22 de abril de 2013
alcalorpolitico.com
Así como los panistas poblanos están deseando que regrese Tonicho como delegado del CEN tricolor a esa entidad, acá los veracruzanos albiazules acarician la continuidad del delegado Jesús Medellín, que lleva más de ocho años en lo mismo.
La trata de personas se conoce como la esclavitud del siglo XXI, es uno de los delitos más vergonzosos que existen, ya que priva de su dignidad a miles de personas en nuestro país y a millones en todo el mundo. Los tratantes se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas, ya sea por la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, fraude, abuso de poder o simplemente por el engaño a mujeres, hombres y niños que son sometidos diariamente a situaciones de explotación sexual -en la mayoría de los casos- de manera forzada. La trata de políticos se rige por la desmedida ambición de continuar monopolizando los cargos públicos, por otro lado por la debilidad de actores políticos quienes son seducidos por el encanto de los billetes, sin necesidad de forzarlos, con fines de prostituirse, en lo político claro.
Refiriéndonos a este mismo tema, la ciudadanía acaricia –aunque con sus reservas- buenas expectativas por el hecho de que este día da inicio en el Senado los trabajos de instalación de la Conferencia Nacional de Legisladoras y Legisladores contra la Trata de Personas, que tiene como propósito armonizar el marco jurídico en la materia para combatir y fortalecer las acciones que protejan a las víctimas de ese delito.
La organización del evento está a cargo de la senadora tlaxcalteca Adriana Dávila Fernández, presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas; congregará a legisladores de los 32 Congresos locales, con el propósito de avanzar en el sistema jurídico nacional que permita atacar este problema, que garantice seguridad y atención a las personas vulnerables.
La duda surge en cuanto a si verdaderamente se cumplirán los compromisos que se acuerden y que formen parte del marco jurídico en cuestión, por el serio problema de la corrupción que impera en muchos de los casos, y que esto no sea impedimento para que realmente haya resultados en el combate de este flagelo que afecta principalmente a niños y a mujeres que son explotados sexualmente de manera despiadada.
La trata de personas va directamente relacionada con los feminicidios, como es el caso de lo que está ocurriendo en el estado de Guanajuato, donde la diputada Erika Arroyo Bello reveló la alarmante existencia de grupos delincuenciales que realizan tratas de personas, sobre todo de mujeres, en todo el estado, para la explotación laboral, falsas adopciones, de mendicidad y de “encargo” de mujeres para actividades sexuales, principalmente.
Lo más grave de lo que está sucediendo en Guanajuato es que en lo que va del año 24 mujeres han sido asesinadas de la manera más brutal, por lo que organizaciones civiles han solicitado se declare una alerta de violencia de género en esa entidad, pero la sociedad civil está más que preocupada porque la extraña decisión de la alcaldesa de León, Guanajuato, Bárbara Botello Santibáñez, quien ha dicho: “No creo que estemos en condiciones de lanzar una alerta de género ni se prevé emprender una campaña contra la violencia feminicida. Muchos se preguntan qué estará esperando la alcaldesa.
[email protected]
La trata de personas se conoce como la esclavitud del siglo XXI, es uno de los delitos más vergonzosos que existen, ya que priva de su dignidad a miles de personas en nuestro país y a millones en todo el mundo. Los tratantes se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas, ya sea por la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, fraude, abuso de poder o simplemente por el engaño a mujeres, hombres y niños que son sometidos diariamente a situaciones de explotación sexual -en la mayoría de los casos- de manera forzada. La trata de políticos se rige por la desmedida ambición de continuar monopolizando los cargos públicos, por otro lado por la debilidad de actores políticos quienes son seducidos por el encanto de los billetes, sin necesidad de forzarlos, con fines de prostituirse, en lo político claro.
Refiriéndonos a este mismo tema, la ciudadanía acaricia –aunque con sus reservas- buenas expectativas por el hecho de que este día da inicio en el Senado los trabajos de instalación de la Conferencia Nacional de Legisladoras y Legisladores contra la Trata de Personas, que tiene como propósito armonizar el marco jurídico en la materia para combatir y fortalecer las acciones que protejan a las víctimas de ese delito.
La organización del evento está a cargo de la senadora tlaxcalteca Adriana Dávila Fernández, presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas; congregará a legisladores de los 32 Congresos locales, con el propósito de avanzar en el sistema jurídico nacional que permita atacar este problema, que garantice seguridad y atención a las personas vulnerables.
La duda surge en cuanto a si verdaderamente se cumplirán los compromisos que se acuerden y que formen parte del marco jurídico en cuestión, por el serio problema de la corrupción que impera en muchos de los casos, y que esto no sea impedimento para que realmente haya resultados en el combate de este flagelo que afecta principalmente a niños y a mujeres que son explotados sexualmente de manera despiadada.
La trata de personas va directamente relacionada con los feminicidios, como es el caso de lo que está ocurriendo en el estado de Guanajuato, donde la diputada Erika Arroyo Bello reveló la alarmante existencia de grupos delincuenciales que realizan tratas de personas, sobre todo de mujeres, en todo el estado, para la explotación laboral, falsas adopciones, de mendicidad y de “encargo” de mujeres para actividades sexuales, principalmente.
Lo más grave de lo que está sucediendo en Guanajuato es que en lo que va del año 24 mujeres han sido asesinadas de la manera más brutal, por lo que organizaciones civiles han solicitado se declare una alerta de violencia de género en esa entidad, pero la sociedad civil está más que preocupada porque la extraña decisión de la alcaldesa de León, Guanajuato, Bárbara Botello Santibáñez, quien ha dicho: “No creo que estemos en condiciones de lanzar una alerta de género ni se prevé emprender una campaña contra la violencia feminicida. Muchos se preguntan qué estará esperando la alcaldesa.
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