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Columnas y artículos de opinión

La violencia de la imposición

Hemisferios

Por: Rebeca Ramos Rella

14/01/2013

alcalorpolitico.com

Alguien no está haciendo bien su trabajo. Algo no huele bien en el proceso de selección de la nueva Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres.

La sombra del dedazo presidencial, se ha vuelto espectro bastante claro. Vicio arcaico que según el mismo Ejecutivo, cuando en campaña, garantizó, quedaría enterrado, frente a su compromiso de construir una “Presidencia democrática”.

Dañina la sospecha entre el amplísimo y creciente sector feminista mexicano, que primero que nada luchan y seguirán luchando, en contra de las imposiciones, las discriminaciones, el sometimiento al poder androcéntrico y a la simulación conveniente de muchas mujeres empoderadas, que se asumen en público, sororas de la defensa y respeto de los derechos de las mujeres, pero que en la acción y en la postura política y social, reproducen los mismos vicios, atropellos, agravios y conductas que anclan a la mitad de la población de este país, en el rincón de la exclusión, la violencia, el no reconocimiento, la trasgresión de la ley y de los derechos humanos fundamentales de las mujeres.

No extraña que en el enredo de la conformación de aspirantes al Inmujeres, esté la mano autoritaria, misógina y arbitraria de la Señora Secretaria de Desarrollo Social, que no ha entendido que ha de abandonar sus actitudes y posicionamientos del pasado, ante la oportunidad de renacer en este sexenio y ante la honrosísima responsabilidad social y política, de encabezar el combate a la pobreza y la superación de las desigualdades que hunden al país en el atraso, en el hoyo de una sociedad aldeana que discrimina y violenta a las mujeres y en la no competitividad y no productividad, que dependen en gran medida, de la reticencia a valorar y a respaldar, la aportación indispensable de las mujeres, en la economía y en el crecimiento de México.

Se ha filtrado en medios y en las mesas del debate feminista, que la Señora Robles ha remarcado –ordenado- que “la candidata del Presidente Peña”, se llama Lorena Cruz Sánchez y que ni le busquen, ella debe ser.

Errando en la estrategia de convencimiento, deslegitimando la autonomía democrática del proceso; desnudando la línea impositiva que la define, Robles ha menguado la credibilidad de su propuesta y ha expuesto al Presidente de la República a señalamientos muy agudos, que ponen en duda su solidez y vocación, para edificar un gobierno incluyente, de avanzada, comprometido con la perspectiva de género y con el respeto al ejercicio de los derechos de las mujeres.

La encumbrada Secretaria, sin querer y ya de entrada, ha descalificado y debilitado a su consentida, una exempleada del ex Gobernador en el Estado de México y ha acentuado el rechazo generalizado que le imputa escaso perfil, baja preparación, cuestionable convicción de género y efectividad opaca, sobre todo, por la turbiedad en su actuación como ex vocal ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social en el Estado de México –Cemybs-, organismo que en 2006, en esa entidad, fue sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social estatal, devaluando la perspectiva y la política de género, al mero asistencialismo que no resuelve la desigualdad imperante.

Ya en un intento fallido, a principios del sexenio que despunta, se pretendió hacer lo propio con el Inmujeres, -seguramente por la brillante recomendación de Robles-, pero hubo de meterse reversa ante el repudio de organizaciones sociales de mujeres, que observaron la intención de invisibilizar la lucha de género y de compactar políticas públicas y decisiones gubernamentales, hacia el bienestar de las mujeres, en la masa sin rostro y amorfa de la población vulnerable de este país.

Bien por la rectificación de Peña, ante la sugerencia de una visión muy corta y mediocre, que agredía el reconocimiento al género, al querer meter en un solo paquete, una problemática que exige solución desde la esencial base democrática y de vital sustento productivo nacional, que demanda políticas, recursos, acciones y programas, enfocados a fortalecer el empoderamiento y el avance del género.

Afortunadamente el Instituto se salvó de la tutela del gobierno federal y del control vertical, muy masculinizado, que Robles le aseguraba a su jefe, con esta fusión absurda; pero ella no se rindió.

Ahora, la táctica fue mover los hilos del proceso de selección de candidatas al Inmujeres, de manera que el dominio roblista pudiera prevalecer a través de la imposición de la administradora Cruz Sánchez, quien se ganó el protagonismo mediático y social nacional, sólo cuando fue evidente su ocultamiento de la gravedad de los feminicidios en el Estado de México, –uno de cada cuatro se cometen en aquella entidad- y desvirtuó la urgencia de emitir la Alerta de Género, que según la Ley, tiene como principal objetivo, garantizar la seguridad de las mujeres y el fin de la violencia en su contra.

Esta mancha inolvidable en su gestión, hubo de empañar otros avances que no se niegan, pues se implementaron en la entidad, pero con una falla teórica de apreciación ejecutoria de origen. En un Informe, la entonces vocal ejecutiva aseguró que las políticas de transversalidad y género, se avocaron a brindar “asistencia” mediante programas sociales para “atender a las mujeres mexiquenses, como un grupo vulnerable”. Grave. El sustento teórico del movimiento feminista descarta considerar a las mujeres, en el ámbito de la “vulnerabilidad”, que nos supone débiles, frágiles y propensas a necesaria tutela del Estado; es decir, el término en la orientación de política pública, sugiere que requerimos de sujeción al paternalismo del Estado ¡Vaya! con la visión machista para resolver.

Pero veamos. No se soslayan las acciones de la entonces vocal ejecutiva en su estado, como crear Albergues para mujeres violentadas; los Centros de Atención y de Reeducación para los agresores; el programa de Mujeres Trabajadoras, que les brindaba un apoyo económico por cinco meses; tampoco se le escatima la creación del programa Compromiso con el Futuro, una canasta alimentaria para adolescentes embarazadas, que gozaban de este apoyo durante los 9 meses de gestación.

Tampoco el de la Pensión Alimenticia para Adultos Mayores de 60 a 69 años, en una entidad donde el 50% de ancianos, son mujeres. Asimismo, tampoco se reniega del programa de Una Vida sin Violencia, que se circunscribía a pláticas, asesorías psicológicas y jurídicas y la concientización a través de la Galería Itinerante, que recorría el estado para prevenir la violencia contra las mujeres; ni del trabajo que desarrollaron las 16 Unidades de Atención a Víctimas de Violencia, para apoyar a las víctimas. Menos que en 2010, el Estado de México haya sido una de las primeras entidades del país, donde el feminicidio se estipuló como delito a nivel constitucional.

Pero estos avances y esfuerzos se vieron menguados cuando la señora Cruz Sánchez hubo de navegar con la bandera de la omisión y la complicidad, al tapar la gravedad del feminicidio en su estado. Defendió la decisión de no emitir la Alerta, con la espada de la no politización del flagelo. Pero lo único que logró es que se perdiera la real dimensión nacional de las muertas mexiquenses.

Cierto es que los ánimos electoreros tergiversaron la denuncia justa y comprobable de las organizaciones de mujeres y de las familias de las fenecidas con violencia. La macabra realidad de los feminicidios en el Estado de México quedó a la vista la opinión pública, como meros ataques de campaña, para desprestigiar a Peña Nieto, previa su candidatura priista presidencial y su atención, investigación, castigo, descansaron en el plano trámite.

Permaneció para la historia, que la Alerta de Género, presentada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres, basó su formulación en información oficial, recabada de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que reportó 4 mil 773 denuncias por violación en año y medio y 922 homicidios dolosos contra mujeres, cometidos entre enero de 2005 y agosto de 2010.

A estas cifras se sumaron también las de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, que demostró temibles niveles de violencia contra las mujeres en los municipios Ecatepec, Netzahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlan, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli.

Pero el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia, determinó declarar improcedente la solicitud de Alerta, con 20 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones, aduciendo, en el fondo político, que se trataba de campañas contra la otra campaña.

En caso contrario, el Gobierno del Estado de México se hubiera visto obligado a desarrollar y aplicar acciones preventivas, en seguridad y justicia para detener la violencia feminicida; también habría tenido que diseñar reportes regionales y evaluación del comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres; además de la reasignación de recursos presupuestales necesarios para combatir la contingencia. Pero el gobierno se salvó, sin salvar a las mujeres en peligro.

Hoy, ante su eventual unción, gracias al digito índice, a doña Lorena este pasado la persigue y se suma a su descalificación, que arrecia por el amañado proceso.

La Junta de Gobierno del Instituto, integrada por titulares de 13 secretarías de Estado, la PGR, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, más las 16 integrantes de los Consejos Consultivo y Social, informó que el mes pasado, se habían presentado cinco aspirantes: la Presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en el DF, Alicia Virginia Téllez Sánchez; la Directora del Instituto de Atención a las Víctimas del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, Francisca de la Rosa María Zaldívar Pérez; la ex titular de la Secretaría de la Mujer en Coahuila, Martha Laura Carranza Aguayo y la Secretaria General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Rosa María Molina del Castillo, además de Lorena Cruz Sánchez.

Pero consideraron ampliar el plazo para dar oportunidad a otras candidatas a registrarse. Las Consejeras vieron la mano tricolor en posible mayoriteo y demandaron un proceso más “democrático, incluyente y transparente”, al abrir espacios a la sociedad civil.

Al viernes pasado, ya se habían inscrito 13 académicas, políticas y expertas en género, entre las que destacaban priístas como Dulce María Sauri y Alicia Téllez, reconocidas con mayor trabajo y experiencia que la impuesta; también resaltaba la ex diputada federal del PRD y ex presidenta de la Comisión Especial de Feminicidio, Teresa Incháustegui Romero, la más respetada en trayectoria y labor por el género y quien ha sido la más severa crítica. Ha expresado “opacidad y restricción” en la selección.

Y ante la opción de que el cargo se diluyera en alguien sin afinidad a la Sedesol federal, la estrategia cayó en el equívoco de la “línea”.

No será sorpresa que la todavía Subsecretaria de Desarrollo Regional del Valle de Toluca, de la Sedesol estatal resulte “ganadora” en este proceso sin ética de competencia justa ni inlcuyente, sin consideraciones profundas de profesionalización sobre la perspectiva y cultura de género, para encabezar el Instituto Nacional de las Mujeres, una conquista relevante en la lucha por la Igualdad sustantiva que aún las mexicanas exigimos en la realidad, en la ley y en las decisiones de gobierno.

Es lamentable que los compromisos con las mujeres hayan quedado a merced del estilo de un personaje femenino que poco o nada ha demostrado en favor del adelanto de las mujeres; por el contrario, ejerce la violencia contra las mujeres que dice y jura, respaldar.

Porque la violencia tiene muchos rostros y la imposición, la antidemocracia en una selección libre del movimiento feminista nacional, también es una forma de agredir nuestros derechos .

Lo peor, es que ya veremos, el Inmujeres quedará sometido a la directriz sesgada, distorsionada y misógina de la titular de la Sedesol federal y que todo lo que pudiera impulsarse desde la autonomía colegiada y plural de ese organismo, pasará por la visión y acción androcéntrica que nos violenta.

¿Y qué harán las mujeres organizadas?

La libertad, la democracia, la justicia, la igualdad empiezan por la inconformidad.

Esta lucha sigue.

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