22 de abril de 2013
alcalorpolitico.com
Fue en 1986, la última vez, cuando el entonces presidente Ronald Reagan decretó una amnistía a migrantes indocumentados en su país y “sacó de las sombras” a más de 3 millones de personas. Desde entonces ha habido cualquier cantidad de intentos fallidos para darle solución a un fenómeno que pese a altas y bajas, sigue su curso natural.
Hoy, no hay cifras concluyentes del número de indocumentados hispanos en Estados Unidos, pero estudios de organizaciones civiles, han contabilizado entre 11 y 12 millones.
A unos días de cumplir los primeros 100 días de su segundo mandato, Barack Obama, ha logrado que una Comisión bipartidista y bicameral – el otro Grupo de los 8- presente una propuesta más acabada y más en sintonía con la constante, necia y cerrada oposición de los Republicanos y ultras, que desde la Cámara de Representantes insisten en confundir Reforma Migratoria con Amnistía. Legalización con perdón.
Y la gran paradoja es que recién salida del horno, la Iniciativa bipartita, quedó en vilo, tras los trágicos bombazos en el maratón de Boston. Son dos los sospechosos, uno muerto y otro gravemente herido, originarios de Chechenia, residentes legales, los indiciados. Una vez más el nacionalismo exacerbado del vecino norteño se ha vuelto a preguntar si “es seguro” brindar facilidades de ciudadanización, a inmigrantes, en su territorio.
Ante la posibilidad de una nueva muralla de reacción contra la Reforma Migratoria que Obama ha prometido desde 2008 y que al día de hoy sigue siendo una aspiración sin concretar, entre el dolor por la muerte, el miedo y la indignación causada por el acto terrorista y despiadado, Obama en tercera entrega de avances en investigaciones, pidió a sus compatriotas alejarse del prejuicio xenófobo: “Es importante que sigamos acogiendo a la gente de todo el mundo"... El espíritu estadunidense incluye mantenerse fiel a la diversidad que nos hace fuertes. Asegurémonos de que mantenemos ese espíritu…"
Habrá que ver las encuestas, una vez asimilado lo in-masticable del deleznable suceso, pero por lo pronto, los G8 ya tienen un planteamiento integrado. Para conquistar la voluntad de los racistas, extremosos, conservadores republicanos y afines al Tea Party, la Comisión decidió poner al tema central, el migratorio, como una consecuencia de una serie de medidas previas.
En un documento de 844 páginas, denominado “Ley de Seguridad Fronteriza, Oportunidad Económica y Modernización de la Inmigración”, condiciona la legalización, al éxito en la seguridad de la frontera. Lógico, el paso inicial es resguardar la entrada de la casa para evitar un inmigración masiva y en casos indeseable; detener o contener la existente y garantizar, esperamos, que nada ilegal pase por esa línea: armas, drogas, violencia, dinero lavado, hidrocarburos robados y por supuesto migrantes sin documentos, sean los malhechores o los buenos.
El proyecto de Ley satisface la permanente demanda de los republicanos de blindar la frontera, hasta militarizarla. Por esto, los recursos para tal cometido serán costosos. Son 4 mil 500 millones de dólares para infraestructura, radares, sistemas de vigilancia portátiles y otros equipos de alta tecnología, además para el pago de 3 mil 500 nuevos agentes fronterizos. Un mundo de dinero para utilizar aviones no tripulados –los drones- , para reforzar supervisión de la Guardia Nacional y más bardas en sectores “riesgosos”.
Se propone un plazo de 5 años, para que el Departamento de Seguridad Interior entregue resultados satisfactorios, que convenzan al Congreso y cubrir el 90% de eficacia en seguridad. Este es el candado. Pues en caso de no lograr el éxito, una Comisión de 4 gobernadores fronterizos emitirá recomendaciones para obtenerlo; en tanto los migrantes aspirantes continuarán su búsqueda de legalización permanente.
El segundo tiempo de esta iniciativa, es la modernización del sistema migratorio, que ciertamente y, ahí todos coinciden, ya es inoperante. No resuelve, no protege ni controla el fenómeno.
La promesa es que una vez cubiertos los requisitos, en un lapso de 10 años –d-i-e-z- años-, todo migrante sin visa ni permisos, podrá lograr su ciudadanía estadunidense. Un largo andar. Largo y caro, pues el proceso costará en distintas etapas, alrededor de 2 mil dólares a los solicitantes.
La Ley les pediría en primera instancia, obtener un “permiso temporal” por 6 años, que será otorgado, si demuestran que entraron antes del 31 de marzo de 2011. Pagarán una multa de 500 dólares; tendrán que ponerse al día en los impuestos y pagar otra multa igual, para renovar ese permiso.
Habrán de comprobar que han permanecido y trabajado en el país todo el tiempo y de tener conocimientos amplios de civismo e idioma nacionales. Una vez salvados los requerimientos, tendrán el papel que los escudará. Nadie los tocará, ni los perseguirá; podrán trabajar y viajar; entrar y salir de territorio estadunidense.
Un tedio de pagos de multas, papeleo, comprobaciones y, mucho estudio, además de un buen desembolso de dinero.
Para el caso de los deportados no criminales, podrán solicitar el reingreso si tienen familia o son padres de un ciudadano o residente permanente. Bien, las familias partidas en dos tienen la esperanza de reunirse; los nacidos allá se reencontrarán con sus padres deportados.
Para el caso de los “Dreamers”, los estudiantes hijos de indocumentados, que o nacieron o llegaron muy pequeños, de manera ilegal y que han luchado por su derecho fundamental a la educación y a la oportunidad de tener un trabajo digno, no pagarán multas y podrán adquirir su ciudadanía en un plazo de 5 años. Este apartado resulta más humanitario y accesible.
Sin duda, el Gobierno Federal ha manejado bien la argumentación con los congresistas para conseguir la aprobación de la Ley: aquel país requiere de la mano de obra barata migrante, que contribuye a la economía nacional y también, que Estados Unidos necesita de las nuevas generaciones de profesionistas y técnicos que, siendo descendientes o avecindados desde niños, forjan la oportunidad de una fuerza de trabajo productiva y capacitada.
Los que de plano ni podrán soñar con la posibilidad de los trámites, son los migrantes indocumentados que hayan sido condenados por delitos graves; por tres delitos menores; los que votaron ilegalmente o aquellos “que hayan cometido faltas de orden criminal, de seguridad nacional, salud pública, o de carácter moral”.
En el caso de las reformas en el sistema de visas, la liberación de obstáculos, supone el interés en especial del Gobierno Federal y de los congresistas, que visualizan esta flexibilización en conveniencias netamente redituables a la economía nacional: atracción de cerebros; inversionistas que creen empleos; nuevos empresarios; mano de obra calificada disponible y dispuesta a contribuir.
Para los inmigrantes legales habrá incremento de visas. De 65 mil a 100 mil para los trabajadores altamente calificados y un programa renovado para los trabajadores visitantes.
Se creará un sistema electrónico para registrar entradas y salidas de extranjeros, en aeropuertos y puertos marítimos; se eliminarán demoras en trámites de visas permanentes si los solicitantes tienen vínculos familiares o laborales. De cuatro tipos de visas familiares, se reducirán a dos, que incluyen a hijos adultos solteros e hijos casados, menores de 31 años de edad.
Para quienes tengan hermanos ciudadanos estadunidenses, se eliminarán las visas, un año medio después de la entrada en vigor de la Ley.
Habrá visas para trabajar para aquellos extranjeros con maestrías y posgrados en ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, expedidos por alguna universidad estadunidense y que además tengan una oferta laboral en aquel país. Además, abre la posibilidad de la visa para emprendedores extranjeros que quieran invertir y establecer su empresa.
También establece la expedición de un límite de 120 mil visas anuales por “méritos”. Una especie de concurso. Estas visas las ganarán aquellos individuos que acumulen puntos “sustentados en su educación, historial laboral, tiempo de estancia en EUA”. Los que convenzan, lograrán la residencia permanente.
El aumento de estas visas estará en proporción con el nivel de desempleo: subirá 5% anual, si la demanda excede la oferta, en un año en el que el desempleo sea menos del 8.5%. No se darán más de 250 mil visas de este tipo.
En el caso de los empleadores, deberán de seguir utilizando el sistema E-Verify, en los próximos 5 años a la entrada en vigor, para registrar el estatus migratorio de sus empleados. Las empresas con más de 5 mil trabajadores, tienen 2 años para el uso obligatorio; las de más de 500, sólo 3 años.
Rigurosa; escabrosa, larga, llena de recovecos y condicionantes, esta iniciativa de Ley ha resultado ser el intento más afinado y consensado, en los últimos lustros. No hay regalo; no hay perdón.
Un país formado de migraciones, no puede seguir criminalizándolas, si requiere de todos, para imponerse, para crecer, para salir del atolladero económico y financiero; para competir contra China; para renovar su generación productiva, en la planta, en el agro o en el frente militar.
El Wall Street Journal y la cadena NBC publicaron recientemente una encuesta que arroja resultados interesantes. Los republicanos han cambiado su postura de 51% al 73% de respaldo, si le reforma sostiene multas, pagos de impuestos y verificaciones.
El apoyo casi arrasador viene de los latinos con 82%; del partido demócrata con 80% y ha ganado el 54% de los independientes.
En contraparte hay un sinnúmero de organizaciones y grupos que han desembolsado millones de dólares para sepultar cualquier intento de reforma migratoria y que darán batalla en los siguientes meses.
En el libre ejercicio de la defensa y protección de su soberanía, de su interés y seguridad nacionales, EUA tiene derecho a restringir, condicionar, dificultar el ingreso a su territorio, constantemente amenazado por el miedo, la violencia y el rencor que ha engendrado en regiones del orbe y en la mente militarizada y entrenada para la guerra de su sociedad y, lamentablemente de sus más jóvenes.
La perspectiva nuestra es que este nuevo intento de regular la inmigración a Estados Unidos, sugiere una voluntad política y evidentemente económica, para lograrla; aquí no hay sentimentalismos ni vocación por los derechos humanos. Es la respuesta de un gobierno que ha ganado elecciones con el voto hispano y el reconocimiento al peso político, productivo y social que ahora constituye, la primera minoría racial en ese país.
Estados Unidos necesita legalizar la situación de millones que también sostienen el crecimiento de esa nación y de los hijos, la nueva generación de esta diáspora que ya nacieron, ya viven, ya estudian, ya producen y ya son una nueva base social para mantener la hegemonía.
Ojalá que los próximos meses, que auguran un debate intenso, de estira y afloja en el Congreso estadunidense y muchas posibilidades de enmiendas, trabas y avances, superen inercias y rompan los prejuicios.
Esta Ley acordada en la Comisión, es uno de los esfuerzos que más ha aglutinado simpatías e intereses, en los últimos 25 años.
El proceso incontenible del fenómeno migratorio hacia Estados Unidos ha logrado derribar barreras, haciendo valer su voz, su fuerza y su presencia política, económica, social y cultural.
Esperemos que la última muralla en el Congreso y los lobbystas contras, caiga y despeje el camino a recorrer por 10 años, para que por fin, los nuestros sean ciudadanos de primera, en un país donde la defensa de la libertad, de la justicia, de la igualdad y del ejercicio de los plenos derechos civiles, son la justificación histórica de su supremacía global.
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Hoy, no hay cifras concluyentes del número de indocumentados hispanos en Estados Unidos, pero estudios de organizaciones civiles, han contabilizado entre 11 y 12 millones.
A unos días de cumplir los primeros 100 días de su segundo mandato, Barack Obama, ha logrado que una Comisión bipartidista y bicameral – el otro Grupo de los 8- presente una propuesta más acabada y más en sintonía con la constante, necia y cerrada oposición de los Republicanos y ultras, que desde la Cámara de Representantes insisten en confundir Reforma Migratoria con Amnistía. Legalización con perdón.
Y la gran paradoja es que recién salida del horno, la Iniciativa bipartita, quedó en vilo, tras los trágicos bombazos en el maratón de Boston. Son dos los sospechosos, uno muerto y otro gravemente herido, originarios de Chechenia, residentes legales, los indiciados. Una vez más el nacionalismo exacerbado del vecino norteño se ha vuelto a preguntar si “es seguro” brindar facilidades de ciudadanización, a inmigrantes, en su territorio.
Ante la posibilidad de una nueva muralla de reacción contra la Reforma Migratoria que Obama ha prometido desde 2008 y que al día de hoy sigue siendo una aspiración sin concretar, entre el dolor por la muerte, el miedo y la indignación causada por el acto terrorista y despiadado, Obama en tercera entrega de avances en investigaciones, pidió a sus compatriotas alejarse del prejuicio xenófobo: “Es importante que sigamos acogiendo a la gente de todo el mundo"... El espíritu estadunidense incluye mantenerse fiel a la diversidad que nos hace fuertes. Asegurémonos de que mantenemos ese espíritu…"
Habrá que ver las encuestas, una vez asimilado lo in-masticable del deleznable suceso, pero por lo pronto, los G8 ya tienen un planteamiento integrado. Para conquistar la voluntad de los racistas, extremosos, conservadores republicanos y afines al Tea Party, la Comisión decidió poner al tema central, el migratorio, como una consecuencia de una serie de medidas previas.
En un documento de 844 páginas, denominado “Ley de Seguridad Fronteriza, Oportunidad Económica y Modernización de la Inmigración”, condiciona la legalización, al éxito en la seguridad de la frontera. Lógico, el paso inicial es resguardar la entrada de la casa para evitar un inmigración masiva y en casos indeseable; detener o contener la existente y garantizar, esperamos, que nada ilegal pase por esa línea: armas, drogas, violencia, dinero lavado, hidrocarburos robados y por supuesto migrantes sin documentos, sean los malhechores o los buenos.
El proyecto de Ley satisface la permanente demanda de los republicanos de blindar la frontera, hasta militarizarla. Por esto, los recursos para tal cometido serán costosos. Son 4 mil 500 millones de dólares para infraestructura, radares, sistemas de vigilancia portátiles y otros equipos de alta tecnología, además para el pago de 3 mil 500 nuevos agentes fronterizos. Un mundo de dinero para utilizar aviones no tripulados –los drones- , para reforzar supervisión de la Guardia Nacional y más bardas en sectores “riesgosos”.
Se propone un plazo de 5 años, para que el Departamento de Seguridad Interior entregue resultados satisfactorios, que convenzan al Congreso y cubrir el 90% de eficacia en seguridad. Este es el candado. Pues en caso de no lograr el éxito, una Comisión de 4 gobernadores fronterizos emitirá recomendaciones para obtenerlo; en tanto los migrantes aspirantes continuarán su búsqueda de legalización permanente.
El segundo tiempo de esta iniciativa, es la modernización del sistema migratorio, que ciertamente y, ahí todos coinciden, ya es inoperante. No resuelve, no protege ni controla el fenómeno.
La promesa es que una vez cubiertos los requisitos, en un lapso de 10 años –d-i-e-z- años-, todo migrante sin visa ni permisos, podrá lograr su ciudadanía estadunidense. Un largo andar. Largo y caro, pues el proceso costará en distintas etapas, alrededor de 2 mil dólares a los solicitantes.
La Ley les pediría en primera instancia, obtener un “permiso temporal” por 6 años, que será otorgado, si demuestran que entraron antes del 31 de marzo de 2011. Pagarán una multa de 500 dólares; tendrán que ponerse al día en los impuestos y pagar otra multa igual, para renovar ese permiso.
Habrán de comprobar que han permanecido y trabajado en el país todo el tiempo y de tener conocimientos amplios de civismo e idioma nacionales. Una vez salvados los requerimientos, tendrán el papel que los escudará. Nadie los tocará, ni los perseguirá; podrán trabajar y viajar; entrar y salir de territorio estadunidense.
Un tedio de pagos de multas, papeleo, comprobaciones y, mucho estudio, además de un buen desembolso de dinero.
Para el caso de los deportados no criminales, podrán solicitar el reingreso si tienen familia o son padres de un ciudadano o residente permanente. Bien, las familias partidas en dos tienen la esperanza de reunirse; los nacidos allá se reencontrarán con sus padres deportados.
Para el caso de los “Dreamers”, los estudiantes hijos de indocumentados, que o nacieron o llegaron muy pequeños, de manera ilegal y que han luchado por su derecho fundamental a la educación y a la oportunidad de tener un trabajo digno, no pagarán multas y podrán adquirir su ciudadanía en un plazo de 5 años. Este apartado resulta más humanitario y accesible.
Sin duda, el Gobierno Federal ha manejado bien la argumentación con los congresistas para conseguir la aprobación de la Ley: aquel país requiere de la mano de obra barata migrante, que contribuye a la economía nacional y también, que Estados Unidos necesita de las nuevas generaciones de profesionistas y técnicos que, siendo descendientes o avecindados desde niños, forjan la oportunidad de una fuerza de trabajo productiva y capacitada.
Los que de plano ni podrán soñar con la posibilidad de los trámites, son los migrantes indocumentados que hayan sido condenados por delitos graves; por tres delitos menores; los que votaron ilegalmente o aquellos “que hayan cometido faltas de orden criminal, de seguridad nacional, salud pública, o de carácter moral”.
En el caso de las reformas en el sistema de visas, la liberación de obstáculos, supone el interés en especial del Gobierno Federal y de los congresistas, que visualizan esta flexibilización en conveniencias netamente redituables a la economía nacional: atracción de cerebros; inversionistas que creen empleos; nuevos empresarios; mano de obra calificada disponible y dispuesta a contribuir.
Para los inmigrantes legales habrá incremento de visas. De 65 mil a 100 mil para los trabajadores altamente calificados y un programa renovado para los trabajadores visitantes.
Se creará un sistema electrónico para registrar entradas y salidas de extranjeros, en aeropuertos y puertos marítimos; se eliminarán demoras en trámites de visas permanentes si los solicitantes tienen vínculos familiares o laborales. De cuatro tipos de visas familiares, se reducirán a dos, que incluyen a hijos adultos solteros e hijos casados, menores de 31 años de edad.
Para quienes tengan hermanos ciudadanos estadunidenses, se eliminarán las visas, un año medio después de la entrada en vigor de la Ley.
Habrá visas para trabajar para aquellos extranjeros con maestrías y posgrados en ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, expedidos por alguna universidad estadunidense y que además tengan una oferta laboral en aquel país. Además, abre la posibilidad de la visa para emprendedores extranjeros que quieran invertir y establecer su empresa.
También establece la expedición de un límite de 120 mil visas anuales por “méritos”. Una especie de concurso. Estas visas las ganarán aquellos individuos que acumulen puntos “sustentados en su educación, historial laboral, tiempo de estancia en EUA”. Los que convenzan, lograrán la residencia permanente.
El aumento de estas visas estará en proporción con el nivel de desempleo: subirá 5% anual, si la demanda excede la oferta, en un año en el que el desempleo sea menos del 8.5%. No se darán más de 250 mil visas de este tipo.
En el caso de los empleadores, deberán de seguir utilizando el sistema E-Verify, en los próximos 5 años a la entrada en vigor, para registrar el estatus migratorio de sus empleados. Las empresas con más de 5 mil trabajadores, tienen 2 años para el uso obligatorio; las de más de 500, sólo 3 años.
Rigurosa; escabrosa, larga, llena de recovecos y condicionantes, esta iniciativa de Ley ha resultado ser el intento más afinado y consensado, en los últimos lustros. No hay regalo; no hay perdón.
Un país formado de migraciones, no puede seguir criminalizándolas, si requiere de todos, para imponerse, para crecer, para salir del atolladero económico y financiero; para competir contra China; para renovar su generación productiva, en la planta, en el agro o en el frente militar.
El Wall Street Journal y la cadena NBC publicaron recientemente una encuesta que arroja resultados interesantes. Los republicanos han cambiado su postura de 51% al 73% de respaldo, si le reforma sostiene multas, pagos de impuestos y verificaciones.
El apoyo casi arrasador viene de los latinos con 82%; del partido demócrata con 80% y ha ganado el 54% de los independientes.
En contraparte hay un sinnúmero de organizaciones y grupos que han desembolsado millones de dólares para sepultar cualquier intento de reforma migratoria y que darán batalla en los siguientes meses.
En el libre ejercicio de la defensa y protección de su soberanía, de su interés y seguridad nacionales, EUA tiene derecho a restringir, condicionar, dificultar el ingreso a su territorio, constantemente amenazado por el miedo, la violencia y el rencor que ha engendrado en regiones del orbe y en la mente militarizada y entrenada para la guerra de su sociedad y, lamentablemente de sus más jóvenes.
La perspectiva nuestra es que este nuevo intento de regular la inmigración a Estados Unidos, sugiere una voluntad política y evidentemente económica, para lograrla; aquí no hay sentimentalismos ni vocación por los derechos humanos. Es la respuesta de un gobierno que ha ganado elecciones con el voto hispano y el reconocimiento al peso político, productivo y social que ahora constituye, la primera minoría racial en ese país.
Estados Unidos necesita legalizar la situación de millones que también sostienen el crecimiento de esa nación y de los hijos, la nueva generación de esta diáspora que ya nacieron, ya viven, ya estudian, ya producen y ya son una nueva base social para mantener la hegemonía.
Ojalá que los próximos meses, que auguran un debate intenso, de estira y afloja en el Congreso estadunidense y muchas posibilidades de enmiendas, trabas y avances, superen inercias y rompan los prejuicios.
Esta Ley acordada en la Comisión, es uno de los esfuerzos que más ha aglutinado simpatías e intereses, en los últimos 25 años.
El proceso incontenible del fenómeno migratorio hacia Estados Unidos ha logrado derribar barreras, haciendo valer su voz, su fuerza y su presencia política, económica, social y cultural.
Esperemos que la última muralla en el Congreso y los lobbystas contras, caiga y despeje el camino a recorrer por 10 años, para que por fin, los nuestros sean ciudadanos de primera, en un país donde la defensa de la libertad, de la justicia, de la igualdad y del ejercicio de los plenos derechos civiles, son la justificación histórica de su supremacía global.
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