El pasado 7 de mayo –mañana hará una semana–, el presidente Enrique Peña Nieto, al firmar el anexo (adendum) del Pacto por México, dijo que se había decidido ampliarlo y enriquecerlo para blindar los programas sociales de los tres órdenes de Gobierno “de cualquier desviación, manejo sesgado o uso electoral”.

Señaló entonces que las acciones de Gobierno, especialmente las vinculadas a la política social, no deben incidir en la decisión del sufragio, que sólo corresponde a los ciudadanos de manera libre y secreta. “Nuestro objetivo es que los beneficios lleguen, verdaderamente, a quienes más los necesitan, sin ningún tipo de condicionamiento partidista”.

Estableció que los programas sociales fueron creados para avanzar en la calidad de vida de los mexicanos, nunca para avanzar en sus preferencias electorales, y que a través de los compromisos que ese día se firmaron se aseguraban de no mezclar los campos de las contiendas.


Fue muy puntual: “La lucha contra el hambre no debe ni habrá de confundirse con la lucha electoral”.

Sus palabras las dijo ante los dirigentes del PAN, Gustavo Madero Muñoz, del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, y del PRI, César Camacho Quiroz. Culminó, así, la crisis política que amenazó la continuidad del Pacto por México, que se vio en peligro como consecuencia de la denuncia panista de la existencia de una estructura electoral paralela oficial para ayudar a ganar a los candidatos del PRI, puesta al descubierto en Boca del Río.

El anexo fue consecuencia de las negociaciones que tuvieron lugar el fin de semana en la Secretaría de Gobernación, previo a la firma del adendum, pero una condición para sentarse a la mesa a negociar y a firmar los acuerdos fue que se demostrara que había voluntad política de que el reclamo panista de que se destituyera y enjuiciara a los señalados de Boca del Río no iba a ser ignorado. Que querían hechos. Ahí se ofreció la cabeza, para empezar, de Salvador Manzur Díaz. El viernes 3 de mayo el presidente Peña ordenó el cese. El sábado 4 se ejecutó.


Pero las cosas no han parado ahí. Por lo que se advierte, Peña Nieto desea fortalecer el “diálogo de mayor confianza” y “entendimiento plural” con la oposición, como lo dijo durante la firma del anexo, para tratar de llevar hasta sus últimas consecuencias su Pacto por México. La semana pasada envió otra señal a la oposición de que cumplirá su palabra empeñada.

Para dar cumplimiento en especial a los compromisos adicionales 2 (blindaje electoral) y 4 (profesionalización e imparcialidad de los delegados y operadores de programas federales) del adendum, de pronto llegaron a Xalapa funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para practicar una Auditoría Técnica Operativa.

Hasta donde se sabe, la inspección está yendo en dos vertientes: la revisión “de escritorio” (base de datos) y de todo el personal operativo que, si se va a fondo, llegará hasta los enlaces para la aplicación de los programas sociales en los municipios programados. Si se detecta que fueron nombrados con sentido partidista, serán cesados.


Según, Peña no quiere que duden de que es real su preocupación por los pobres, por los que padecen hambre, sin importar signo partidista alguno, y quiere demostrar algún día con mediciones reales que se avanzó significativamente o se acabó con la pobreza en México durante su gobierno; presumirle al padrino del programa, el ex presidente de Brasil Lula da Silva, y por eso su molestia extrema de que pongan en riesgo la credibilidad de su intención con mapacherías como la de Boca del Río.

Al paso de los días ya quedó claro que los priistas veracruzanos, al menos los que han tenido el manejo operativo y de decisiones, se perdieron totalmente en los 12 años en que el PAN tuvo la Presidencia de la República y nunca se actualizaron ni evolucionaron ni se informaron de que muchas cosas cambiaron. Por eso les pasó lo de Boca del Río, que si hubieran estado al día se hubieran evitado la desgracia política en que están.

Porque resulta que en el caso concreto de la Sedesol, se hicieron de la delegación 2013 pero con la mentalidad puesta en 1999 cuando todavía no perdían el poder presidencial y hacían y deshacían. Algo que hicieron bien los panistas, y de su vigilancia y cumplimiento hay incluso un convenio que corresponde a la Contraloría del Estado llevar, fue el padrón de beneficiados de los programas sociales, que es real.


En su momento censaron, vigilaron que los empadronados cumplieran los requisitos (tener piso de tierra, tres o más hijos, sólo empleo temporal, sin seguridad social, etcétera) y toda la información la integraron al Padrón Nacional, que está blindado, pero que, además, se cruza con la Secretaría de Hacienda para la liberación de los recursos correspondientes. Cuando empadronaron, claro, vendieron caro el favor: les dejaron muy claro a los beneficiados que se lo debían al PAN y de ahí que la gente votara por ellos.

Pero llegó Ranulfo Márquez Hernández a la delegación y pensando en los tiempos de antes, sin informarse, empezó a hacer su propio padrón, a “dar de baja” a unos, panistas o supuestamente panistas, y de alta a otros, priistas, algunos que no cumplían los requisitos por no tener la edad pero que eran operadores del tricolor. Cuando llevó su primera lista a México, la confrontaron con la base de datos que tienen allá, blindada, y se dieron cuenta que les quería meter cachirules. Pero todavía le dieron la oportunidad de que enviara al responsable que había hecho el supuesto levantamiento del nuevo padrón para que lo justificara, así como a un técnico informático, lo que nunca hizo.

Por eso, de todos modos, el uso que pretendían hacer los operadores de Boca del Río no tenía ningún sentido ni ningún futuro. Hicieron cuentas alegres, porque nunca les aprobarían su nuevo padrón con claro sentido partidista. Pero en sus reuniones se llenaron la boca con el “oro molido” que supuestamente ya tenían entre sus manos y se cumplió el adagio de que el pez por su boca muere.


Ahora, alguien del PRI, alguien que actúe con responsabilidad, debiera desengañar a tanta gente a la que siguen vendiéndoles el cuento de que los incorporarán al padrón de beneficiados de Sedesol aunque no cumplan los requisitos. Se sabe que candidatos del norte del estado están enviando oleadas de interesados a Xalapa con ese propósito. Si no corrigen, se les va revertir.

Por cierto, Jesús Alí de la Torre, tabasqueño, coordinador de Políticas Públicas de la Sedesol desde el 20 de febrero pasado, cualquier quincena o principio de mes asumirá la delegación en Veracruz. Acabará de limpiar lo que quede.

En México lo tienen muy claro: al único que hay que consultar ahora, el único del que se deben recibir instrucciones es del presidente Peña Nieto. A nadie y de nadie más.