Quién lo diría. Ha pasado año y medio desde que el diputado Américo Zúñiga Martínez declaró que Veracruz tenía que actualizar su ley de Obras Públicas para alinearla con las leyes federales, sobre todo porque la legislación estatal tiene más de veinte años y - aunque hay un proyecto del sexenio de Miguel Alemán - ha sido superada por la realidad.

 

El diputado convocó al sector empresarial, a los colegios de ingenieros y de arquitectos y a los trabajadores del ramo de la construcción para analizar, recomponer y rehacer la ley para que haya flexibilidad y articulación en la realización de obras y para que todos estuvieran contentos.

 

Pero lo único que pasó fue el tiempo. El proyecto - que se presentó con el patrocinio de Zúñiga Martínez y sus compañeros Jorge Carvallo Delfín, Ricardo García Escalante, Flavino Ríos, José Murad Loutfe, Karime Aguilera Guzmán y Carlos Aceves Amezcua - sigue ahí, aunque estuvo cerca de convertirse en ley hace unos días. Tal vez fue mejor que haya vuelto al cajón donde había estado varios años.

 

La propuesta de ley destaca, "como una figura novedosa, ya que ninguna legislación del país lo contempla", la inversión privada en obra pública, que permitiría a los particulares participar en el financiamiento de la infraestructura del estado.

 

Eso no es necesariamente bueno. Hace dos años, esta columna señalaba que "para quienes proponen la participación privada en asuntos que hasta ahora son responsabilidad del gobierno, se trata de un modelo de financiamiento que abrirá las puertas de la inversión en escuelas, hospitales, carreteras, y un largo etcétera sin duda benéfico para los mexicanos... sin recurrir de manera inmediata a fondos públicos".

 

Explicaba entonces que la idea es simple, y parte de la premisa de que la iniciativa privada es eficiente y está dispuesta a financiar el bien público. Una empresa privada construye un hospital o una escuela, y ofrece sus servicios al gobierno, que paga renta por el edificio y paga los servicios en términos de contratos cuya duración es de treinta años o más. Y todos contentos. O casi todos, porque el sector público asume los riesgos y el privado cosecha los beneficios.

 

Para quienes hemos visto cómo funciona el modelo de inversión privada en la obra pública de Inglaterra, por ejemplo, se trata de una perspectiva que más temprano que tarde será motivo de lágrimas de muchos y de fortunas de pocos. México ha conocido antecedentes de estos mecanismos.

 

Ahí está el recuerdo de los Proyectos de Inversión Diferida en el Registro del Gasto (conocidos con el infame nombre de PIDIREGAS), creación genial del zedillato basada en el mismo principio que las inversiones privadas en la obra pública, y que terminó convertida en deuda pública un sexenio después.

 

Además de los elevados costos económicos que tendrán que pagar otros en un futuro ni tan lejano, esta forma de hacer negocios también tiene importantes implicaciones políticas, ya que en la práctica permite al Ejecutivo hacer y deshacer contratos sin supervisión del Legislativo.

 

En el caso de Inglaterra, la creatividad contable llegó a tal punto que la Cámara de los Lores advirtió que la cantidad de información suministrada por el gobierno laborista tiene tal cantidad de datos que es más fácil creer las cifras públicas que analizarlas.

 

Para darse una idea, en Inglaterra hay ochocientos proyectos de inversión privada en obra pública en los que se invirtió el equivalente a poco más de un billón (un millón de millones) de pesos. Cuando los contratos expiren, el gobierno británico habrá pagado el equivalente a casi cuatro billones de pesos.

 

El truco está en los contratos, que atan al gobierno durante una generación y dan a las corporaciones garantías que nadie más ofrece. Los expertos señalan que los representantes del gobierno tienen que ser expertos altamente especializados en este tipo de compromisos para obtener el mejor acuerdo posible.

 

Pero no deja de haber peligros. Un estudio sobre las ventajas y las desventajas de la inversión privada en obras públicas comisionado por el Instituto Matías Romero de la secretaría de Relaciones Exteriores advierte que la falta de regulación, la falta de transparencia en los contratos, la falta de metodologías para evaluar la obra y sus efectos, y la corrupción, son problemas que no se han podido corregir hasta el momento.

 

(El estudio en inglés se puede consultar aquí: http://www.boell.org/web/index-Pros-and-Cons-Of-Public-Private-Partnerships-PPPs.html)

 

Sobre todo, habría que ver si estas inversiones privadas en obra pública representan la solución a las carencias estructurales de un estado o de un país, y si el esquema se debe adoptar de manera incondicional.

 

Si uno busca un ejemplo cercano, tendrá que ver lo que pasa con la autopista Perote-Banderilla y lo que va a pasar con el libramiento de Xalapa hacia Veracruz. Y cada quien puede sacar sus propias conclusiones...

 

Sir Peter Dixon, quien dirigió la agencia del gobierno británico para construcción de viviendas de interés social y preside un grupo de hospitales en Londres, expresó su preocupación en términos que los mexicanos podemos entender:

 

“Hay que aceptar que si no se puede confiar en que el sector público haga un contrato de construcción adecuado, menos se puede esperar que logre un contrato efectivo de inversión privada a treinta y cinco años”.