Consumada la reforma energética en su nivel constitucional sigue el paso inminente de las leyes secundarias en la materia, a desahogarse en un máximo de dos meses. El Gobierno Federal, en tanto, aprovecha este paso y su periodo de espera para aturdirnos con una publicidad triunfalista y demagógica, especialmente la utiliza como credencial en el extranjero. El debate gira en torno a esa etapa del proceso legal de las reformas mencionadas, es un proceso intenso y vistoso, con posturas más o menos claras. Las leyes secundarias en suspenso avivan la discusión, permiten precisar muchos aspectos de los que han quedado razonables dudas y colocan las posiciones en su debido lugar.
 
La renta petrolera es la diferencia que hay entre lo que cuesta producir el petróleo y el precio en que se vende; hasta ahora la renta petrolera ha ingresado integra al presupuesto federal, siendo tan importante que significa más de su tercera parte. Con la reforma esa condición va a cambiar, teniendo que compartirse con las empresas inversionistas que, seguramente, serán extranjeras. Ese es el gran problema de fondo que plantea la privatización de la industria petrolera y el deliberado debilitamiento de PEMEX, sin que se tengan respuestas y soluciones oficiales para sustituir los ingresos que dejarán de recibirse.
 
 Por razones todavía no claras la reforma constitucional comentada establece que no se otorgarán concesiones en materia petrolera, en extraña contradicción con los artículos transitorios de la misma reforma donde se habla de algún tipo de contratos que abren esa posibilidad. Ahí está la clave de la defensa de la renta petrolera. Las concesiones representan la entrega de porciones de territorio nacional para que las compañías hagan lo que quieran, como sea y en tiempo récord; eso es sumamente peligroso.
 

Es curioso, mientras la industria petrolera nacional pierde su carácter estratégico, su parte operativa lo mantiene, por lo que la propiedad de la tierra está en riesgo, es decir, si un inversionista requiere perforar o hacer obras determinadas en un terreno , lo toma y ya, conviniendo algún pago a su criterio , dejando a los propietarios sin mayores recursos legales. Esos son de los aspectos que deben debatirse en la aprobación de las leyes secundarias, para evitar mayores daños a nuestro interés nacional.
 
La reforma es un hecho consumado, con los pendientes señalados, ahora hay que luchar porque no se aten varias generaciones a un futuro incierto y regresivo. Lamentablemente tenemos un Gobierno atrapado por las elites económicas y con una visión desnacionalizada, al que es más fácil estirar la mano a los extranjeros antes que intentar vías propias y soberanas. Tenemos un Gobierno al que hay que vigilar y observar su movimiento de manos. La exigencia tajante de los mexicanos debe ir dirigida a la defensa de la renta petrolera, que no se comparta, ni siquiera que se comprometa. No debe destinarse ningún recurso fiscal para cubrir las inversiones que hagan las empresas petroleras. Sería el colmo que todavía haya que pagarles del presupuesto federal.
 
No debe obviarse que mientras en México, hasta con festejos oligárquicos, se debilita la industria energética que es estratégica en el resto del mundo la tendencia va en sentido contrario; basta una ligera búsqueda en internet para ubicar los puntos de conflictos entre Estados y las poderosas empresas petroleras internacionales, donde la constante son los abusos, la unilateralidad y daños sin fin a la economía y medio ambiente de esas empresas depredadoras. Todavía se puede hacer mucho para evitar que los daños de las reformas sean más severos, incluso si pasan como se prevén hay que dejar formal registro para efectos de impugnaciones y litigios en tribunales.
 

Recadito: Urge para Veracruz, oposición política
 
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