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Columnas y artículos de opinión
De Interés Público
Sin periodistas no hay periodismo; sin periodismo no hay democracia
Emilio Cárdenas Escobosa
17 de febrero de 2014
alcalorpolitico.com
Veracruz acapara otra vez los reflectores nacionales e internacionales por la violencia criminal que ha cobrado la vida a 10 periodistas en lo que va del gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

Organizaciones defensoras de los derechos de los comunicadores nacionales y extranjeras, dirigentes políticos, intelectuales y analistas de todo signo, reporteros locales, y, de manera significativa, diversos sectores de la sociedad, han unido sus voces para exigir que alguien pare esto y se garanticen las condiciones mínimas de seguridad para que los periodistas desarrollen su trabajo en la entidad. La demanda, desde luego, se extiende a que las indagatorias de las instancias de procuración de justicia no dejen lugar a dudas, para que la impunidad deje de ser el epitafio de cada hecho delictivo, de cada nueva muerte.

El problema como lo han señalado múltiples analistas deviene, sin duda, de la cruenta guerra que protagonizan los cárteles de las drogas que se disputan el control del territorio veracruzano y donde los reporteros que cubren la fuente policiaca han sido víctimas también. Y no me refiero solo a quienes han sido asesinados sino también a los que han preferido desertar de la cobertura informativa –si la hay, habida cuenta la censura y autocensura prevaleciente en este delicado tema- y solicitan a los jefes de información de sus medios cambiar de fuente o de plano se van del estado.


Pero a la par del grave riesgo que viven los comunicadores de nota roja, es una realidad que ha existido en la entidad un clima hostil hacia periodistas y medios reacios a inscribirse al coro que canta la buenaventura de que vamos hacia delante en la construcción de un estado próspero e insisten en mostrar al Veracruz que no se quiere ver: el de la persistencia de la violencia, de las extorsiones, de las complicidades, de la impunidad de los delincuentes organizados, de la continuidad de los negocios y el uso patrimonialista de los recursos públicos. Voces discordantes que abordan los temas que oficialmente no existen.

En ese contexto, la explosión delictiva de las semanas recientes que adquirió una vez más notoriedad nacional e internacional con el artero crimen del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz que despertó la indignación del gremio, particularmente de los periodistas del sur del estado, y de manera notoria de la prensa nacional, la más crítica, la que encuentra de nueva cuenta a una administración con poca capacidad de reacción y precaria credibilidad fuera de la entidad. La manera en que se ha gestionado la relación prensa-gobierno, creyendo que basta con uniformar mensajes en la aldea hace agua en este momento.

La magnitud de lo sucedido rebasa por mucho esa pretendida capacidad de ocultamiento y control y la oleada de críticas, condenas y exigencias para garantizar la debida protección a los periodistas para ejercer su trabajo los toma sin estrategia.


Ante la gravedad del momento, el gobernador Javier Duarte requiere un golpe de timón. Ajustar lo que deba de ajustarse y dar respuestas acordes al nivel de la problemática. En materia de seguridad pública y en la procuración de justicia, por citar algunos frentes.

Que se atienda sin ambages, con firmeza, con el concurso de las instancias federales en la materia, la ola delictiva que causa zozobra y temor en la sociedad, es la principal demanda de la gente. Que no haya un solo veracruzano, un solo comunicador más que se vea amenazado por ejercer su oficio y que la gente pueda desplegar su energía para trabajar y vivir en paz, sin que la inseguridad sea su principal preocupación.

No se trata solo de salir al paso para intentar amortiguar la tormenta sino de trascender el discurso en este delicado tema y dar las respuestas que la sociedad espera.


Los veracruzanos tienen miedo y es obligación de los poderes constituidos garantizar su seguridad, sean o no comunicadores.

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