16 de junio de 2014
alcalorpolitico.com
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Twitter: HELIHERRERA.es
México ha sido el país de los experimentos en materia electoral. En los últimos cuarenta años ha habido Reformas electorales constitucionales como presidentes de la República hemos tenido.
Desde Luis Echeverría Álvarez para acá, cada ejecutivo federal ha mandado iniciativas al Congreso que han terminado en nuevas normas, con las que se han realizado elecciones y elegido funcionarios de elección popular, que al final del sexenio han resultado incompletas y/o obsoletas, porque los motivos que la fundamentaron solo fueron parches que nunca tocaron el fondo democrático: Elecciones libres, representativas, imparciales y sin ninguna ventaja para partido político alguno.
Mientras el PRI fue gobierno (antes del 2000), a cuenta gotas fue abriendo espacios para las voces disidentes en esta nación, pero siempre garantizándose el dominio pleno de los triunfos electorales, del control de los Poderes Ejecutivos Federal, Locales y municipales, así como del Poder Legislativo Federal y Local. Para lograrlo se adjudicó los órganos que organizan y califican cada elección.
Durante el mandato de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón nada cambió, porque como partido de la burguesía al igual que el Revolucionario Institucional mantuvieron las reglas para evitar que la izquierda llegara al poder, privilegiando el dinero y las campañas negras como motor para ganar votos, y asegurándose que el Poder Judicial electoral Federal no vea ni oiga las trapacerías que sus candidatos hacen para triunfar.
Hoy que recuperaron el poder, Enrique Peña Nieto fiel a la tradición envió al Congreso de la Unión otra reforma electoral constitucional que fue aprobada por los legisladores de los partidos políticos que firmaron el pacto por México, y que a decir de ellos es la buena porque ahora sí le amarran las manos a los candidatos despilfarradores y tramposos, y le quitan, según ellos, el liderazgo que los gobernadores y presidente de la república tenían sobre los organismos electorales que organizan, realizan y califican las elecciones.
Nada de eso es cierto. La forma como se constituyen tanto el Instituto Nacional Electoral como los magistrados del Tribunal Federal Electoral le garantiza al PRI votos de ventaja cuando se discutan acusaciones contra ellos, y desde luego cuando se califiquen elecciones.
Si a esos votos les suma la de los que llegan vía Acción Nacional el asunto está concluido y, fieles al gatopardismo de cambiar para que todo siga igual, las nuevas reformas constitucionales electorales solo modificaron la forma pero nunca el fondo, como hoy se pretende hacer igual en Veracruz con la iniciativa de ley que envió el pasado lunes el Gobernador del Estado al Congreso local.
La iniciativa de marras no contempla la reelección de alcaldes ni de diputados locales. No contempla quitarle la supra representación que tiene el PRI en el congreso cuando dos años atrás se autorregaló un 8 por ciento adicional que le da varios diputados de regalo en la actual LXIII Legislatura; no contempla uno de los propósitos más buscados por la sociedad veracruzana que es la de gastar menos dinero en elecciones locales y por lo tanto, concatenar éstas a las federales; y no contempla democratizar el reparto de las participaciones o prerrogativas económicas que le siguen dando poder económico y político a los partidos mayoritarios y dejan, casi en estado de indefensión, a los partidos pequeños.
Lo afirme aquí, en este mismo espacio el lunes 18 de abril de 2011 cuando Javier Duarte envió la iniciativa de ley para reformar el artículo 70 de la Constitución Política del Estado a fin de ampliar a cuatro años el periodo de los presidentes municipales, síndicos y regidores, que “era una iniciativa electorera, que buscaba separar las elecciones de gobernador de las de ayuntamientos para darle un margen de maniobra al ejecutivo y así evitar que los precandidatos priístas inconformes se fueran a otros partidos afianzar las campañas de otros candidatos a Gobernador, porque de esa forma se ponía en riesgo el triunfo electoral priísta, y que nada de fondo tenía dicha propuesta. Que si de verdad quería trascender Duarte debería impulsar la reelección de los ediles para que, a función de revocación de mandato, aquel presidente que hiciera un pésimo trabajo el pueblo lo castigara en las urnas, y que aquel que lo hiciera bien se le eligiera por otro periodo más.
Critiqué ferozmente esa iniciativa porque en lugar de avanzar en Veracruz retrocedíamos en materia electoral, y más cuando de la chistera el gobernador propuso elevar de 8 a 16 por ciento la representación del partido mayoritario en el Congreso Local, como si no fuera poco contar con diputados paleros provenientes del partido Verde o del PANAL.
Afirmé que tal iniciativa le iba a costar caro a los veracruzanos porque se iba a gastar más dinero entre elección y elección, y dado que las finanzas públicas estatales no están bien que lo mejor sería homologar nuestras elecciones con las federales.
¡Oré en el desierto! Como muchos otros veracruzanos bien nacidos que seguimos creyendo que con argumentos se ganan elecciones y no con despensas, láminas, pisos firmes, letrinas, cachuchas, bolsas, peltres, playeras, topers etc.
Por eso se oponen los priístas del primer círculo del poder en Veracruz para que vuelvan los ayuntamientos a ser de tres años y se elijan en una sola elección con diputados locales y federales en los comicios intermedios, y cada seis con presidente de la república, gobernador y senadores. Perderían centenas de miles de votos, decenas de cargos de elección popular pero, principalmente, pondrían en riesgo varias gubernaturas y la propia presidencia de la república y eso… eso no es democracia… para ellos.
Sobran argumentos para puntualizar todas las precisiones y opiniones que quiero dar frente a esta iniciativa de ley electoral que envió el gobernador el pasado lunes, pero falta espacio para hacerlo. Ya habrá oportunidad.
Twitter: HELIHERRERA.es
México ha sido el país de los experimentos en materia electoral. En los últimos cuarenta años ha habido Reformas electorales constitucionales como presidentes de la República hemos tenido.
Desde Luis Echeverría Álvarez para acá, cada ejecutivo federal ha mandado iniciativas al Congreso que han terminado en nuevas normas, con las que se han realizado elecciones y elegido funcionarios de elección popular, que al final del sexenio han resultado incompletas y/o obsoletas, porque los motivos que la fundamentaron solo fueron parches que nunca tocaron el fondo democrático: Elecciones libres, representativas, imparciales y sin ninguna ventaja para partido político alguno.
Mientras el PRI fue gobierno (antes del 2000), a cuenta gotas fue abriendo espacios para las voces disidentes en esta nación, pero siempre garantizándose el dominio pleno de los triunfos electorales, del control de los Poderes Ejecutivos Federal, Locales y municipales, así como del Poder Legislativo Federal y Local. Para lograrlo se adjudicó los órganos que organizan y califican cada elección.
Durante el mandato de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón nada cambió, porque como partido de la burguesía al igual que el Revolucionario Institucional mantuvieron las reglas para evitar que la izquierda llegara al poder, privilegiando el dinero y las campañas negras como motor para ganar votos, y asegurándose que el Poder Judicial electoral Federal no vea ni oiga las trapacerías que sus candidatos hacen para triunfar.
Hoy que recuperaron el poder, Enrique Peña Nieto fiel a la tradición envió al Congreso de la Unión otra reforma electoral constitucional que fue aprobada por los legisladores de los partidos políticos que firmaron el pacto por México, y que a decir de ellos es la buena porque ahora sí le amarran las manos a los candidatos despilfarradores y tramposos, y le quitan, según ellos, el liderazgo que los gobernadores y presidente de la república tenían sobre los organismos electorales que organizan, realizan y califican las elecciones.
Nada de eso es cierto. La forma como se constituyen tanto el Instituto Nacional Electoral como los magistrados del Tribunal Federal Electoral le garantiza al PRI votos de ventaja cuando se discutan acusaciones contra ellos, y desde luego cuando se califiquen elecciones.
Si a esos votos les suma la de los que llegan vía Acción Nacional el asunto está concluido y, fieles al gatopardismo de cambiar para que todo siga igual, las nuevas reformas constitucionales electorales solo modificaron la forma pero nunca el fondo, como hoy se pretende hacer igual en Veracruz con la iniciativa de ley que envió el pasado lunes el Gobernador del Estado al Congreso local.
La iniciativa de marras no contempla la reelección de alcaldes ni de diputados locales. No contempla quitarle la supra representación que tiene el PRI en el congreso cuando dos años atrás se autorregaló un 8 por ciento adicional que le da varios diputados de regalo en la actual LXIII Legislatura; no contempla uno de los propósitos más buscados por la sociedad veracruzana que es la de gastar menos dinero en elecciones locales y por lo tanto, concatenar éstas a las federales; y no contempla democratizar el reparto de las participaciones o prerrogativas económicas que le siguen dando poder económico y político a los partidos mayoritarios y dejan, casi en estado de indefensión, a los partidos pequeños.
Lo afirme aquí, en este mismo espacio el lunes 18 de abril de 2011 cuando Javier Duarte envió la iniciativa de ley para reformar el artículo 70 de la Constitución Política del Estado a fin de ampliar a cuatro años el periodo de los presidentes municipales, síndicos y regidores, que “era una iniciativa electorera, que buscaba separar las elecciones de gobernador de las de ayuntamientos para darle un margen de maniobra al ejecutivo y así evitar que los precandidatos priístas inconformes se fueran a otros partidos afianzar las campañas de otros candidatos a Gobernador, porque de esa forma se ponía en riesgo el triunfo electoral priísta, y que nada de fondo tenía dicha propuesta. Que si de verdad quería trascender Duarte debería impulsar la reelección de los ediles para que, a función de revocación de mandato, aquel presidente que hiciera un pésimo trabajo el pueblo lo castigara en las urnas, y que aquel que lo hiciera bien se le eligiera por otro periodo más.
Critiqué ferozmente esa iniciativa porque en lugar de avanzar en Veracruz retrocedíamos en materia electoral, y más cuando de la chistera el gobernador propuso elevar de 8 a 16 por ciento la representación del partido mayoritario en el Congreso Local, como si no fuera poco contar con diputados paleros provenientes del partido Verde o del PANAL.
Afirmé que tal iniciativa le iba a costar caro a los veracruzanos porque se iba a gastar más dinero entre elección y elección, y dado que las finanzas públicas estatales no están bien que lo mejor sería homologar nuestras elecciones con las federales.
¡Oré en el desierto! Como muchos otros veracruzanos bien nacidos que seguimos creyendo que con argumentos se ganan elecciones y no con despensas, láminas, pisos firmes, letrinas, cachuchas, bolsas, peltres, playeras, topers etc.
Por eso se oponen los priístas del primer círculo del poder en Veracruz para que vuelvan los ayuntamientos a ser de tres años y se elijan en una sola elección con diputados locales y federales en los comicios intermedios, y cada seis con presidente de la república, gobernador y senadores. Perderían centenas de miles de votos, decenas de cargos de elección popular pero, principalmente, pondrían en riesgo varias gubernaturas y la propia presidencia de la república y eso… eso no es democracia… para ellos.
Sobran argumentos para puntualizar todas las precisiones y opiniones que quiero dar frente a esta iniciativa de ley electoral que envió el gobernador el pasado lunes, pero falta espacio para hacerlo. Ya habrá oportunidad.