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Columnas y artículos de opinión
Al Pie de la Letra
Lotería panista
Raymundo Jiménez
16 de enero de 2013
alcalorpolitico.com
Aparte de las decenas de miles de muertos y desaparecidos registrados durante los seis años de la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa –un sangriento estigma que actualmente lo persigue en Harvard y que históricamente siempre lo seguirá marcando a él y a su descendencia–, al PAN lo que lo arrojó de la Presidencia de la República fue también la enorme corrupción que en su último gobierno toleró en funcionarios de todos los niveles.

El escándalo más reciente, por ejemplo, es el del otorgamiento de permisos a dos empresas para operar 94 casinos durante 25 años, el cual fue autorizado por la Secretaría de Gobernación minutos antes de la medianoche del 30 de noviembre de 2012, día en que constitucionalmente concluía la administración calderonista. En este affaire ha sido involucrado el senador Roberto Gil Zuarth, ex secretario particular de Calderón y ex coordinador de la campaña presidencial de la panista Josefina Vázquez Mota.

Pero este bochornoso caso, en el que ha sido implicada también Lizette Clavel, suplente de la senadora del PAN, Luisa María Calderón, hermana del ex presidente, es sólo uno más de los centenares que en todos los niveles de la administración federal se dieron durante el pasado régimen presidencial.


A mediados del año pasado el diario capitalino Reforma ventiló el fraude que trabajadores y directivos de Pronósticos para la Asistencia Pública tramaron con empleados de la empresa Just Marketing para simular el sorteo 2518 del 22 de enero de 2012, grabándolo anticipadamente y en privado, lo que les permitió comprar los boletos y rellenarlos con los números exactos antes de que el video se transmitiera en tiempo real por televisión. Los responsables de “tan buena suerte” se repartieron en total un premio de 160 millones de pesos, 112 correspondiente al monto acumulado de Melate y 48 de la Revancha.

En Veracruz ha trascendido un caso de otro funcionario federal panista de medio pelo que el sexenio pasado también se volvió millonario de manera sorprendente.

Se trata de Carlos Alberto Hernández Sánchez, un ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Veracruzana y nativo de Coatepec, quien recientemente acaba de cobrar notoriedad por haber adquirido una mansión de la familia Chedraui en el exclusivo fraccionamiento xalapeño de Las Animas, la cual estaría valuada en 20 millones de pesos.


Pero el escándalo no brotó sólo por esta millonaria adquisición sino porque esa fastuosa residencia se vendría a sumar a otras propiedades que el funcionario panista habría acumulado recientemente, entre ellos un supuesto edificio y otros bienes inmuebles así como una flotilla de vehículos particulares de las marcas más caras en el mercado automotriz.

Es cierto que Hernández Sánchez tiene una trayectoria de 25 años en el servicio público. Pero se duda que sus ingresos como burócrata federal le hayan permitido amasar en ese tiempo esta cuantiosa fortuna.

Además no proviene de una familia acaudalada, sino que es hijo de un modesto peluquero de la vecina ciudad cafetalera.


Entre los primeros cargos más destacados que desempeñó están los de encargado de la Jefatura del Distrito de Desarrollo Rural 04 de Coatepec; jefe del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural del Distrito 03 de Teziutlán, Puebla; coordinador de Fomento Agropecuario, y Jefe de Área Agrícola en el mismo Distrito.

En junio de 2010, en plena sucesión gubernamental de Veracruz, sustituyó interinamente a Octavio Legarreta Guerrero en la Delegación Estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), cargo en el que permaneció prácticamente un año, pues el 1 de julio de 2011 fue relevado por el ex diputado federal porteño del PAN, José Vicente Ramírez Martínez.

Pero Hernández Sánchez no quedó desamparado a pesar de las denuncias que en su contra hicieron varias agrupaciones campesinas. En diciembre de 2010, por ejemplo, Esteban Valles Martínez, coordinador general de Productores del Sur de Veracruz, lo acusó de haber dejar fuera ni dar seguimiento a los 140 proyectos productivos que presentaron en tiempo y forma los más de 900 miembros de su organización.


Según acusó Valles Martínez, entre las múltiples violaciones a la ley y reglamentos atribuidas al delegado interino de la Sagarpa, se encontraba la expedición de una convocatoria para participar en el programa para la adquisición de activos productivos 2010 carente de firmas y, por ende, de nulo valor legal, además de que los 624 millones de pesos destinados para estos proyectos no podían ser utilizados debido a que el gobierno del estado supuestamente no había aportado los 273 millones de pesos que le correspondía, lo cual, dijo, también era una mentira.

“Son muchas las irregularidades y la violación a las leyes a sus propios reglamentos en los que cae el delegado interino de la Sagarpa. A los pequeños productores siempre nos cierran las puertas para abrírselas a los privilegiados. Por eso exigimos se investigue y se castigue, queremos que nos digan los resultados de los programas que ejercen pero sobre todo en dónde queda el dinero destinado para esos rubros”.

Cuestionado sobre cuál debería ser la sanción en caso de resultar verídicos estos señalamientos, Valles Martínez respondió que dependiendo del resultado de las investigaciones, los responsables merecían desde la inhabilitación hasta incluso un proceso penal.


Sin embargo, el afortunado Hernández Sánchez todavía permaneció como delegado interino en Veracruz medio año más, hasta que en julio de 2011 fue relevado por Vicente Ramírez. Y fue tanta su suerte que días después fue llamado a las oficinas centrales de la Secretaría de Agricultura en la Ciudad de México, donde asumió el cargo de Director de Control Regional en la Coordinación General de Delegaciones. De ahí, en marzo de 2012, fue enviado como delegado de la Sagarpa al estado de Guerrero, donde actualmente se encuentra.

¡Cuál sufrir!