Sustentado en una supuesta investigación ministerial –la número 947/2012 VER-FIEAFTVS-10, abierta presuntamente en la Subprocuraduría Regional de Justicia Zona Centro Veracruz por el “fiscal investigador especializado” Pedro Alberto Huesca Barradas, pero la cual se habría dado conocer en la entidad de forma extraoficial, sin papel membretado de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)–, la revista “Proceso” publica en su última edición semanal, la 1881, un explosivo reportaje titulado “Córdoba, feudo zeta”, en el que se involucra en una aparente red de complicidades con este grupo criminal a subprocuradores regionales, abogados, empresarios y hasta comunicadores veracruzanos, cuyos nombres habrían sido mencionados por tres operadores de esa organización delictiva que fueron detenidos por elementos de la Marina Armada de México en el puerto de Veracruz el pasado 14 de octubre.

 

El artículo, firmado por el reportero Jorge Carrasco Araizaga, insinúa que difícilmente la PGJE va a investigarse a sí misma sobre el modus operandi de Los Zetas en Córdoba, de la cual refiere de manera tendenciosa y equivocada que es “la ciudad donde nació el gobernador Javier Duarte de Ochoa”, el cual es nativo del puerto jarocho.

 

Duarte vivió el último tramo de su infancia en la ciudad de los Treinta Caballeros, donde su madre y sus hermanos tuvieron que irse a vivir tras la trágica muerte de su padre en la ciudad de México durante el terremoto del 19 de septiembre de 1985, fecha en que coincidentemente el mandatario veracruzano cumplía apenas su décimo segundo cumpleaños.

 

Por eso no es casual que inmediatamente después de haber asumido la gubernatura del estado, a principios de 2011, Duarte de Ochoa haya tomado la iniciativa de proponerle al presidente Felipe Calderón instrumentar con el apoyo de la Marina Armada de México el operativo “Veracruz Seguro”.

 

Inicialmente, la Semar tomó el control absoluto de la seguridad pública en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, y de ahí el instituto armado expandió el combate al crimen organizado hacia Xalapa y otros puntos del estado, entre ellos Córdoba.

 

Precisamente en esa región, con el apoyo de la Administración Antidrogas de Estados Unidos, (DEA), la Marina Armada de México cazó en noviembre de 2011 a Raúl Lucio Hernández Lechuga, (a) El Lucky o Z-16, operador regional del cartel militar de Los Zetas.

 

Los gobiernos de México y Washington tenían sus propios motivos para ir contra El Lucky, identificado también como El Apá. Estados Unidos lo buscaba para ampliar la acusación en la corte federal de Columbia, en contra de 19 narcotraficantes y ofrecía un millón de dólares para quien informara de su ubicación.

 

La Marina, por su parte, tenía sus propios agravios contra el Z-16: la desaparición de nueve de sus elementos en Veracruz, desde que el puerto se convirtió en el centro de operaciones de la Armada de México en contra de los Zetas. El Lucky era uno de los fundadores de dicha organización delictiva creada en la década de los años noventa por elementos de fuerzas especiales del Ejército, y desde 2009 estaba señalado como uno de los 37 delincuentes más peligrosos del país.

 

La Procuraduría General de la República (PGR) había abierto 11 averiguaciones previas por esos hechos y ofrecía también una recompensa de 15 millones de pesos por información que llevara a la detención de El Lucky, en cuya finca Las Cúpulas, en la región de Córdoba, seguían reuniéndose supuestamente algunos funcionarios de la PGJE, empresarios, abogados y hasta periodistas de esa región del centro del estado con los operadores de Los Zetas, según lo que presuntamente habrían declarado Cristopher Fuentes Letelier, (a) El Chuletón; Gerardo Trejo Cruz, (a) El Trejo, e Ignacio Valdez Ramírez, (a) El Chilango, los tres operadores zetas detenidos por la Marina Armada de México a mediados de octubre pasado en el puerto de Veracruz.

 

Lo inexplicable, a final de cuentas, es que ni siquiera la PGR, a través de la SEIDO, haya procedido hasta ahora contra los funcionarios de la PGJE y demás personajes señalados en esta supuesta red de complicidades, salvo el caso de la empresaria cordobesa María Selva Perdomo Pinal, esposa de Rubén Ortiz Olivares, (a) El Pencho, señalado presuntamente por “El Chuletón” Fuentes Letelier como uno de los lavadores de dinero de El Lucky.

 

Hasta el momento, ni el gobernador Duarte ni su procurador Amadeo Flores han salido a responder o desmentir lo publicado por el semanario “Proceso”.

 

Sin embargo, en su mensaje con motivo de su segundo informe de gobierno, el pasado jueves 15, el mandatario veracruzano aludió que en estos dos años de su administración “tuvimos que enfrentar el flagelo de la violencia generada por el crimen organizado”, que “a lo largo del país se registraron hechos de gran impacto, y del que lamentablemente los veracruzanos no fuimos ajenos”.

 

“Ante la amenaza –enfatizó–, actuamos a tiempo y actuamos bien. Combatimos de frente al crimen. Lo hicimos con inteligencia y estrategia. Siempre, de manera estrecha, respetuosa y coordinada con las Fuerzas Armadas de la República.

 

“El programa ‘Veracruz Seguro’ ha logrado contener la violencia que amenazaba a nuestro estado”, afirmó Duarte, quien reiteró “el profundo agradecimiento del pueblo veracruzano a la dedicación, entrega y lealtad de nuestras Fuerzas Armadas! ¡Nuestro Glorioso Ejército Mexicano y la Heroica Marina Armada de México!”

 

Además, hizo “un reconocimiento muy especial” por la presencia en ese acto del almirante Guillermo Colina Torres, comandante de la Fuerza Naval del Golfo de la Secretaría de Marina; del almirante Joaquín Esteban García Silva Pérez, comandante de la Primera Región Naval y representante de la Heroica Marina Armada de México; del vicealmirante Víctor Manuel Gamboa Carvallo, comandante de la Tercera Zona Naval Militar, y del General René Carlos Aguilar Páez, comandante de la sexta Región Militar.

 

¿A poco todos ellos también estarán “coludidos” con el crimen organizado en Veracruz?

 

Al comparecer ayer ante diputados de la LXII Legislatura local con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, el secretario de Comunicaciones del estado, Raúl Zarrabal Ferat, destacó el Programa de Concesiones sin precedente que implementó el gobernador Javier Duarte de Ochoa para construir los ejes carreteros que en este sexenio impulsarán el desarrollo económico de Veracruz.

 

Acompañado por subsecretarios y directores de la SECOM, Zarrabal expuso que dicho modelo hará realidad la construcción de la autopista Córdoba-Xalapa y consolidará los proyectos de la modernización del aeropuerto El Lencero, el periférico sur de Xalapa y la autopista de Los Tuxtlas, entre otras obras de comunicaciones que se iniciarán en el 2013.

 

El secretario duartista explicó que “uno de los principales retos del sector es atender las necesidades de comunicación de la red carretera del estado de Veracruz, cuya longitud es de 26 mil 245 kilómetros”.