En otras partes es al revés. El gobierno, o un partido, presenta un proyecto, propone una idea, o emite una ocurrencia que se debate para que quienes toman decisiones vean qué piensa el país sobre un tema en particular.
 
Una vez que la opinión pública es más o menos clara, el poder Legislativo debate otra vez y vota. Pero por lo que uno lee en la prensa, en México las decisiones se debaten cuando ya no sirve de nada. Pongamos por caso la reforma energética.
 
Dicen algunos que quienes eligieron a senadores, diputados y presidente de la república votaron por la propuesta de una reforma energética sin privatizar, y que esa reforma contemplaba bajar los precios del gas y de la energía eléctrica, y modificar la ley donde hubiera que hacerlo. No estoy de acuerdo.
 

Ningún candidato presentó nunca detalles de la reforma energética, y por eso mismo no se pudo discutir públicamente ese proyecto. Así que no se puede decir que la gente no sólo vota por la persona sino por la propuesta. Tampoco se vale decir que la consulta ya se hizo en esos términos. Una elección no emite cheques en blanco a ningún gobierno.
 
Pero no hubo consulta. Hubo pronunciamientos generales, declaraciones ambiguas y grandilocuentes, promesas, cosas así. Pero nadie, ni siquiera quienes integran el equipo chico del presidente Enrique Peña Nieto, conocía los detalles ni los alcances de la reforma.
 
Lo justo, lo civilizado, es informar para que uno emita una opinión, o un voto. Y ese voto calificado, de personas informadas, otorga autoridad para hacer cosas que cambian el destino de los pueblos y afectan cosas que no tienen repuesto.
 

Tal vez eso quiso decir Jorge Koffau Kaiser, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Veracruz, cuando reconoció que "existe mucha desinformación de la Reforma Energética", porque "no se tiene un conocimiento real de la propuesta presentada por el Presidente de la República".
 
Pero también tal vez el dirigente patronal dice una cosa como dice la otra sin pensar lo que dice. Según Koffau Kaiser, no es necesario pedir la opinión ciudadana sino limitarse a informar a los mexicanos sobre los beneficios que propone la reforma constitucional al artículo veintisiete, para que sepan lo que es bueno.
 
Como si las empresas – de la Coparmex o de otras – emprendieran un proyecto sin tomar en cuenta los pros y los contras, sin pensar en las ventajas y en las desventajas, en los beneficios y los riesgos potenciales. Lo mismo le pasa a la propuesta del gobierno federal.
 

Para comenzar, el proyecto de reforma no sabe qué hacer con los sindicatos, que son los cánceres que afectan tanto a Petróleos Mexicanos como a la Comisión Federal de Electricidad. Sobra información factual y anecdótica sobre la corrupción sindical en las dos paraestatales.
 
(No debería, pero mencionaré el caso de un pariente político que dejó de hablarme porque me atreví a censurar al dirigente del sindicato de la CFE que impidió a la prensa cubrir un encuentro con el entonces candidato a gobernador Fernando Gutiérrez Barrios. No volví a saber de mi familiar lejano y alejado desde entonces, y no me arrepiento.)
 
Después de leer las veintinueve páginas del proyecto de ley que presentó la Presidencia al Congreso, uno se queda con la idea de que se trata de una iniciativa que puede ser útil pero peligrosa, porque las concesiones públicas se han manejado de manera poco transparente desde que se inventaron.
 

Uno puede concluir que solamente la discusión pública daría validez plena a la reforma energética. No importa que la Coparmex y otros se quejen de que el debate retrasaría los efectos benéficos del nuevo régimen.
 
El petróleo y la energía eléctrica son patrimonio nacional, y la nación tiene el derecho de discutir qué se hace con ese patrimonio. No hay prisa cuando se trata del bien común. Y el que tenga prisa que se aguante, como en otras partes.