13 de mayo de 2013
alcalorpolitico.com
Desde hace un buen rato, en el sur del estado existía un fuerte clamor de diversos sectores sociales demandando mejores condiciones de seguridad.
Este miércoles 8, el gobernador Javier Duarte de Ochoa, con el aval de los ayuntamientos involucrados, dio por extinguida la Policía Intermunicipal Coatzacoalcos-Minatitlán-Cosoleacaque-Nanchital y de la policía municipal de Acayucan, a petición expresa del cabildo que preside la alcaldesa priista Judith Fabiola Vázquez Saut, y anunció que a partir de ese día el combate a la delincuencia quedaría integrada en un Mando Único Policial que asumiría la Policía Naval apoyada por elementos de la fuerzas estatales acreditables de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.
El comandante de este nuevo mando policiaco regional será el capitán de Navío y de Infantería de Marina DEM Miguel Ángel Ruiz Castillo.
Además de los cinco presidentes municipales de la zona y de funcionarios de su gabinete, ese día considerado como histórico para el sur de la entidad el gobernador Duarte de Ochoa estuvo acompañado del comandante del Sector Naval Militar de Coatzacoalcos, contralmirante CG DEM Carlos Manuel Fernández Monforte Brito, y del comandante de la XXIX Zona Militar, general de Brigada DEM Luis Ricardo Díaz Palacios, así como del delegado estatal de la Procuraduría General de la República (PGR), Ramón Estrada Rodríguez; del coordinador estatal de la Policía Federal, comisario Jorge Bravo Flores, y del delegado estatal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Luis Felipe Castillo López.
Con esta “estrategia de probada eficacia en otras partes del estado”, el mandatario estatal dijo que “los veracruzanos nos sumamos al llamado del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para fortalecer el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia”.
A la par de este anuncio que responde “al clamor de la ciudadanía, de estudiantes, profesionistas, empresarios, trabajadores y las familias que demandan gozar de un ambiente de libertades y bienestar”, el gobernador dio también respuesta a una de las mayores inquietudes de los involucrados en esta acción: la seguridad laboral de los ex policías municipales, a los cuales dejó claro que se garantizarán en todo tiempo los derechos y la antigüedad de los elementos que dejan de prestar sus servicios.
Además, a aquellos que lo deseen, el mandatario veracruzano les ofreció su incorporación a la nueva Policía Estatal Acreditable, pero siempre y cuando acrediten cada uno de los requisitos que establece el Sistema Nacional de Seguridad Pública para integrarse a la misma.
“He instruido a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para que se realice el deslinde y finiquito que por derecho corresponde a los elementos de las corporaciones de la Policía Intermunicipal que se extingue, lo que aplicará de igual manera a la Policía Preventiva del municipio de Acayucan”, dijo el jefe del Ejecutivo estatal en la sala de juntas de la Dirección General de Construcciones Navales, Astilleros de la Marina N° 3.
Sin embargo, como esta decisión se ha dado en plena coyuntura electoral, no han faltado los vivillos, los vivales y los vividores de la política que pretenden sacar raja de esta situación.
En un comunicado atribuido a la Unión Cívica de Coatzacoalcos (UCC), por ejemplo, se denuncia que “los de siempre, aquellos que no quieren que las cosas cambien, quizá porque en ello les va implícita la pérdida de poder y de dinero, están interviniendo para que, lo que era un proceso limpio de liquidación de la dependencia (la Policía Intermunicipal), se transforme en una cena de negros”.
El señalamiento es directo contra el ex diputado local y ex priista Gonzalo Guízar Valladares, actual candidato del PAN a la alcaldía de Coatzacoalcos, y sus hermanos, a los cuales acusan de “asesorar” y de incitar “a una rebelión absurda, a los elementos de la Policía Intermunicipal Coatzacoalcos-Minatitlán-Cosoleacaque-Nanchital (PICMCN) para que rechacen la liquidación e inicien acciones de protesta contra el Gobierno del Estado”.
Según la UCC, Guízar Valladares está aconsejándole al personal despedido que no acepten el pago de liquidación y que eviten firmar su aceptación porque los están “agarrando de pendejos”. De acuerdo con esta versión, al día siguiente del anuncio del gobernador, el jueves 9 de mayo, el candidato panista los habría citado en el domicilio de Adolfo Ordaz Cabrera, (a) “El Cebollón”, quien fuera subinspector y comandante de sector de la PICMCN en Coatzacoalcos, donde elaborarían una carta o desplegado para exponer su inconformidad por el despido. Supuestamente a los asistentes les habría pedido 100 pesos para cubrir el costo de la publicación del texto.
Asimismo, trascendió que pretende organizarlos para trasladarlos a Xalapa, con todo y sus familias, para que se manifiesten frente a Palacio de Gobierno.
Los policías de la extinta Intermunicipal estarían siendo asesorados por el despacho jurídico Vizuet, al parecer propiedad de Ignacio Vizuet Ortega, presidente del Colegio de Abogados de Coatzacoalcos, cuya hermana, Guadalupe Vizuet, fue enlace jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública en la Delegación XVII de Coatzacoalcos.
Otro de los que participan en las reuniones de “asesoramiento” a los ex policías de la PICMCN es Luis Fernando Guízar Valladares, quien por influencias de su hermano, cuando aún militaba en el PRI, fue delegado de Tránsito del estado en esa zona.
De igual forma, la UCC señala también a Ronaldo Smith Torres, alias “El Güero Smith”, ex coordinador de la Policía Municipal de Coatzacoalcos, de estar interviniendo para que los miembros de la desaparecida corporación policiaca se manifiesten. En enero de este año el nombre de Smith Torres saltó en los medios de comunicación de la región porque su hijo José David Smith de los Santos, quien tenía antecedentes por delitos contra la salud, fue asesinado.
En su campaña para desenmascarar al candidato del PAN y a su familia, la UCC recuerda los antecedentes de Gonzalo Guízar como ladrón de urnas, según quedó consignado en la Causa Penal 129/FEPADE/97 iniciada por la PGR.
Sus hermanos son señalados de invadir predios y por sus presuntos vínculos con bandas de robacoches. Refieren, por ejemplo, que “en 1999 Luis Fernando Guízar Valladares fue involucrado con una banda dedicada al robo de vehículos, en su calidad de titular de la Oficina de Hacienda del Estado en Acayucan, donde se prestaba a facturación ilegal de las unidades hurtadas, mientras que Gabriel Guízar fue denunciado en 2002 por pagar con un cheque sin fondos, recurriendo a sus hermanos para evitar ser encarcelado”.
Entre las investigaciones ministeriales iniciadas contra los hermanos Guízar Valladares en los últimos años, la UCC enlista las siguientes: la 394/03VI/FESP iniciada el 18 de julio de 2003 contra José Gertrudis Guízar Valladares por el delito de incumplimiento de un deber legal; la 482/03/VI/FESP iniciada el 13 de agosto de 2003, contra Fernando Guízar Valladares y Rogelio Lemarroy, entre otros, por el delito de abuso de autoridad, y la 927/04/I/FESP iniciada el 6 de diciembre de 2004 contra Alberto Guízar Valladares por delitos como fraude procesal y abuso de autoridad.
Sin embargo, según la UCC, a uno solo de los hermanos del candidato panista, Marco Antonio Guízar Valladares, agente de Ministerio Público de Nanchital, se le han iniciado las siguientes investigaciones ministeriales, todas por el presunto delito de abuso de autoridad: la 110/06/V/FESP, del 1 de febrero de 2006; la 268/06/V/FESP del 31 de julio de 2006; la 791/06/III/FESP del 13 de noviembre de 2006; la 792/06/III/FESP del 13 de noviembre de 2006, y la 824/06/VI/FESP del 14 de diciembre de 2006.
Pero en 2007, de nueva cuenta, Marco Antonio Guízar fue denunciado también varias veces, tal como quedó consignado en las investigaciones ministeriales 157/07/I/FESP, del 29 de marzo de 2007, por el delito de cohecho y lo que resulte; la 203/07/VII/FESP, del 4 de mayo de 2007, por abuso de autoridad, y la 207/07/I/FESP, del 4 de mayo de 2007, por los delitos de incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad.
“Estas son sólo algunas de las muestras de la clase de personas y los intereses que mueven a los Guízar Valladares”, dice en su comunicado la Unión Cívica de Coatzacoalcos, la cual inquiere “si la disolución de la Policía Intermunicipal les afecta en algo”.
“¿Será que los Guízar se beneficiaban con una corporación corrupta y con nexos con la delincuencia organizada? ¿Será que temen perder poder adquisitivo e influencia en la zona?”, cuestionan al candidato del PAN a la alcaldía de Coatzacoalcos, al cual le dicen que “tiene mucho que explicarle a la ciudadanía que aspira a gobernar”.
Este miércoles 8, el gobernador Javier Duarte de Ochoa, con el aval de los ayuntamientos involucrados, dio por extinguida la Policía Intermunicipal Coatzacoalcos-Minatitlán-Cosoleacaque-Nanchital y de la policía municipal de Acayucan, a petición expresa del cabildo que preside la alcaldesa priista Judith Fabiola Vázquez Saut, y anunció que a partir de ese día el combate a la delincuencia quedaría integrada en un Mando Único Policial que asumiría la Policía Naval apoyada por elementos de la fuerzas estatales acreditables de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.
El comandante de este nuevo mando policiaco regional será el capitán de Navío y de Infantería de Marina DEM Miguel Ángel Ruiz Castillo.
Además de los cinco presidentes municipales de la zona y de funcionarios de su gabinete, ese día considerado como histórico para el sur de la entidad el gobernador Duarte de Ochoa estuvo acompañado del comandante del Sector Naval Militar de Coatzacoalcos, contralmirante CG DEM Carlos Manuel Fernández Monforte Brito, y del comandante de la XXIX Zona Militar, general de Brigada DEM Luis Ricardo Díaz Palacios, así como del delegado estatal de la Procuraduría General de la República (PGR), Ramón Estrada Rodríguez; del coordinador estatal de la Policía Federal, comisario Jorge Bravo Flores, y del delegado estatal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Luis Felipe Castillo López.
Con esta “estrategia de probada eficacia en otras partes del estado”, el mandatario estatal dijo que “los veracruzanos nos sumamos al llamado del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para fortalecer el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia”.
A la par de este anuncio que responde “al clamor de la ciudadanía, de estudiantes, profesionistas, empresarios, trabajadores y las familias que demandan gozar de un ambiente de libertades y bienestar”, el gobernador dio también respuesta a una de las mayores inquietudes de los involucrados en esta acción: la seguridad laboral de los ex policías municipales, a los cuales dejó claro que se garantizarán en todo tiempo los derechos y la antigüedad de los elementos que dejan de prestar sus servicios.
Además, a aquellos que lo deseen, el mandatario veracruzano les ofreció su incorporación a la nueva Policía Estatal Acreditable, pero siempre y cuando acrediten cada uno de los requisitos que establece el Sistema Nacional de Seguridad Pública para integrarse a la misma.
“He instruido a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para que se realice el deslinde y finiquito que por derecho corresponde a los elementos de las corporaciones de la Policía Intermunicipal que se extingue, lo que aplicará de igual manera a la Policía Preventiva del municipio de Acayucan”, dijo el jefe del Ejecutivo estatal en la sala de juntas de la Dirección General de Construcciones Navales, Astilleros de la Marina N° 3.
Sin embargo, como esta decisión se ha dado en plena coyuntura electoral, no han faltado los vivillos, los vivales y los vividores de la política que pretenden sacar raja de esta situación.
En un comunicado atribuido a la Unión Cívica de Coatzacoalcos (UCC), por ejemplo, se denuncia que “los de siempre, aquellos que no quieren que las cosas cambien, quizá porque en ello les va implícita la pérdida de poder y de dinero, están interviniendo para que, lo que era un proceso limpio de liquidación de la dependencia (la Policía Intermunicipal), se transforme en una cena de negros”.
El señalamiento es directo contra el ex diputado local y ex priista Gonzalo Guízar Valladares, actual candidato del PAN a la alcaldía de Coatzacoalcos, y sus hermanos, a los cuales acusan de “asesorar” y de incitar “a una rebelión absurda, a los elementos de la Policía Intermunicipal Coatzacoalcos-Minatitlán-Cosoleacaque-Nanchital (PICMCN) para que rechacen la liquidación e inicien acciones de protesta contra el Gobierno del Estado”.
Según la UCC, Guízar Valladares está aconsejándole al personal despedido que no acepten el pago de liquidación y que eviten firmar su aceptación porque los están “agarrando de pendejos”. De acuerdo con esta versión, al día siguiente del anuncio del gobernador, el jueves 9 de mayo, el candidato panista los habría citado en el domicilio de Adolfo Ordaz Cabrera, (a) “El Cebollón”, quien fuera subinspector y comandante de sector de la PICMCN en Coatzacoalcos, donde elaborarían una carta o desplegado para exponer su inconformidad por el despido. Supuestamente a los asistentes les habría pedido 100 pesos para cubrir el costo de la publicación del texto.
Asimismo, trascendió que pretende organizarlos para trasladarlos a Xalapa, con todo y sus familias, para que se manifiesten frente a Palacio de Gobierno.
Los policías de la extinta Intermunicipal estarían siendo asesorados por el despacho jurídico Vizuet, al parecer propiedad de Ignacio Vizuet Ortega, presidente del Colegio de Abogados de Coatzacoalcos, cuya hermana, Guadalupe Vizuet, fue enlace jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública en la Delegación XVII de Coatzacoalcos.
Otro de los que participan en las reuniones de “asesoramiento” a los ex policías de la PICMCN es Luis Fernando Guízar Valladares, quien por influencias de su hermano, cuando aún militaba en el PRI, fue delegado de Tránsito del estado en esa zona.
De igual forma, la UCC señala también a Ronaldo Smith Torres, alias “El Güero Smith”, ex coordinador de la Policía Municipal de Coatzacoalcos, de estar interviniendo para que los miembros de la desaparecida corporación policiaca se manifiesten. En enero de este año el nombre de Smith Torres saltó en los medios de comunicación de la región porque su hijo José David Smith de los Santos, quien tenía antecedentes por delitos contra la salud, fue asesinado.
En su campaña para desenmascarar al candidato del PAN y a su familia, la UCC recuerda los antecedentes de Gonzalo Guízar como ladrón de urnas, según quedó consignado en la Causa Penal 129/FEPADE/97 iniciada por la PGR.
Sus hermanos son señalados de invadir predios y por sus presuntos vínculos con bandas de robacoches. Refieren, por ejemplo, que “en 1999 Luis Fernando Guízar Valladares fue involucrado con una banda dedicada al robo de vehículos, en su calidad de titular de la Oficina de Hacienda del Estado en Acayucan, donde se prestaba a facturación ilegal de las unidades hurtadas, mientras que Gabriel Guízar fue denunciado en 2002 por pagar con un cheque sin fondos, recurriendo a sus hermanos para evitar ser encarcelado”.
Entre las investigaciones ministeriales iniciadas contra los hermanos Guízar Valladares en los últimos años, la UCC enlista las siguientes: la 394/03VI/FESP iniciada el 18 de julio de 2003 contra José Gertrudis Guízar Valladares por el delito de incumplimiento de un deber legal; la 482/03/VI/FESP iniciada el 13 de agosto de 2003, contra Fernando Guízar Valladares y Rogelio Lemarroy, entre otros, por el delito de abuso de autoridad, y la 927/04/I/FESP iniciada el 6 de diciembre de 2004 contra Alberto Guízar Valladares por delitos como fraude procesal y abuso de autoridad.
Sin embargo, según la UCC, a uno solo de los hermanos del candidato panista, Marco Antonio Guízar Valladares, agente de Ministerio Público de Nanchital, se le han iniciado las siguientes investigaciones ministeriales, todas por el presunto delito de abuso de autoridad: la 110/06/V/FESP, del 1 de febrero de 2006; la 268/06/V/FESP del 31 de julio de 2006; la 791/06/III/FESP del 13 de noviembre de 2006; la 792/06/III/FESP del 13 de noviembre de 2006, y la 824/06/VI/FESP del 14 de diciembre de 2006.
Pero en 2007, de nueva cuenta, Marco Antonio Guízar fue denunciado también varias veces, tal como quedó consignado en las investigaciones ministeriales 157/07/I/FESP, del 29 de marzo de 2007, por el delito de cohecho y lo que resulte; la 203/07/VII/FESP, del 4 de mayo de 2007, por abuso de autoridad, y la 207/07/I/FESP, del 4 de mayo de 2007, por los delitos de incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad.
“Estas son sólo algunas de las muestras de la clase de personas y los intereses que mueven a los Guízar Valladares”, dice en su comunicado la Unión Cívica de Coatzacoalcos, la cual inquiere “si la disolución de la Policía Intermunicipal les afecta en algo”.
“¿Será que los Guízar se beneficiaban con una corporación corrupta y con nexos con la delincuencia organizada? ¿Será que temen perder poder adquisitivo e influencia en la zona?”, cuestionan al candidato del PAN a la alcaldía de Coatzacoalcos, al cual le dicen que “tiene mucho que explicarle a la ciudadanía que aspira a gobernar”.