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Las cajas están vacías, no tienen dinero. Decenas y decenas de municipios diariamente empiezan a declararse en quiebra y exigen del gobierno federal un plan de rescate para evitar colapsos que, políticamente afectaría a los partidos políticos que representan y, laboralmente una bomba de tiempo por los miles de desempleados que ya están echando a la calle.

 

Desde mediados del año pasado las tres organizaciones nacionales de alcaldes expresaron su preocupación por lo que podría suceder no solo en ese año, sino en los sobsecuentes a los municipios. La federación Nacional de Municipios de México (FENAMM), que afilia a 1600 alcaldes priístas del país, reclamó un plan de emergencia de apoyo a las alcaldías; lo propio hizo La Asociación de autoridades Locales del Partido de la Revolución Democrática y los panistas de la Asociación Nacional de Alcaldes que en conjunto advirtieron "si no hay una pronta solución entraremos en un estado de ingobernabilidad".

 

En julio y agosto del año pasado investigadores y autoridades advirtieron que más del 70% de los 2 mil 400 ayuntamientos del país estaban en riesgo de quiebra porque ya no les alcanzaba su presupuesto para pagar la luz pública, la gasolina para recolectar la basura y los salarios de los policías encargados de la seguridad municipal, independientemente de los cuerpos de bomberos en ciudades medias-altas.

 

Tales hechos ya se están dando y generan ingobernabilidad, traducida en un alto crecimiento en los índices de delincuencia, desfasamiento de la sociedad con sus autoridades municipales y movilizaciones de los grupos afectados por la falta de dinero en los ayuntamientos que están provocando anarquía y caos.

 

Municipios como Ciudad Mier en Tamaulipas ya despidieron a más de la mitad de su plantilla laboral desde junio de 2012; Cuernavaca Morelos ya se encuentran en el buró de crédito al no poder liquidar los intereses de los préstamos que autoridades anteriores a las que están hicieron con un sinfín de bancos; el estado de Tabasco sufre una parálisis de sus servicios de salud que afecta a más de 2 millones de ciudadanos por culpa del anterior gobernador Andrés Granier que dilapidó recursos públicos en su beneficio, como también lo hizo el presidente municipal del centro turístico de Acapulco el actual diputado federal priísta Manuel Añorve Baños que, no se llevó el papel de baño porque le ocupaba mucho espacio.

 

Pero no solo los ayuntamientos están en quiebra sino también varias entidades federativas como Coahuila, Chiapas, el Estado de México, el Distrito Federal, Jalisco, Veracruz y varios más cuyas deudas ya se encuentran en estado crítico a grado tal que sus gobernadores empiezan a tener problemas de liquidez quincena tras quincena, avizorándose una ola de despidos a corto y mediano plazo de consecuencias peligrosas para la estabilidad social.

 

Frente a esta problemática y las exigencias de centenas de presidentes municipales y algunos gobernadores de pedirle al Gobierno Federal que los salve, el secretario de Hacienda Luis Videgaray ya externó su decisión de no rescatar con dinero de la federación a Estados y Municipios endeudados, y propone legislar sobre imponer mayores candados a los alcaldes y ejecutivos locales para que puedan accesar a prestamos bancarios, porque hasta hoy todos ellos podían hacerlo fácilmente.

 

Pero el meollo del problema no es endurecer los requisitos para que los municipios y gobiernos puedan endeudarse, sino castigar a todos los ediles y gobernadores que hayan desviado los dineros públicos para su propio beneficio, dado que es notorio el enriquecimiento de casi la totalidad de ellos, y ejemplos sobran: cárcel y embargo de sus propiedades y dineros.

 

Hay alcaldes que cuando llegan a tomar posesión de su encargo eran propietarios de una pequeña o mediana vivienda y cuando salen, en donde residen, tienen dos o tres residencias; y en lugares circunvecinos ya pusieron casa chica, con alberca y todo, así como un monumental negocio para asegurarse su porvenir.

 

Y qué decir de los exgobernadores que de la noche a la mañana engrosaron sus cuentas ni siquiera en bancos asentados en territorio nacional, sino en instituciones financieras gringas que los hacen vivir como jeques el resto de su vida y la de sus familiares.

 

¿Qué han hecho los funcionarios encargados de vigilar la buena administración de las haciendas municipales y estatales, como el ORFIS o la comisión de Hacienda de la Cámara de diputados, entratándose de Veracruz, o sus similares en el resto de las entidades federativas?

 

Nada. Cobrarles derecho de piso y venderles un certificado de impunidad si cumplen con las cuotas mensuales establecidas. De esa forma, el diezmo que las constructoras pagan a los alcaldes por toda la obra publica encomendada la mochan con ellos y así, Tutti contenti.

Las campañas de moralización emprendidas por algunos gobernadores metiendo a la cárcel a presidentes municipales de ranchitos o pueblos se pierden, cuando a los alcaldes de municipios importantes no los tocan y hasta los defienden, cubriendo con un manto de impunidad, inclusive, a su antecesor.

 

El no rescatar a los municipios y entidades federativas el gobierno federal es plausible. Algo similar hubieran hecho cuando los banqueros entraron en quiebra y a ellos si los rescataron y hasta la fecha les siguen pagando, con recursos públicos, mes tras mes, sus miles de millones de pesos.

 

Como observamos, los criterios que aplican para un caso y para el otro son distintos, propios de tecnócratas neoliberales que les tiran salvavidas a los ricos.