Existe coincidencia entre diversos actores políticos, analistas y especialistas en que se vive una situación muy complicada en las finanzas estatales. Que si bien en los tres años de gobierno de Javier Duarte de Ochoa se ha hecho un gran esfuerzo para enderezar la nave, para dar orden al caos que heredó, subsisten inercias y tendencias que favorecen el desorden administrativo, la falta de transparencia y, desde luego, la continuidad de negocios, cobro de comisiones, gastos superfluos y escasa o nula rendición de cuentas, lo mismo en algunas áreas de la administración estatal que en prácticamente todos los gobiernos municipales.
 
El peso de la crisis generada por su antecesor ha marcado el derrotero del manejo financiero del estado en el gobierno duartista, donde la debilidad presupuestal afecta aun a burócratas, proveedores, becarios, pensionados, productores y una larga lista de damnificados del Huracán Fiel que arrasó en seis años la entidad y cuyos efectos, tres años después, no amainan.
 
Si revisamos los archivos periodísticos o consultamos los documentos y anexos de los informes de gobierno de la administración estatal o en los de los alcaldes que recién concluyeron funciones, encontramos un sinfín de obras realizadas a lo largo y ancho de la entidad. En muchos casos se reporta un frenético ritmo de ejecución de obra pública: puentes, carreteras, caminos, calles, escuelas, clínicas y un largo etcétera de infraestructura que se presume mucho.
 

No obstante, son recurrentes los trascendidos y comentarios sobre la concentración de las obras en unas poquísimas manos, en compañías constructoras favoritas, cuyos dueños tenían facturas por cobrar por financiamientos y apoyos en campañas electorales, donde se comenta la participación de prestanombres de funcionarios, de legisladores, de políticos de todos colores, alcaldes y aun de periodistas, entre una larga lista de beneficiarios.
 
Sabemos que es práctica común en nuestro país en la dinámica de los procesos de adquisiciones gubernamentales que las empresas proveedoras deban pagar comisiones a los funcionarios que autorizan los contratos; de ahí surge el famoso –aunque ilegal- diezmo, porcentaje que debe considerar la empresa para retribuir a servidores públicos y que se incluye en el precio final del bien o servicio. Sin embargo, este soborno –porque eso es- ha alcanzado cotas muy altas en nuestro estado, insostenibles para muchas empresas medianas o pequeñas.
 
Además, existe el registro de obras que en muchos municipios se contabilizaron pero nunca se realizaron o se hicieron con una ínfima calidad en detrimento de la población y, desde luego, de las haciendas públicas.
 

Con todo y ese panorama, hoy se nos dice que las cosas son distintas. Que ya hay orden en las finanzas públicas, que no se repetirá el caos del fidelismo, que existe orden y racionalidad en el gasto, que se combate de manera frontal a la corrupción, que se acabó ese modus operandi en la asignación de obras. Ojalá así suceda.
 
 
Porque el Congreso local habrá de resolver en breve sobre el informe del Órgano de Fiscalización Superior del Estado respecto a la revisión de la Cuenta Pública 2012, donde se detectó un presunto daño patrimonial superior a los 409 millones de pesos en 38 municipios, ocho dependencias del gobierno estatal y dos fideicomisos. Solo en la extinta Secretaría de Comunicaciones (SECOM) y en el Fideicomiso vinculado a la construcción del Túnel Sumergido en Coatzacoalcos –obra inconclusa al día de hoy-, se presume un quebranto que ronda los 277 millones 755 mil 404 pesos.
 
El tema es, sin duda, una verdadera papa caliente con muchas implicaciones, tantas que al haberse hecho público el caso, sea por afanes mediáticos, como parte del deslinde con el antecesor o por lo que usted guste, será difícil apostar al olvido del ciudadano o a presentarle unos poquísimos chivos –chivitos, más bien- expiatorios.

 
Dice el gobernador Javier Duarte de Ochoa que se actuará con toda la firmeza y determinación, y que quien esté al margen de la legalidad tendrá que asumir las consecuencias. Se asegura que no se protegerá a nadie que tenga algún tipo de responsabilidad en estos casos.
 
Es un mar de corrupción en el que decidió meterse a bucear el gobierno duartista y los peces gordos, muy gordos, ahí están a la vista y fáciles de atrapar; si se quiere, claro está. Son casos que, deberían llevarse hasta las últimas consecuencias, lo que sin duda abonaría de manera muy importante a fortalecer la imagen del gobernante, sobre todo ahora que el tema de la inseguridad y la aguda desconfianza en las corporaciones policiacas, por los sucesos en que perdió la vida el joven Gibrán David Martiz Díaz, hicieron que Veracruz regresara de manera muy negativa al plano informativo nacional y aun internacional.
 
Ex alcaldes, tesoreros, quienes fueron altos funcionarios de la desaparecida SECOM, entre otros, no deberían estar tan confiados como se les ve.

 
Por la salud financiera del estado y sobre todo por razones de moral pública es deseable que se pase del discurso a la acción. Que distinto sería todo si en verdad se pone un alto a la vorágine de negocios en que se ha convertido la función pública.
 
Aunque, dados los antecedentes y las prácticas de nuestro sistema político, lamentablemente es difícil que eso suceda.
 
Ya en breve lo sabremos.

 
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