18 de enero de 2013
alcalorpolitico.com
En el año 2000 el Congreso Local estaba compuesto por 40 diputados, 24 de mayoría relativa y 16 de representación proporcional; empero hacia el año 2004 el Congreso Local aumentó a 50 diputados, 30 de mayoría relativa y 20 de representación proporcional, aquí inicia una lógica contraria a la distritación federal, mientras a nivel nacional se eliminan dos distritos electorales federales para el 2006, en el plano local se incrementan seis distritos locales en la clásica manipulación electoral rural a través del gerrymandering en 2004, por supuesto producto de las derrotas electorales priistas en el plano municipal de 1997 y 2000.
Dado lo anterior, el Congreso Local para el priismo en el pasado reciente significó un creciente declive es el último reducto del autoritarismo para frenar la cerca alternancia en 2004; de manera previsible en ese año el PAN ganó 14 diputaciones de mayoría y el PRD 3, con sus respectivos “plurinominales” 7 y 3, la oposición en su conjunto obtuvo 27 diputados de un Congreso de 50; por fin se asistió al primer gobierno dividido y/o compartido en Veracruz pero en lugar de hacer realidad la división de poderes se optó por la cohabitación con el PRI.
Después de esa experiencia político-electoral y legislativa en 2004, hoy la coalición PAN-PRD debe fijar la agenda legislativa del cambio por Veracruz; por lo tanto la agenda estratégica estará guiada por objetivos de mediano y largo plazo, los cuales se tendrán que cristalizar en la elección de 2016; por lo tanto se configurará una coalición de mayoría (PAN-PRD) que venza al status quo político local.
La construcción de una nueva mayoría opositora que reconstruya a Veracruz será necesariamente reformista en el fondo, desde la descentralización del poder y la deshegemonización del priismo de sus largos 84 años, y ¿cuáles serían las propuestas de la referida coalición?, sea pues realizo un esbozo de la posible agenda legislativa que se propone:
En el plano de desarrollo social: a) una nueva Ley de Pensiones del Estado; b) fomentar una reforma constitucional que instaure un “gobierno de coalición” para que fomente un acuerdo en torno a una agenda de políticas públicas convenidas (tal y como funciona en el estado de Baja California y no en las abstracciones del “Pacto por México”); c) armonizar la Ley General de Contabilidad Gubernamental con la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave para atacar de manera directa el manejo de la deuda de Veracruz, así como también frenar el creciente y súbito endeudamiento local.
En materia política: a) que el gobernador tenga tres iniciativas preferentes, por supuesto en el contexto del nuevo gobierno dividido, donde la nueva mayoría opositora tienda puentes de colaboración con el ejecutivo estatal; b) una nueva reforma electoral que elimine la cláusula de gobernabilidad priista y se regrese a la fórmula del 8% de la sobrerrepresentación, introducción de las candidaturas ciudadanas, impulsar la federalización de la organización de las elecciones locales, lo que significa la desaparición de la secretaría de elecciones local llamada “Instituto Electoral Veracruzano”; c) Ley de Presupuestos Participativos en el plano municipal; y d) reducir el número de regidores en los ayuntamientos donde exceden en su representación.
En el plano de la seguridad pública: a) contribuir con la creación de la policía única (tema pendiente desde 2010 y que está plasmado en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016); b) reformar la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y c) revisar y evaluar el presupuesto por “resultados” que se le asigna a la secretaría de seguridad pública.
Finalmente, el debate se debe centrar en el desarrollo económico de Veracruz, el cual está estancado desde los años ochenta y no se vislumbra como enfrentar una salida con los actuales gobiernos del PRI; es por eso que la nueva gobernanza que se propone desde la oposición creativa, será definir las reformas jurídicas que posibiliten la competitividad, la innovación, la creatividad de los veracruzanos; además reactivar al sector primario sin la demagogia del pasado 6 de enero con las falacias del acto agrario, que sólo sirven para reconcentrar simbólicamente al neopresidencialismo priista.
Dado lo anterior, el Congreso Local para el priismo en el pasado reciente significó un creciente declive es el último reducto del autoritarismo para frenar la cerca alternancia en 2004; de manera previsible en ese año el PAN ganó 14 diputaciones de mayoría y el PRD 3, con sus respectivos “plurinominales” 7 y 3, la oposición en su conjunto obtuvo 27 diputados de un Congreso de 50; por fin se asistió al primer gobierno dividido y/o compartido en Veracruz pero en lugar de hacer realidad la división de poderes se optó por la cohabitación con el PRI.
Después de esa experiencia político-electoral y legislativa en 2004, hoy la coalición PAN-PRD debe fijar la agenda legislativa del cambio por Veracruz; por lo tanto la agenda estratégica estará guiada por objetivos de mediano y largo plazo, los cuales se tendrán que cristalizar en la elección de 2016; por lo tanto se configurará una coalición de mayoría (PAN-PRD) que venza al status quo político local.
La construcción de una nueva mayoría opositora que reconstruya a Veracruz será necesariamente reformista en el fondo, desde la descentralización del poder y la deshegemonización del priismo de sus largos 84 años, y ¿cuáles serían las propuestas de la referida coalición?, sea pues realizo un esbozo de la posible agenda legislativa que se propone:
En el plano de desarrollo social: a) una nueva Ley de Pensiones del Estado; b) fomentar una reforma constitucional que instaure un “gobierno de coalición” para que fomente un acuerdo en torno a una agenda de políticas públicas convenidas (tal y como funciona en el estado de Baja California y no en las abstracciones del “Pacto por México”); c) armonizar la Ley General de Contabilidad Gubernamental con la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave para atacar de manera directa el manejo de la deuda de Veracruz, así como también frenar el creciente y súbito endeudamiento local.
En materia política: a) que el gobernador tenga tres iniciativas preferentes, por supuesto en el contexto del nuevo gobierno dividido, donde la nueva mayoría opositora tienda puentes de colaboración con el ejecutivo estatal; b) una nueva reforma electoral que elimine la cláusula de gobernabilidad priista y se regrese a la fórmula del 8% de la sobrerrepresentación, introducción de las candidaturas ciudadanas, impulsar la federalización de la organización de las elecciones locales, lo que significa la desaparición de la secretaría de elecciones local llamada “Instituto Electoral Veracruzano”; c) Ley de Presupuestos Participativos en el plano municipal; y d) reducir el número de regidores en los ayuntamientos donde exceden en su representación.
En el plano de la seguridad pública: a) contribuir con la creación de la policía única (tema pendiente desde 2010 y que está plasmado en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016); b) reformar la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y c) revisar y evaluar el presupuesto por “resultados” que se le asigna a la secretaría de seguridad pública.
Finalmente, el debate se debe centrar en el desarrollo económico de Veracruz, el cual está estancado desde los años ochenta y no se vislumbra como enfrentar una salida con los actuales gobiernos del PRI; es por eso que la nueva gobernanza que se propone desde la oposición creativa, será definir las reformas jurídicas que posibiliten la competitividad, la innovación, la creatividad de los veracruzanos; además reactivar al sector primario sin la demagogia del pasado 6 de enero con las falacias del acto agrario, que sólo sirven para reconcentrar simbólicamente al neopresidencialismo priista.