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Columnas y artículos de opinión

Negocio (a) redondo

Al Pie de la Letra

Por: Raymundo Jiménez

23/11/2012

alcalorpolitico.com

A diferencia del diputado local del PRI Eduardo Andrade Sánchez, quien al ser mencionado como uno de los prospectos para la Rectoría de la Universidad Veracruzana prácticamente se autodescartó porque para agosto de 2013 ya habría rebasado la edad límite de 65 años que al momento de la designación exige el artículo 37 de la Ley Orgánica de la UV, en cambio, el ex secretario de Educación de Veracruz y ex titular de la máxima casa de estudios, Víctor Arredondo Álvarez, no ha desmentido ni rechazado la posibilidad de suceder el año entrante al rector Raúl Arias Lovillo.

Desde hace un par de semanas en que públicamente reapareció al lado del gobernador Javier Duarte de Ochoa durante una gira de trabajo del mandatario veracruzano por la ciudad de Córdoba, el doctor Arredondo ha venido dando evasivas a ex colaboradores y amigos que le han preguntado si registrará su candidatura para suceder a Arias Lovillo, el cual se desempeñó a su lado como secretario académico durante los siete años que despachó como rector a partir de agosto de 1997, recién decretada la autonomía universitaria por el gobernador Patricio Chirinos Calero.

En diciembre de 2004, casi un año antes de que concluyera su segundo periodo como rector, Arredondo dejó la Rectoría para asumir la titularidad de la SEV al inicio de la administración del gobernador Fidel Herrera Beltrán, quien presuntamente sería uno de los que estarían impulsando el retorno de su ex colaborador a la UV, institución donde el ex mandatario cursó en su sexenio estudios de maestría y doctorado.

Para el ex secretario fidelista esta sería la última oportunidad de dirigir nuevamente a la máxima casa de estudios, ya que en febrero de 2013 cumplirá 64 años de edad. Sin embargo, su regreso no será cómodo, ya que precisamente en la sucesión universitaria de 2009, para intentar frenar la reelección de su sucesor Arias Lovillo, los detractores de Arredondo desempolvaron un viejo expediente de saqueo maquinado durante su administración.

Y es que tres días antes de que venciera el plazo para que la H. Junta de Gobierno diera a conocer la terna final de candidatos a la Rectoría, un par de abogados egresados de la UV presentaron formalmente una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) contra quien resultara responsable por el presunto daño patrimonial de aproximadamente 65 millones de pesos ocasionado a la máxima casa de estudios por la rescisión unilateral del contrato de arrendamiento de un lote de 3 mil computadoras que había sido adjudicado en julio de 1999 a la empresa “Automatización y Modernización Industrial, S.A. de C.V.”, la cual en septiembre de 2006, ya durante el primer rectorado de Arias Lovillo, terminó por celebrar un convenio de Cesión de Derechos Litigiosos al despacho “Rodríguez Pasquel Sucesores, S.A de C.V” para que retomara el Juicio Ordinario Mercantil 1013/2003/IV, ya que en noviembre de 2006, al verse jurídicamente perdidos, autoridades de la UV determinaron negociar con la parte acusadora un convenio de transacción judicial, pago y quita condicionada para terminar la controversia que dio origen al Juicio Ordinario Mercantil sobre rescisión de contrato de arrendamiento que había sido tramitado en el Juzgado Sexto de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el estado de Veracruz.

En lugar de los aproximadamente 107 millones de pesos (ya incluido el Impuesto al Valor Agregado) que reclamaba en un principio la empresa arrendadora del equipo de cómputo, la UV convino en pagar sólo 57 millones de pesos más IVA pero bajo la condición “de desistirse de inmediato” del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia de fecha 31 de octubre del año 2006, dictada en el juicio de amparo indirecto número 490/2006 que se tramitaba ante el Juez del Juzgado Segundo de Distrito del Séptimo Circuito del Estado, y obligándose a liquidar el total de su adeudo mediante un primer pago parcial de 11.5 millones de pesos el día de la firma del acuerdo, el 23 de noviembre de 2006; entregar otros 25 millones de pesos el 30 de enero de 2007, y los 29 millones 50 mil pesos restantes serían prorrateados en 20 pagos mensuales de un millón 452 mil 500 pesos, los cuales fueron liquidados en septiembre de 2008.

En la denuncia penal presentada a mediados de julio de 2009 en la PGJE con atención a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, los abogados Juan Antonio Mendoza Montes y María Candelaria Lión Reyes solicitaban al entonces procurador Salvador Mikel Rivera practicar una indagatoria ministerial contra quien resultara responsable de estos hechos ya que presumían que hubo “falta de probidad” en los servidores públicos de la UV, “cuyos errores o complacencias han sido sumamente costosas para los veracruzanos.”

Y exponían que al no poner la Universidad Veracruzana en conocimiento de las autoridades judiciales el juicio que perdió por la rescisión del contrato de arrendamiento de las computadoras, por ser hechos constitutivos de delitos “exalta la suspicacia obvia del caso (...) porque esa negligencia encierra una violación al artículo 114 de la Ley Orgánica de la UV, que dispone: ‘Si al investigar las faltas de carácter universitario se advierte la comisión de un delito, deberá hacerse la denuncia ante las autoridades competentes, sin perjuicio de que se imponga la sanción prevista por la reglamentación respectiva.”

Sin embargo, las autoridades universitarias se negaron reiteradamente a que este hecho pudiera tipificarse como un daño patrimonial, y sostuvieron que en todo caso ya había sido cosa juzgada porque tanto la Comisión de Honor y Justicia de la UV como el Consejo Universitario determinaron aplicar en noviembre de 2006 “una amonestación” a tres funcionarios implicados y “una enérgica llamada de atención”, entre ellos al ex rector Víctor Arredondo y al ex secretario de Administración y Finanzas, Rafael Murillo Pérez, “por las conductas que asumieron y que pudieron poner en riesgo el patrimonio de la Universidad Veracruzana”.

No obstante, el propio dictamen de la Comisión de Honor y Justicia que fue sometido a la aprobación del pleno del Consejo General Universitario incluía testimonios de miembros del Comité de Asesores de la Comisión de Informática de la UV que exhibían al ex rector Arredondo y a los funcionarios del Comité de Adquisiciones por asignar el contrato millonario a la empresa “Automatización y Modernización Industrial, S.A. de C.V.” pese a la advertencia de los especialistas universitarios de que “el tipo de arrendamiento propuesto” no era conveniente para la UV ya que, entre otros señalamientos, cuestionaban que la “empresa carecía tanto de capacidad instalada, infraestructura, equipo propio, capacidad técnica, como de experiencia en el terreno del arrendamiento de equipo de cómputo”.

Empero, Arredondo estaría por retornar, que no “regresar” lo que se llevó de la UV. A ver qué dicen los nueve notables de la H. Junta de Gobierno que elegirán al próximo Rector, entre ellos Alberto Olvera Rivera, del cual se sigue esperando una actitud más congruente, ya que en foros académicos y como articulista vierte fuertes críticas a la administración del gobernador Duarte de Ochoa, mientras su hija es cuestionada por la beca a Europa que recibió y le atribuyen a la privilegiada posición de su papá en la élite del poder universitario.

LAPSUS

En la columna de ayer sobre las impugnadas designaciones de magistrados en el Tribunal Superior Agrario promovidas por el presidente Felipe Calderón, por un lamentable error consignamos que Ricardo García Villalobos aún era integrante del Pleno del TSA, “donde permanecerá hasta 2020, cuando cumplirá 75 años de edad.”

Pero García Villalobos falleció el 2 de julio pasado, por lo que el presidente Calderón propuso a Maribel Concepción Méndez de Lara para sustituirlo, razón por la que la magistrada supernumeraria al Pleno, Carmen Laura López Almaraz, con cerca de quince años de servicio en el TSA, interpuso un amparo que también fue resuelto a su favor. Y si bien no le concedieron la suspensión provisional, ello no quiere decir que al analizar el fondo de la cuestión planteada pudiera amparársele para efecto de que se le evalúe para la magistratura vacante, ya que la otra candidata no tiene antecedentes jurisdiccionales.

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