Desde tiempos inmemoriales se tiene como un apotegma que la raíz de los problemas de nuestro país es la corrupción. Todos tenemos interiorizado el razonamiento de que la dádiva, el cohecho, el porcentaje o diezmo y la mordida son mecanismos de defensa o interacción ciudadana ante la autoridad, que sirve lo mismo para agilizar trámites y evitar multas que para ganar un contrato, una licitación o ser beneficiario de fondos o recursos económicos provenientes de programas gubernamentales.
 
Del lado de la autoridad, del servidor público, también se tiene por regla general que los cargos públicos son para aprovecharlos en beneficio propio o de los amigos o familiares. Sea para fortalecer la carrera política, afianzar relaciones con personajes o grupos de poder, hacer negocios para acrecentar las cuentas bancarias personales y tener un guardadito para la próxima campaña política o no padecer en el futuro desde la fría banca, lo mismo que para lograr contratos de obra vía prestanombres, organizar conflictos para resolverlos y llevarse una porción de la derrama económica pactada con los dirigentes de las organizaciones sociales que protestan, armar consultorías, despachos contables o de asesoría que prestan sus servicios a la dependencia donde despacha justamente el dueño de esos despachos. Son reglas no escritas y modus vivendi de muchos que se potencian en épocas electorales cuando los recursos para la operación política fluyen y en teoría se aplican para la causa del partido que gobierna, sin necesidad de factura o comprobante alguno. Prácticas que conforman un amplísimo catálogo prolijo de enumerar sobre las prácticas inveteradas de buena parte de quienes abrazan la carrera política y el servicio público, desde luego con sus honrosas excepciones, que al final alimentan al monstruo de mil cabezas llamado corrupción.
 

En el funcionario que se enriquece en el cargo, en el ciudadano que paga una dádiva, en el servidor público que la recibe, en la simulación en la rendición de cuentas, en la opacidad como norma, se explican efectivamente mucha de nuestras taras y rezagos como nación.
 
Bestia imbatible a la que han querido derrotar, al menos de dientes para afuera una larga lista de políticos, líderes sociales o gobernantes en distintas épocas, la corrupción sigue siendo la mayor amenaza para la estabilidad y la convivencia social armónica gracias a legiones de políticos que la han alimentado desde hace décadas y a millones de mexicanos que, cual si fuera destino, la aceptan estoica y pasivamente como parte de la idiosincrasia nacional o del funcionamiento de las instituciones.
 
 
Merced al conformismo de la gran masa y la voracidad de muchos políticos, la desigualdad social, el analfabetismo, la pobreza alimentaria, la quiebra de expectativas, el desastre educativo nacional, la impunidad, la violencia, la inseguridad, el desencanto juvenil, la sangría en las finanzas públicas, la debacle de muchas familias y lo que usted quiera añadir a esta penosa lista, conviven o se retroalimentan bajo ese gran paraguas negro llamado corrupción.

 
Combatir de verdad y a fondo ese fenómeno es una tarea hercúlea pero fundamental para hacer frente al fenómeno indeseable del ejercicio indebido de la función pública, porque la única convivencia democrática posible es la que se sustenta en el equilibrio de poderes, la rendición de cuentas y el apego de gobernantes y gobernados a lo que marca la ley.
 
El principal problema que distorsiona la relación entre sociedad y gobierno es saber que los recursos públicos no son manejados adecuadamente y se usan para fines particulares. Por eso irrita tanto al ciudadano pagar nuevos impuestos o el alza a tarifas de servicios públicos, porque se desconoce el destino y la correcta aplicación de lo recaudado.
 
La peor amenaza a la estabilidad social y política es la persistencia de la corrupción y la impunidad. En todos los ámbitos de gobierno se debe promover y afianzar una cultura de transparencia, de la rendición de cuentas, de acceso a la información pública y, sobre todo, de vigilancia del uso de los recursos públicos por parte de la sociedad.

 
Esa será siempre la mejor manera de garantizar la gobernabilidad democrática y, de paso, reivindicar a la actividad política como una profesión responsable, seria y honorable.
 
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