Empeoran los problemas de inseguridad pública en nuestro país, siendo prácticamente generalizados en todo el territorio nacional. Sexenios van y vienen, de alternancias solo en colores, pero la violencia sigue y se vuelve expansiva; reuniones y más reuniones de procuradores, consejo nacional de seguridad y gobernadores, entre otros actores institucionales: pura perdedera de tiempo, discursos rimbombantes y anuncios de estrategias repetitivas e inútiles. La inseguridad está en todas partes, por grados, afectando cada vez más la vida pública de México, desde las labores escolares y el comercio hasta la función de autoridades municipales y estatales, entre otras; es una situación de emergencia que, sin embargo, no merece la intervención más resuelta y eficaz del gobierno federal. Las instituciones locales son omisas o cómplices, dejan hacer y dejan pasar, por miedo y amenazas o por ser partícipes de la delincuencia.
 
Lo ocurrido en Michoacán nos mostró un ejemplo claro y contundente de un estado fallido, entidad sin ley y sin gobierno; las soluciones tomadas por la administración federal agravan la situación y son cosméticas: le está entregando el reconocimiento oficial a cuerpos de dudoso origen en una salida falsa y de parche; estamos ante una confesión tácita de impotencia, de no solución. Sin ser del mismo tipo que en Michoacán, problemas similares se tienen casi en todo el territorio nacional, con tonalidades de mayor gravedad en Tamaulipas. Para efectos prácticos en esos y otros estados no hay gobierno o es simbólico; aparecen funcionarios que se presentan como autoridades y realizan algunas funciones casi siempre más de corte partidista y de preparativos electorales; la mayoría de la población no les cree y tampoco les tiene confianza, quedando sin base social y deslegitimados para gobernar.
 
La crisis de inseguridad está estrechamente ligada con la crisis política, que es eso por la presencia contundente de factores de ingobernabilidad, la ineficacia de los representantes populares y el déficit de paz pública. Sin la participación de los ciudadanos, informados y activos, es casi imposible que se resuelvan los problemas de inseguridad. Eso nos lleva a reconocer nuestra precariedad democrática, que incluye gobernantes dedicados al negocio y a perpetuarse en el poder. Sin la complicidad o las omisiones con la delincuencia organizada no se puede explicar el poder de que hace gala. Sólo con salidas democráticas, aunado al profesionalismo de las fuerzas policiales y de alcance federal, se puede superar la tragedia que estamos viviendo.
 

El México convulso y peligroso que estamos viviendo pone en peligro nuestra tranquilidad y las posibilidades de llevar una vida normal. Con todo y el temor hay respuestas sociales a problemas como el de los desaparecidos, pero también a las balaceras como en Xalapa, mi castigada ciudad. A esa descomposición le responden de manera previsible e ineficaz, sin ir afondo y tratando de mantener privilegios y lejanía con la gente. Todavía los gobernantes aparentan no entender la profundidad del problema; hacen poco y mal. Ese cuadro de crisis tiende a volverse permanente, a reflejarse en el control delincuencial de territorios y actividades. La estrategia es simple: que las autoridades cumplan con sus obligaciones, que se estimule la participación ciudadana, que se cuente con agrupamientos profesionales y bien pagados, que se rescate el poder judicial para que haya justicia y se evalúe la política antidrogas que es prohibitiva y favorable para los Estados Unidos. Sólo con seriedad y enfoque democrático se puede abordar esa problemática y aspirar a salirse del círculo vicioso en que nos han metido políticos frívolos, negociantes y hasta cómplices de la delincuencia. Habrá que esperar una más fuerte presión y exigencia social respecto a estas medidas que se quedan en un carácter mediático. En tanto, debemos protegernos como comunidad, pacíficamente, en una especie de autodefensa que nos permita comunicación y acompañamiento mutuos, a la vez que exigencia y seguimiento a las autoridades. Al desafío de la delincuencia organizada la clase política responde con ocurrencias y auto protección, dejándonos prácticamente en el abandono, y dando preferencia a sus intereses inmediatos. Hace falta voluntad política para tener una postura de estado y una sacudida a los gobernantes y políticos en general para que se tomen las medidas adecuadas que son urgentes.
 
Recadito: Concerta cesión en Las Choapas, otro “logro “de Los chuchos.
 
[email protected]