, puntualizó.
-Si para el próximo año, Valentín Ruiz y su familia cumplen con los requisitos, ¿se le volverán a dar este tipo de apoyos?, le insistieron.
“Si cumple con todos los requisitos, cualquier ciudadano mexicano –y no hay ninguna limitante que lo impida– pueden obtenerlo”, reiteró Ramírez Martínez, quien argumentó que los programas de la Sagarpa “no son asistencialistas, los programas asistencialistas son ‘70 y Más’, ‘Oportunidades’, que trabaja la Sedesol. Nosotros como sector trabajamos programas agroalimentarios y apoyamos a las instancias productivas en el sector agropecuario y los programas no tienen limitantes”, remató.
Quizá a este delegado federal legalmente le asista la razón, pues el Procampo es un programa que México diseñó hace 18 años para preparar a sus productores agrarios frente a la inminente competencia con Estados Unidos y Canadá a partir del tratado de comercio trilateral que se puso en marcha desde 1994.
Pero el Procampo también fue concebido para que los productores mexicanos más pobres mejoraran su calidad de vida.
Sin embargo, tres sexenios después ninguno de estos dos objetivos se ha cumplido. En términos relativos, el agro mexicano no mejoró ni en productividad ni en competitividad y la pobreza en el medio rural no ha hecho más que aumentar.
Procampo ha sido un programa de subsidio público dirigido a los productores mexicanos más ricos e influyentes del país. Hasta hace tres años, por ejemplo, alrededor de 80 mil millones de pesos de los 171 mil millones repartidos durante tres lustros fueron entregados al 10 por ciento de los propietarios más pudientes del medio rural.
Pero no sólo eso. En julio de 2009 estalló tremendo escándalo al descubrirse, de acuerdo con el padrón de la Sagarpa, que entre los beneficiarios del Procampo había individuos vinculados a los principales cárteles de la droga en el país, entre ellos los de Sinaloa, el de Juárez, el del Golfo y el del Milenio.
En un amplio reportaje, el diario capitalino “El Universal” exhibió que también se estaba subsidiando a funcionarios y ex funcionarios locales y federales. En el padrón había gobernadores y diputados, en activo o de administraciones pasadas, así como poderosos agroindustriales y líderes de organizaciones campesinas. Ellos formaban parte del 1% del padrón de privilegiados que recibían la mayoría de los recursos, cuando Procampo fue creado para apoyar precisamente a los productores más pobres del país, que se verían afectados con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Ese 1% de privilegiados había recibido hasta el año de 2008 un total de 38 mil 558 millones de pesos. Tan sólo los familiares de uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, cobraron, entre 1998 y 2003, un total de 998 mil 267 pesos del Programa de Apoyo Directo al Campo. Una de sus hijas, María Teresa Zambada Niebla, solicitó el subsidio para la siembra de 80 hectáreas sin notificar, como se requiere, el giro que le daría a sus tierras. Igualmente se ayudó a Vicente Zambada Niebla, detenido en marzo de 2009; él había recibido 555 mil 220 pesos.
Los hermanos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, otro de los líderes del cártel de Sinaloa, recibieron apoyo por 376 mil 198 pesos. Jesús, Ofelina y Aureliano obtuvieron dinero federal todavía en el ciclo primavera-verano de 2008.
Los Carrillo Fuentes, relacionados con los últimos líderes del Cártel de Juárez (Amado y Vicente), figuraban 44 veces en el padrón. Recibieron del gobierno federal apoyo por diversos montos que iban desde 2 mil 607 pesos hasta 2 millones 450 mil 581.
Ventura Valencia Valencia, hermano del fundador del Cártel del Milenio, Luis Valencia Valencia, y asesinado en noviembre de 2008, cobró casi 50 mil pesos para la siembra de pasto perenne en cuatro hectáreas.
Humberto García Ábrego, hermano del jefe del Cártel del Golfo (Juan) deportado a Estados Unidos en 1995, recibió 342 mil 384 pesos para la siembra de maíz y sorgo. Otros de sus parientes también aparecían en la lista de beneficiarios.
Funcionarios que han ocupado cargos públicos desde 1994, fecha en que fue conformado el padrón del Procampo, también figuraban en la lista. El diario citó, por ejemplo, el caso de los hermanos de Vicente Fox Quesada, Javier, José Luis y Cristóbal, los cuales empezaron a recibir el beneficio a partir del año 2000, fecha en que inició la administración del primer Presidente de oposición.
El ex gobernador priista de Durango, Ismael Hernández Deras, igualmente era parte del padrón y de 2000 a 2008 había cobrado 26 mil 260 pesos. Los ex mandatarios también del PRI, Maximiliano Silerio Esparza y Fernando Baeza Meléndez, de Durango y Chihuahua, respectivamente, obtuvieron un millón 161 mil 756 pesos el primero, y 305 mil 44 pesos, el segundo.
¿Por qué, entonces, una familia tan acaudalada como la Ruiz Ortiz, de Veracruz, no puede ser subsidiada también por el Procampo? Faltaba más. Si los créditos de la bancada privada están muuuy caros.