22 de noviembre de 2012
alcalorpolitico.com
Para este jueves 22 está prevista la última visita a Veracruz de Felipe Calderón Hinojosa como Presidente de la República.
Al anunciar esta gira presidencial, el gobernador Javier Duarte dijo que el jefe del Ejecutivo federal vendría a despedirse de los veracruzanos.
Pero lamentablemente no a todos los paisanos les dará gusto la presencia del último Presidente de filiación panista, el cual gobernó de manera facciosa favoreciendo y solapando a sus amigos e incondicionales.
Por ejemplo, José Lima Cobos, quien hasta principios de este año se desempeñaba como magistrado agrario, acusó a Calderón de ser un “resonador de calumnias” durante la audiencia que los senadores miembros de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia de la Cámara alta del Congreso de la Unión le concedieron hace siete meses al abogado nativo de Tamiahua, quien legalmente se inconformó por los actos violatorios que en su agravio personal y profesional emitieron el Presidente y el Senado de la República.
Y es que el 13 de abril de 2012 Calderón envió al Senado su propuesta de no ratificación de Pepe Lima como magistrado agrario, por lo que las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia de esa Cámara emitieron 11 días después su respectivo dictamen, acatando las calumnias que en sus escritos produjo en contra del combativo abogado veracruzano el jefe del Ejecutivo federal.
Lima Cobos promovió ante el Juzgado Sexto de Distrito con sede en Boca del Río, Veracruz, el juicio de amparo indirecto número 804/2012-VI, el cual fue resuelto a su favor el 11 de octubre pasado por la juez Sofía Verónica Ávalos Díaz, la cual estimó que el proceder de la autoridad responsable fue “ilegal y violatorio de derechos fundamentales del quejoso, como lo es el de legalidad y seguridad jurídica, pues el Senado de la República, como órgano encargado de resolver en forma objetiva respecto de la ratificación de los funcionarios encargados de ejercer justicia agraria, no tiene limitante alguna para solicitar los medios de prueba conducentes que sean necesarios con el objeto de emitir determinación respecto de la aprobación o no a la propuesta hecha por el Ejecutivo Federal concerniente a la ratificación o no del quejoso”.
“De igual forma –añadió en su dictamen la juez Ávalos Díaz–, la resolución impugnada resulta violatoria de los derechos fundamentales del quejoso, puesto que, si bien, el órgano legislativo responsable se ocupó de analizar en forma individual los rubros contenidos en el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, preinvocados, evaluando al quejoso en cada uno de éstos; no obstante, incurrió en su resolución en vicios de carácter formal como lo es la falta de motivación respecto de la determinación de no ratificación del quejoso como magistrado agrario.
“A la anterior conclusión se arriba, habida cuenta que no externó en su resolución las razones por las cuales consideró necesario resolver respecto de la no ratificación del quejoso como juzgador agrario, ya que al efecto únicamente, luego de haber analizado y valorado algunos de los medios de prueba que obran en las constancias que fueron tomadas en consideración para la emisión del dictamen correspondiente de las Comisiones Unidas del Senado responsable, se limitó a sostener que coincidía con la perspectiva con la cual el Ejecutivo Federal presenta la propuesta de no ratificación (foja 729 del tomo de pruebas).”
Pero Lima Cobos no es el único abogado veracruzano agraviado por las erráticas decisiones del presidente Calderón en la conformación del Tribunal Superior Agrario. Hace un par de semanas, por ejemplo, otro juez federal ordenó al Senado de la República abstenerse de designar al nuevo integrante del TSA, sentencia que provocó una reacción inmediata del Ejecutivo ante la posible afectación al funcionamiento de ese órgano.
Ricardo Gallardo Vara, juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa, concedió una suspensión para el efecto de que los legisladores lleven adelante todo el procedimiento para reemplazar al magistrado Rodolfo Veloz Bañuelos, quien se retiró del TSA el pasado 29 de mayo.
Lo anterior, ante la demanda de amparo promovida por el abogado xalapeño Luis Rafael Hernández-Palacios Mirón, magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 54 con sede en Comitán, Chiapas, quien impugnó la terna enviada por el presidente Calderón al Senado para sustituir a Veloz Bañuelos, así como los artículos de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios que contemplan las reglas para nombramientos.
En el oficio respectivo, fechado el 19 de octubre, el jefe del Ejecutivo federal nominó a Rocendo González Patiño, un ex diputado federal del PAN por Michoacán, que durante todo el sexenio calderonista se desempeñó administrativamente como titular de la Procuraduría Agraria y coordinador nacional de Asuntos Rurales del partido blanquiazul.
La designación del correligionario de Calderón generó inconformidad porque en esa misma terna también fueron incluidas dos magistradas sin antecedentes políticos: Odilisa Gutiérrez Mendoza, del Tribunal Unitario Agrario en Guadalajara, y Luisa Ramírez Romero, magistrada supernumeraria que fue secretaria de acuerdos del TSA y tiene casi veinte años de experiencia en ese órgano.
Sin embargo, la suspensión otorgada por el juez de distrito sólo permite al Senado evaluar a los aspirantes y dictaminar sobre su elegibilidad, pero no se podrá subir el tema al Pleno para la elección del nuevo magistrado que completaría a los cinco integrantes del TSA.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo federal interpuso un recurso de queja para impugnar la suspensión provisional otorgada por Gallardo, mismo que fue turnado al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que podría no alcanzar a resolver el caso antes de que el juez conceda la suspensión definitiva.
Es la primera vez en la historia de los tribunales agrarios que un magistrado inconforme bloquea el nombramiento de un integrante del TSA, aunque no la primera que se presenta un litigio relacionado. En 2003, por ejemplo, el entonces Presidente del TSA, Ricardo García Villalobos, un veterano militante del PRI, se amparó cuando el presidente Vicente Fox intentó removerlo por una gestión que el mandatario panista consideró “ineficiente y con tintes partidistas”. Pero García Villalobos no sólo se mantuvo en el puesto, sino que fue reelecto para la Presidencia del TSA en el periodo 2007-2010, y hasta la fecha sigue como magistrado integrante del Pleno, donde permanecerá hasta 2020, cuando cumplirá 75 años de edad.
Al anunciar esta gira presidencial, el gobernador Javier Duarte dijo que el jefe del Ejecutivo federal vendría a despedirse de los veracruzanos.
Pero lamentablemente no a todos los paisanos les dará gusto la presencia del último Presidente de filiación panista, el cual gobernó de manera facciosa favoreciendo y solapando a sus amigos e incondicionales.
Por ejemplo, José Lima Cobos, quien hasta principios de este año se desempeñaba como magistrado agrario, acusó a Calderón de ser un “resonador de calumnias” durante la audiencia que los senadores miembros de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia de la Cámara alta del Congreso de la Unión le concedieron hace siete meses al abogado nativo de Tamiahua, quien legalmente se inconformó por los actos violatorios que en su agravio personal y profesional emitieron el Presidente y el Senado de la República.
Y es que el 13 de abril de 2012 Calderón envió al Senado su propuesta de no ratificación de Pepe Lima como magistrado agrario, por lo que las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia de esa Cámara emitieron 11 días después su respectivo dictamen, acatando las calumnias que en sus escritos produjo en contra del combativo abogado veracruzano el jefe del Ejecutivo federal.
Lima Cobos promovió ante el Juzgado Sexto de Distrito con sede en Boca del Río, Veracruz, el juicio de amparo indirecto número 804/2012-VI, el cual fue resuelto a su favor el 11 de octubre pasado por la juez Sofía Verónica Ávalos Díaz, la cual estimó que el proceder de la autoridad responsable fue “ilegal y violatorio de derechos fundamentales del quejoso, como lo es el de legalidad y seguridad jurídica, pues el Senado de la República, como órgano encargado de resolver en forma objetiva respecto de la ratificación de los funcionarios encargados de ejercer justicia agraria, no tiene limitante alguna para solicitar los medios de prueba conducentes que sean necesarios con el objeto de emitir determinación respecto de la aprobación o no a la propuesta hecha por el Ejecutivo Federal concerniente a la ratificación o no del quejoso”.
“De igual forma –añadió en su dictamen la juez Ávalos Díaz–, la resolución impugnada resulta violatoria de los derechos fundamentales del quejoso, puesto que, si bien, el órgano legislativo responsable se ocupó de analizar en forma individual los rubros contenidos en el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, preinvocados, evaluando al quejoso en cada uno de éstos; no obstante, incurrió en su resolución en vicios de carácter formal como lo es la falta de motivación respecto de la determinación de no ratificación del quejoso como magistrado agrario.
“A la anterior conclusión se arriba, habida cuenta que no externó en su resolución las razones por las cuales consideró necesario resolver respecto de la no ratificación del quejoso como juzgador agrario, ya que al efecto únicamente, luego de haber analizado y valorado algunos de los medios de prueba que obran en las constancias que fueron tomadas en consideración para la emisión del dictamen correspondiente de las Comisiones Unidas del Senado responsable, se limitó a sostener que coincidía con la perspectiva con la cual el Ejecutivo Federal presenta la propuesta de no ratificación (foja 729 del tomo de pruebas).”
Pero Lima Cobos no es el único abogado veracruzano agraviado por las erráticas decisiones del presidente Calderón en la conformación del Tribunal Superior Agrario. Hace un par de semanas, por ejemplo, otro juez federal ordenó al Senado de la República abstenerse de designar al nuevo integrante del TSA, sentencia que provocó una reacción inmediata del Ejecutivo ante la posible afectación al funcionamiento de ese órgano.
Ricardo Gallardo Vara, juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa, concedió una suspensión para el efecto de que los legisladores lleven adelante todo el procedimiento para reemplazar al magistrado Rodolfo Veloz Bañuelos, quien se retiró del TSA el pasado 29 de mayo.
Lo anterior, ante la demanda de amparo promovida por el abogado xalapeño Luis Rafael Hernández-Palacios Mirón, magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 54 con sede en Comitán, Chiapas, quien impugnó la terna enviada por el presidente Calderón al Senado para sustituir a Veloz Bañuelos, así como los artículos de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios que contemplan las reglas para nombramientos.
En el oficio respectivo, fechado el 19 de octubre, el jefe del Ejecutivo federal nominó a Rocendo González Patiño, un ex diputado federal del PAN por Michoacán, que durante todo el sexenio calderonista se desempeñó administrativamente como titular de la Procuraduría Agraria y coordinador nacional de Asuntos Rurales del partido blanquiazul.
La designación del correligionario de Calderón generó inconformidad porque en esa misma terna también fueron incluidas dos magistradas sin antecedentes políticos: Odilisa Gutiérrez Mendoza, del Tribunal Unitario Agrario en Guadalajara, y Luisa Ramírez Romero, magistrada supernumeraria que fue secretaria de acuerdos del TSA y tiene casi veinte años de experiencia en ese órgano.
Sin embargo, la suspensión otorgada por el juez de distrito sólo permite al Senado evaluar a los aspirantes y dictaminar sobre su elegibilidad, pero no se podrá subir el tema al Pleno para la elección del nuevo magistrado que completaría a los cinco integrantes del TSA.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo federal interpuso un recurso de queja para impugnar la suspensión provisional otorgada por Gallardo, mismo que fue turnado al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que podría no alcanzar a resolver el caso antes de que el juez conceda la suspensión definitiva.
Es la primera vez en la historia de los tribunales agrarios que un magistrado inconforme bloquea el nombramiento de un integrante del TSA, aunque no la primera que se presenta un litigio relacionado. En 2003, por ejemplo, el entonces Presidente del TSA, Ricardo García Villalobos, un veterano militante del PRI, se amparó cuando el presidente Vicente Fox intentó removerlo por una gestión que el mandatario panista consideró “ineficiente y con tintes partidistas”. Pero García Villalobos no sólo se mantuvo en el puesto, sino que fue reelecto para la Presidencia del TSA en el periodo 2007-2010, y hasta la fecha sigue como magistrado integrante del Pleno, donde permanecerá hasta 2020, cuando cumplirá 75 años de edad.