Son hechos aislados, o aparentemente aislados, pero pareciera que con el nuevo Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, el país está entrando en una nueva etapa en cuanto al papel que les toca jugar, o que habrán de jugar en el futuro, por lo menos durante el presente sexenio, los institutos armados, el Ejército y la Marina, y las circunstancias han hecho que Veracruz sea el escenario de los primeros indicios.

Enrique Peña Nieto está innovando en el quehacer gubernamental, o está volviendo a prácticas de los gobiernos priistas en el siglo pasado hasta que el panismo les arrebató el poder en el año 2000. El Ejército y la Marina habían estado en los cuarteles hasta que Felipe Calderón los sacó a la calle para cumplir tareas de policía y de combate al crimen organizado, que no es su objetivo.

A mi juicio, su papel ha sido determinante para garantizar la gobernabilidad del país y con ello la seguridad de los mexicanos ante la terrible corrupción policiaca que, lamentablemente, también alcanzó hasta altos mandos verde olivo. Y, claro, en la guerra en la que los metió Calderón ha habido bajas, decenas, cientos, miles, muchas de ellas de inocentes como las hay en toda guerra, y entonces el papel del Ejército y la Marina ha sido y es también controvertido.


Y entonces, a partir del sexenio pasado, su comandancia de pronto empezó a cobrar notoriedad hasta que logró un papel destacado, y soldados y marinos, los altos mandos, pasaron a ser actores no sólo militares y navales sino también políticos: las decisiones en el centro del país y en los estados se tomaban junto con ellos y a la vista de todos.

En Veracruz, por citar sólo dos ejemplos, en momentos de grave peligro por las inundaciones causadas por huracanes, el entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán acordó que al frente del operativo de salvaguarda, coordinando a todas las instancias estatales y federales, estuviera un comandante de la Marina.

Más recientemente, si bien ya participaban en la lucha contra el crimen, fue a partir de que el gobernador Javier Duarte de Ochoa lo solicitó cuando los marinos y soldados tomaron el control policiaco de las principales ciudades del estado y no son nada raras las reuniones de trabajo, de coordinación con la autoridad civil, en los cuarteles.


Pero con el arribo de Peña Nieto al poder, parece que empiezan a haber modificaciones, tal vez deliberadas que pudieran ser el principio del retorno, en el futuro, de las Fuerzas Armadas a los cuarteles.

Cualquiera que tenga curiosidad o que haya estado atento habrá notado un pequeño gran detalle ocurrido durante la pasada visita del presidente a Boca del Río para encabezar el acto agrario del 6 de enero: por primera vez en mucho tiempo no hubo un solo militar en el presídium.

Ha trascendido que los comandantes militares y navales en Veracruz estaban listos para participar, pero que la orden del Comandante Supremo fue no, se trata de un acto agrario. Según, el mexiquense lo hizo por dos motivos en especial: porque ese acto siempre tiene connotaciones partidistas (eminentemente priista, claro está) y porque a toda costa quiere cuidar la buena imagen de las instituciones armadas, de tal forma que quiso poner al Ejército y a la Marina al margen de un acto con signo partidista, en un terreno neutral, al servicio sólo de México. Rescatar, pues, la imagen y el decoro de las Fuerzas Armadas.


Pero Peña Nieto vino también en un momento en que el Ejército está siendo cuestionado por la muerte de cuatro personas en la ciudad de Córdoba el 28 de diciembre pasado, de quienes se ha dicho en un principio que eran miembros de la delincuencia organizada pero que sus familiares y sus vecinos y casi todo el pueblo de Ixhuatlán del Café aseguran que no, que eran ciudadanos de bien, trabajadores, conocidos.

Los ingredientes del caso pudieran hacer pensar que se trató de un hecho fortuito: los cuatro hombres habían ido a comprar refacciones a Córdoba y, de paso, se fueron a un bar. En la noche, tal vez cuando ya se proponían regresar a su pueblo, atropellaron a un motociclista y trataron de escapar para huir de la responsabilidad, con tan mala suerte que pasaron frente a donde soldados reguardaban el cadáver de un delincuente, y pensando que lo iban a rescatar (esa es la versión oficial que se sostiene) los uniformados los acribillaron.

Sin duda, tal vez en el afán de destacar su celo profesional, antes de investigar a fondo los hechos, el Ejército se apresuró a informar que se trataba de miembros del crimen organizado que iban a rescatar el cuerpo de un compañero hasta que estalló lo que ahora es un escándalo de ribete nacional cuando salieron los familiares a dar su versión.


Llama mucho la atención que esta vez, un día antes de que llegara el presidente Peña Nieto al estado, el 5 de enero, peritos de la Procuraduría General de la República viajaron a Córdoba para inspeccionar e iniciar una investigación. Y llama la atención porque la PGR es una institución que depende directamente del presidente de la república, el mismo que es Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.

Pero llama la atención que el pasado 11 de enero, si bien el comandante de la Sexta Región Militar, René Carlos Aguilar Páez, enfatizó ante la prensa que las evidencias apuntan que los cuatro individuos eran integrantes de la delincuencia organizada, o sea, sostuvo la versión inicial, matizó diciendo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) apoyará en la investigación y que si los resultados arrojan que hubo un error, los militares involucrados tendrán que enfrentar la justicia.

Dijo que la institución entregará la información del suceso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y expresó: “A las familias de las personas abatidas en Córdoba quiero decirles que lo siento mucho, ellos no deberían estar muertos sino detenidos, pero el personal militar tuvo que responder así a la agresión para salvaguardar sus propias vidas”.


Las protestas de los familiares, vecinos y pobladores de Ixhuatlán del Café continuaban ayer. Quieren que se limpie la imagen de sus fallecidos.

Enrique Peña Nieto escribió y publicó en su blog el pasado 9 de enero: “El 1o de diciembre, al asumir la elevada responsabilidad como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos reafirmé que el Estado debe estar al lado de las víctimas y sus familiares”.

“Hoy, en el Diario Oficial de la Federación del 9 de enero de 2013, se publicó la Ley General de Víctimas. La Ley General de Víctimas es el inicio de un modelo jurídico innovador, que pone a la persona, a su dignidad humana y a sus derechos inalienables, en el centro de la atención del Estado y de la Sociedad. La dignidad de una Nación se refleja en la forma en que se trata a las víctimas de la violencia y el delito. Como lo he reiterado en varias oportunidades, y hoy lo refrendo, soy un Presidente que estará siempre del lado de las víctimas”.


En Veracruz, se le ha presentado la oportunidad para demostrar que va en serio. El desenlace del caso no ha de demorar. Seguramente el presidente querrá poner por encima de todo la justicia, mostrarse congruente, no repetir los errores del gobierno de Felipe Calderón y hacer refulgir la que hasta ahora es la joya de la corona de su recién estrenado gobierno: la Ley General de Víctimas.

Si es así, se ganará el respeto, la estima y la adhesión de cuatro modestas familias veracruzanas, que si bien ya no pueden recuperar a sus seres queridos, por lo menos quieren que descansen en paz sin ninguna mancha ni señalamiento ni para ellos ni para sus sobrevivientes; se ganará el respeto y la adhesión de todo un pueblo del centro de Veracruz. Mejor, se ganará la credibilidad de los mexicanos.

Sin duda, nuevos vientos soplan en el país.