Una de las elecciones más complicadas para el PRI en los comicios federales de 2009 fue la del décimo tercer distrito electoral con cabecera en Huatusco.

Y es que, contra todos los pronósticos, al final se alzó como triunfador el priista Felipe Amadeo Flores Espinosa, actual procurador general de Justicia del Estado, quien no sólo tuvo que superar la dispendiosa campaña del candidato del Partido Nueva Alianza, Ulises Ochoa Valdivia, hijo del entonces senador Rafael Ochoa Guzmán, ex secretario general del CEN del SNTE, sino echar abajo también los presuntos arreglos que por debajo de la mesa habría convenido la cúpula estatal del PRI con el aún poderoso líder del sindicato magisterial, versión que en su momento trató de desmentir Francisco Xavier Muñoz Ruiz, a la sazón dirigente del PANAL en Veracruz, el cual negó que existiera una negociación entre el gobernador Fidel Herrera Beltrán y la maestra Elba Esther Gordillo.

Sin embargo, lo que llamó la atención es que la dirigencia estatal del PRI, presidida entonces por el ahora diputado local Jorge Carvallo Delfín, se resistió a reconocer públicamente el triunfo de su partido en el distrito de Huatusco pese a que la misma noche de la elección Flores Espinosa, con el cien por ciento de las actas de escrutinio, ya se había declarado ganador con una ventaja inicial de más de 600 votos, la cual se amplió a la hora del recuento realizado tres días después en la sesión de la Junta Distrital del IFE.


No obstante, según versiones periodísticas que circularon en aquella ocasión, trascendió que el gobernador Herrera habría presionado hasta el último instante a los operadores electorales de Flores Espinosa para revertir el triunfo del priista en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Empero el TEPJF terminó por ratificar el resultado a favor del ex candidato del PRI.

La anécdota viene a cuento porque ahora comienza a correr la versión de que en la próxima elección local, en la que se renovarán los 212 ayuntamientos y la siguiente Legislatura del estado, presuntamente la prioridad para la cúpula priista sería asegurar la mayoría simple en el Congreso estatal aunque tuvieran que entregar más de la mitad de las alcaldías.


El argumento es bastante lógico: para cerrar sin problemas su administración, el gobernador Javier Duarte de Ochoa necesita a una diputación leal que apoye todas sus iniciativas de ley y le apruebe su presupuesto y cuentas públicas.

En cambio, al mandatario veracruzano no le representará mayor conflicto gobernar con alcaldes de otra filiación partidista.

Sin embargo, concretar esta hipotética operación electoral requeriría de una fina cirugía política que implicaría no sólo tejer acuerdos discrecionales con directivos y líderes de los grupos hegemónicos que controlan a los principales partidos de oposición, sino postular también a candidatos con un perfil ganador para al menos hacer verosímil el triunfo de los abanderados del PRI.


Y es que en el reciente proceso electoral federal de 2012 el partido tricolor aprendió que no basta con postular a cualquier personaje aunque se tenga previamente arreglada la elección.

El caso más emblemático sucedió en Córdoba, distrito en el que en 2009, como candidato del PRI a diputado federal, arrasó el ahora gobernador Duarte de Ochoa con la más alta votación de todo el estado. No obstante, en julio del año pasado, Francisco Cessa Servín, ex subsecretario de Ganadería y amigo de la infancia del mandatario veracruzano, perdió la elección pese a que por el PAN le pusieron como contrincante a Leticia López Landero, hermana del diputado priista por Zongolica, Tomás López, una candidata que aparentemente era la más débil y que de manera sospechosa hizo una campaña de muy bajo perfil.

Pese a que tenía todo a su favor, sorpresivamente Paco Cessa perdió.


En el décimo distrito electoral federal con cabecera en Xalapa se repitió un hecho similar. El ex secretario de Gobierno y ex procurador general de Justicia del Estado, Reynaldo Escobar Pérez, perdió los comicios frente al perredista Uriel Flores Aguayo, quien en apariencia no era la mejor carta del PRD, partido por el cual buscó postularse la ex diputada local del desaparecido Partido Socialista Unificado de México (PSUM), Consuelo Ocampo Cano, una prestigiada académica de la Universidad Veracruzana muy bien vista por organismos civiles.

Aunque la versión, a simple vista, puede sonar aberrante, ya se verá a la hora de la nominación de los candidatos del PRI a presidentes municipales cuáles pueden tener condición de “sacrificables”, pues inexplicablemente algunos aspirantes priistas están siendo perfilados pese a no tener suficiente arraigo ni gran aceptación popular en los municipios que aspiran gobernar.

Una primera señal de estos presuntos acuerdos entre la cúpula del partido tricolor y una de las principales fuerzas de la oposición es la negativa del grupo hegemónico que controla el Comité Directivo Estatal del PRD a formalizar una alianza electoral con el PAN, como por ejemplo estaría por darse en otros estados como Oaxaca, donde también habrá elecciones locales el 7 de julio próximo.


En estas presuntas negociaciones también habrían sido cooptados algunos destacados personajes del PAN, como el presidente municipal de Coatepec, José Manuel Sánchez Martínez, quien según las encuestas sería imbatible como candidato del partido blanquiazul a la diputación local.

Sin embargo, se rumora que el edil panista de Coatepec habría accedido a no postularse al Congreso local a cambio de asegurarle la alcaldía a su delfín Andrés Cuevas Melo, actual director municipal de Obras Públicas y hermano del aún delegado estatal de la Sedesol, Abel Cuevas, quien por su parte aspira a ser postulado por el PAN a la presidencia del ayuntamiento de Xalapa.

La versión puede parecer fantasiosa, pero lo cierto es que en la sucesión estatal de 2004 Fidel Herrera Beltrán también negoció alcaldías y diputaciones locales con tal de salvar su elección de gobernador que oficialmente ganó con un polémico margen de 25 mil votos.


Gracias a Herrera, el PAN obtuvo por primera vez en la historia de Veracruz el control político y administrativo del Congreso del estado.