15 de diciembre de 2012
alcalorpolitico.com
En el invierno de 1976, el entonces Rector de la Universidad Veracruzana, maestro Roberto Bravo Garzón, solicitó audiencia a don Rafael Hernández Ochoa. Cuando le preguntaron el asunto específico que quería tratar con el mandatario, expresó que se trataba de una encomienda del Secretario de Educación Pública, Ing. Víctor Bravo Ahuja. Pasaron algunos días, hasta que don Rafael pudo atenderlo.
-“Cómo le va licenciado, cómo ha estado”, le dijo el Gobernador de Veracruz. –“Bien, señor licenciado, pero preocupado por un asunto que le vengo a plantear, porque esperan de usted una respuesta positiva.” –“Le escucho con atención”, dijo caballerosamente el hombre de Santa Gertrudis. El maestro Bravo, según testigos del encuentro, le dijo lo siguiente: -“Mire usted, me citó en sus oficinas su amigo el Ing. Víctor Bravo Ahuja, quien me pidió entrevistarle para hacerle una propuesta de parte del señor Presidente de la República, Lic. Luis Echeverría Álvarez; se trata de que la Universidad Veracruzana deje de expedir cédulas profesionales, para lo cual solicita que usted firme un convenio para que esta atribución estatal sea ejercida por la Federación.”
El Gobernador expresó que consideraba que era incorrecta la medida porque Veracruz no debería renunciar a esta facultad que le conceden los artículos 3o. y 124 constitucionales, para lo cual pidió al señor Rector rogara al titular de Educación Pública que la entidad quedara libre de la firma de ese acuerdo. El maestro tuvo necesidad de comentarlo así con su casi pariente don Víctor Bravo Ahuja quien, como usted recordará, le tenía afecto porque lo consideraba su familiar y en la sucesión gubernamental de 1974 se dijo que había intervenido ante el Presidente para que favoreciera a su amigo y lo convirtiera en candidato del Partido Revolucionario Institucional para buscar la gubernatura.
Pasaron algunas semanas y en un acuerdo directo con el Presidente, don Luis Echeverría le pidió al Gobernador, con toda atención, que accediera a que las cédulas profesionales se otorgaran desde el gobierno central.
Don Rafael Hernández Ochoa, siempre institucional y amigo leal del Presidente, aceptó firmar el compromiso para unificar el registro profesional.
El 13 de diciembre de 1973 el Congreso de la Unión promulgó un decreto a través del cual se reformó el artículo 13 de la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal. Con base en este ordenamiento, el Ejecutivo Federal faculta a la Secretaría de Educación Pública para celebrar convenios de coordinación con los gobiernos de los estados a fin de dar coherencia al registro profesional, de acuerdo con las siguientes bases:
Instituir un solo servicio para el registro de títulos profesionales; reconocer para el ejercicio profesional de los estados, la cédula expedida por la Secretaria de Educación Pública y, consecuentemente, aceptar para el ejercicio profesional en el Distrito Federal las expedidas por los estados; establecer los requisitos necesarios para el reconocimiento de los títulos profesionales, así como darles la forma y contenido que los mismos deberán satisfacer, e intercambiar la información que se requiera.
El convenio que se firmó señala en su cláusula Segunda que ambos ejecutivos, el Federal y el del Estado, tienen el propósito de evitar la multiplicidad de trámites que los interesados realizan para registrar sus títulos profesionales y grados académicos y obtener las cédulas o patentes de ejercicio correspondientes, así como disminuir las erogaciones que se aplican a la administración de este servicio.
Este tratado al que hago referencia, se firmó el 23 de marzo de 1976 y desde entonces el Gobierno del Estado de Veracruz, no registra títulos profesionales y grados académicos, ni expide cédulas o patentes de ejercicio.
La cláusula Sexta del mismo, establece que su duración será por tiempo indefinido pero se puede dar por terminado cuando cualquiera de las partes lo notifique a la otra con seis meses de anticipación.
Con fundamento en el nuevo federalismo que está proponiendo el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, considero que sería muy pertinente rescatar esta facultad para que el Estado retome sus atribuciones en esta materia y registre títulos y patentes y expida las cédulas respectivas, con base en la fracción V del artículo 121 constitucional.
[email protected]
-“Cómo le va licenciado, cómo ha estado”, le dijo el Gobernador de Veracruz. –“Bien, señor licenciado, pero preocupado por un asunto que le vengo a plantear, porque esperan de usted una respuesta positiva.” –“Le escucho con atención”, dijo caballerosamente el hombre de Santa Gertrudis. El maestro Bravo, según testigos del encuentro, le dijo lo siguiente: -“Mire usted, me citó en sus oficinas su amigo el Ing. Víctor Bravo Ahuja, quien me pidió entrevistarle para hacerle una propuesta de parte del señor Presidente de la República, Lic. Luis Echeverría Álvarez; se trata de que la Universidad Veracruzana deje de expedir cédulas profesionales, para lo cual solicita que usted firme un convenio para que esta atribución estatal sea ejercida por la Federación.”
El Gobernador expresó que consideraba que era incorrecta la medida porque Veracruz no debería renunciar a esta facultad que le conceden los artículos 3o. y 124 constitucionales, para lo cual pidió al señor Rector rogara al titular de Educación Pública que la entidad quedara libre de la firma de ese acuerdo. El maestro tuvo necesidad de comentarlo así con su casi pariente don Víctor Bravo Ahuja quien, como usted recordará, le tenía afecto porque lo consideraba su familiar y en la sucesión gubernamental de 1974 se dijo que había intervenido ante el Presidente para que favoreciera a su amigo y lo convirtiera en candidato del Partido Revolucionario Institucional para buscar la gubernatura.
Pasaron algunas semanas y en un acuerdo directo con el Presidente, don Luis Echeverría le pidió al Gobernador, con toda atención, que accediera a que las cédulas profesionales se otorgaran desde el gobierno central.
Don Rafael Hernández Ochoa, siempre institucional y amigo leal del Presidente, aceptó firmar el compromiso para unificar el registro profesional.
El 13 de diciembre de 1973 el Congreso de la Unión promulgó un decreto a través del cual se reformó el artículo 13 de la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal. Con base en este ordenamiento, el Ejecutivo Federal faculta a la Secretaría de Educación Pública para celebrar convenios de coordinación con los gobiernos de los estados a fin de dar coherencia al registro profesional, de acuerdo con las siguientes bases:
Instituir un solo servicio para el registro de títulos profesionales; reconocer para el ejercicio profesional de los estados, la cédula expedida por la Secretaria de Educación Pública y, consecuentemente, aceptar para el ejercicio profesional en el Distrito Federal las expedidas por los estados; establecer los requisitos necesarios para el reconocimiento de los títulos profesionales, así como darles la forma y contenido que los mismos deberán satisfacer, e intercambiar la información que se requiera.
El convenio que se firmó señala en su cláusula Segunda que ambos ejecutivos, el Federal y el del Estado, tienen el propósito de evitar la multiplicidad de trámites que los interesados realizan para registrar sus títulos profesionales y grados académicos y obtener las cédulas o patentes de ejercicio correspondientes, así como disminuir las erogaciones que se aplican a la administración de este servicio.
Este tratado al que hago referencia, se firmó el 23 de marzo de 1976 y desde entonces el Gobierno del Estado de Veracruz, no registra títulos profesionales y grados académicos, ni expide cédulas o patentes de ejercicio.
La cláusula Sexta del mismo, establece que su duración será por tiempo indefinido pero se puede dar por terminado cuando cualquiera de las partes lo notifique a la otra con seis meses de anticipación.
Con fundamento en el nuevo federalismo que está proponiendo el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, considero que sería muy pertinente rescatar esta facultad para que el Estado retome sus atribuciones en esta materia y registre títulos y patentes y expida las cédulas respectivas, con base en la fracción V del artículo 121 constitucional.
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