A lo largo de esta agonizante administración federal los mexicanos nos fuimos enterando, gracias al trabajo profesional y muy valiente de unos cuantos medios de comunicación, como el semanario Z y la revista Proceso, de los nexos que sostenían importantes miembros del gabinete calderonista. Y muchos ciudadanos nos preguntamos: ¿Dónde están los bienes y los millones de dólares confiscados en los operativos militares a capos de la droga?. “La Barbie” afirma que se los quedan los funcionarios federales del área de seguridad empezando por Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública del gobierno federal.

 

A solo tres días de que deje el poder el presidente Calderón, autor de la matanza de más de setenta mil mexicanos y otros miles más desaparecidos, saldo de su “guerra contra la delincuencia organizada”, uno de los protagonistas de este enfrentamiento, el señor Édgar Valdez Villarreal conocido en el bajo mundo con el mote de “La Barbie”, mediante una carta dirigida al influyente diario Reforma, destapa la cloaca sobre los negocios y pactos que intentó sostener con los capos de la droga el señor Felipe Calderón.

 

El señor Valdez Villarreal afirma que en el año 2010, el presidente Felipe Calderón convocó a los líderes de los cárteles de las drogas del país para cerrar un acuerdo con todas las fracciones de la delincuencia organizada; para esto el general Mario Arturo Acosta Chaparro, asesinado en abril de 2012, fungió como intermediario entre el gobierno federal y los líderes de las organizaciones criminales, confesó “La Barbie”.

 

De acuerdo al comunicado enviado por Valdez Villarreal al periódico Reforma, él se negó a participar en dicho acuerdo y, en venganza, Calderón ordenó su ejecución en agosto de 2010:

 

“Mi detención fue el resultado de una persecución política por parte del C. Felipe Calderón Hinojosa quien instauró un acosamiento en contra de mi persona por la razón de que el suscrito se negó a formar parte del acuerdo que el señor Calderón Hinojosa deseaba tener con todos los grupos de delincuencia organizada para lo cual él personalmente realizó varias juntas para tener pláticas con grupos de delincuencia organizada”.

 

Refiere que la Policía Federal tenía la orden de asesinarlo y los agentes intentaron armar un montaje en torno al operativo: “En realidad tenían la instrucción de matarme tan es así que al momento de mi detención, la cual se realizó en el domicilio que salió en los medios de comunicación y en lugar en el que me encontraba solo, dicen que ese día no se reportaron balazos, pero la verdad sí hubo. Un policía federal que fue quien me trasladó hasta este lugar en el que actualmente me encuentro, me instaba a que corriera para poderme disparar, y así poder decir que al repeler el ataque me habrían matado”.

 

Este personaje que ayer cimbró a la clase política mexicana con su carta publicada en el diario Reforma, también afirma que los bienes que les han quitado a los capos que han caído en esta guerra contra el narco (residencias, joyas, dinero en efectivo, flotillas de vehículos lujosos y más), han pasado a formar parte de las fortunas de las autoridades que las han asegurado. Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública, es el principal funcionario mencionado por Valdez Villarreal, como socio de los capos.

 

El dilema que los ciudadanos nos planteamos es: ¿A quién creer; a personajes como “La Barbie” miembros distinguidos de la delincuencia organizada o a nuestras desprestigiadas autoridades, que han perdido toda credibilidad?

 

En materia de protección civil, el gobernador Javier Duarte ha sido un verdadero pionero a nivel nacional, y por una razón tan sencilla pero tan fundamental, en la que otros estados no han querido invertirle ni tiempo ni recursos: la prevención, lo que quedó patentado durante la comparecencia de la secretaría del ramo, Noemí Guzmán Lagunes.

 

“La prevención en protección civil ha reducido el riesgo de desastres en Veracruz. Nuestra estrategia consiste en articular todos nuestros instrumentos, programas y políticas, a través de la gestión integral del riesgo”, refirió la funcionaria, y dijo incluso que este enfoque fue introducido en la nueva Ley General de Protección Civil publicada en la Gaceta Oficial del Estado.

 

Y es que, para que se den una idea de la importancia, a nivel nacional se gasta más de 90 por ciento del presupuesto de este rubro en reparar el daño ocasionado por los fenómenos naturales, cuando, si se designara más dinero a la prevención, se ahorraría más o menos un 40 por ciento de lo que hoy en día se invierte en acciones de reconstrucción.

 

Por ello, durante su comparecencia, la Secretaria de Protección Civil señaló que en el gobierno de Javier Duarte, el esfuerzo para reducir el riesgo de desastres se concentró en cuatro frentes fundamentales: perfeccionamiento de los instrumentos técnicos de planeación, monitoreo y alerta temprana, creación o consolidación de las instancias de coordinación operativa institucional, fortalecimiento de las políticas para la reducción del riesgo de desastres y administración y gestión de la emergencia.

 

Los resultados están allí, con los mecanismos vanguardistas como el Sistema Integral de Atlas de Riesgos de Veracruz, calificado como Atlas Nivel Medio por el Cenapred, la construcción del Índice de Vulnerabilidad Municipal, con avances del 90 por ciento y hasta el 100 ciento en sus diferentes renglones, y el fortalecimiento del Programa Estatal de Supervisión Técnica con 270 unidades económicas y 554 guarderías supervisadas.

 

También la creación de 224 unidades internas de Protección Civil y la primera Red de Monitoreo Sísmico del Estado, con 12 estaciones, del primer Comité de Meteorología del país y del Comité Técnico de Operaciones de Obras Hidráulicas, en la Cuenca del Papaloapan.

 

Acciones que han puesto a Javier Duarte como un líder en la materia a nivel nacional, y por lo cual fue designado presidente de la Comisión de Protección Civil de la Conago, y le permitió poner al senador Héctor Yunes Landa al frente de la misma comisión en la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

 

Si de aguinaldos en el sector público se trata, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Alejandro Luna Ramos, es el más beneficiado.

 

El titular del máximo órgano electoral recibirá este año 471,283 pesos de aguinaldo, la suma más alta entre las gratificaciones del Anexo 16 sobre remuneraciones y prestaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2012.

 

A Luna Ramos le sigue Juan Silva Meza, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien recibirá 470,514 pesos de aguinaldo.

 

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, el panista Ernesto Cordero, es otro de los funcionarios de alto rango del país que recibirá una importante gratificación: 455,306 pesos; 28,133 serán de aguinaldo más una gratificación de fin de año por 427,173 pesos.

 

A los senadores, por su parte, les corresponden 234,491 pesos sólo de aguinaldo.

 

En tanto, para el presidente Felipe Calderón fue establecido un monto de 396,508 pesos, de los cuales 76,880 son de aguinaldo y una gratificación de fin de año por 319,628 pesos.

 

Hay que aclarar que no todos los funcionarios reciben un bono especial de fin de año. Esta prestación es acordada de forma contractual entre el burócrata y la dependencia u órgano autónomo para el cual labora, mientras que el aguinaldo es una retribución que debe pagarse por ley antes del 20 de diciembre, y es equivalente a por lo menos 15 días de salario.

 

Otro de los afortunados con los aguinaldos más altos es el consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés, quien recibirá 448,960 pesos. En tanto, al secretario Ejecutivo del órgano electoral, Edmundo Jacobo Molina, se le entregarán 381,757 pesos por el mismo concepto.

 

El Presupuesto de Egresos 2012 establece un monto de 369,211 pesos para el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia.

 

Para el auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, se prevé una cantidad de 375,727, cifra de la cual 69,215 corresponden a aguinaldo y 306,512 pesos al bono especial. Los diputados percibirán 198,187 pesos; pero el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, el priista Jesús Murillo Karam, obtendrá 374,853 pesos: 72,093 son de aguinaldo y 302,760 de gratificación.

 

Así le va a la alta burocracia de este país, que son unos cuantos, mientras que millones de mexicanos andan en la miseria y de aguinaldo ni soñando.

 

Es de lamentarse la ausencia de autoridades viales en Xalapa, cada automovilista y transportista hace lo que le da la gana, se pasan altos, se estacionan en lugares prohibidos, sobre las banquetas, no respetan a los peatones, es una completa anarquía en la que estamos viviendo los xalapeños. Negociazo que sería que con grúas oficiales se llevaran al corralón a quienes se estacionan en lugares prohibidos, pero ni por negocio actúan nuestras autoridades, eso sí los pocos oficiales de tránsito que hay dedican el turno a la pura extorsión. ¡Orden cabrones!