Todo inició a finales del mes de mayo. Así, sin una pizca de sensibilidad política; con la cortedad de miras y la rudeza burda, rupestre y aldeana que otorga la ignorancia, el cinismo, la soberbia patriarcal, el ego machista que domina a las elites políticas en México; así, sin darle una barnizada democrática, aunque fuera por mera apariencia a una iniciativa legal que obviamente está despertando el total rechazo del género; así, sin establecer un diálogo y análisis colectivo; así, pisoteando el derecho a la libre expresión de las ideas y negando la nueva realidad política y legal en México y en el mundo, que ensalza a la democracia, como el mejor sistema de vida y que exige la participación ciudadana en el debate de los temas y fenómenos que impactan a la sociedad y el respeto irrestricto a las leyes.
 
Así con el puño de la imposición que enmascara negociaciones bajo la mesa y en lo oscurito, violando las leyes internacionales, convenios y tratados que en materia de derechos humanos y en materia de Igualdad de género, ha firmado México; así sin reparar en las consecuencias, los legisladores del Congreso local de Nuevo León aprobaron el pasado 28 de mayo, en primera vuelta, una reforma al Artículo primero de la Constitución estatal para establecer “el derecho a la vida desde el momento de la fecundación”. Es decir brindan derechos ciudadanos a un cigoto, que ni a las 12 semanas ha llegado a desarrollar conciencia para ser, ante la ley, un ciudadano con derechos y obligaciones.
 
El autor de tal aberración tintada de moralina, de ideología y de ánimo de quedar bien con las sotanas, hoy por cierto muy desprestigiadas y hasta riesgosas a la fe, a la credibilidad milenaria, a la inmaculada institución de manipulación de almas que es la Iglesia, manchada hasta la médula con tanta revelación de conductas abominables pederastas, que ni el actual Papa puede ni quiere tapar, es el panista Francisco Treviño y su bancada, a la que se han sumado, señalan los mismos neoleoneses, los priistas –“los del partido del Gobernador”-, en un acto aberrante contra las mujeres de ese estado y hoy ya, contra las mujeres de todo el país.
 

No cabe duda que cada vez más, los y las que llegan a sentarse y a cobrar desde una curul o un escaño, enfrentan su realidad cruda al legislar sin estar preparados, sin tener cultura política ni conocimientos, menos sobre más información acerca de los asuntos que les compete revisar, modificar o innovar para desquitar sus dietas. Arriban con la bendición de sus padrinos o madrinas, sin cincelarse nivel ni capacidad intelectuales, ni pensantes ni de mínimo sentido común y a la hora de la línea disciplinaria, votan como vasallos ante la orden superior, sin menor análisis ni reflexión. Borregada descerebrada. Sí, tan extraviada, que hoy ha resucitado al monstruo de la criminalización de las mujeres, si es que por su libre decisión y amparadas en sus derechos fundamentales, eligen interrumpir su embarazo.
 
Todo el peso de la ley contra las neoleonesas y contra las mexicanas que hagan uso de su legítimo derecho; son unas delincuentes, son homicidas, 27 años a la cárcel por asesinar a un óvulo fecundado.
 
 
 

 
 
 
 
Qué diéramos las mujeres porque la ley fuera así de implacable contra los corruptos nefastos y prepotentes, que suben a las tribunas soberanas del pueblo a medio leer –porque usualmente ni eso saben, leer, menos escribirlas- esas propuestas y leyes. Y asumiéndose representantes populares se olvidan o a conveniencia partidista e ideológica amoldan leyes e iniciativas, dizque a favor del mismo pueblo que los votó o que les canjeó su necesidad desesperada por el hambre y las desigualdades que persisten en este país, por unas despensas, láminas y la esperanza fincada en promesas. Todos los politólogos coinciden en que una de las grandes deudas sociales y genuinamente antidemocráticas de los legisladores, es que pocas veces empuñan la voz y el interés del pueblo que los encumbró. No. Los sobajan al interés del partido, del gobernante, al que le deben sus privilegios.
 

Y si los tiempos son pre-electorales y/o épocas de pleno proceso, ésa, es la prioridad.
 
Por esto en un acto aberrante, agraviante, vomitivo, que pisotea los derechos fundamentales de las mexicanas, el Senador jalisciense y panista José María Martínez, ha cumplido las órdenes de su partido para emular las intenciones de los Torquemada de Nuevo León. Utilizando un espacio que debiera ser el reflejo plural, incluyente y tolerante de la sociedad, encabeza la institucionalización del torcido golpe de pecho, optando por reciclar la versión “moderna” de la represiva y oscura Inquisición, bajo el nombre de “Comisión de la Familia y el Desarrollo Humano”, que se erige como el foro senatorial que “velará por políticas que fortalezcan a la familias, a la mujer y a los jóvenes” y en donde se escuchará -el grito sonoro- contra el aborto y a favor de la vida, porque -según ellos-, esta es su convicción.
 
Asegura este pseudo legislador que esta Comisión va a “cerrar la puerta a algunas entidades o algunos políticos que están pensando más en modas o en tendencias, o incluso que nos han llevado a pensar en la muerte". Y hay más.
 

El PAN, adueñándose de una mesa de debate y de resolución que debiera ser incluyente en visiones y acciones, en voz de su folclórico Coordinador de bancada, el Senador José Luis Preciado, ha instalado esta Comisión porque –según ellos- quieren ofrecerle a México “una comunidad de amor y de solidaridad”. Para los panistas,” la unión de un espermatozoide con el óvulo genera un ser humano con vida propia (…) la madre es el vehículo que se utiliza para llegar a ver la vida. Entonces, no puedes -sic- disponer de la vida de otro ser humano que está viviendo dentro de ella”.
 
De manera que las mujeres somos para los panistas “vehículos”, es decir, nos conceptualizan como objetos; nos ven como simples úteros. Para ellos, las mexicanas sólo tenemos una misión y es la de concebir hijos. Nuestros derechos humanos, nuestras libertades, para estos miopes son meras “modas y tendencias”. Y remarcan, que van a parar esta pretensión, la de legalizar el aborto, en algunas entidades y de parte de algunos políticos. Lo que nos revela que su “convicción por la vida” no es más que una mascarada y su desafortunada Comisión antiaborto es la trinchera de batalla electoral contra otros partidos, que ya preparan para ganarse votos. Evidentemente no están preocupados por las mujeres y su salud, menos por los derechos y por la Igualdad sustantiva; tampoco les ocupan los óvulos fecundados. Son las urnas; es ganar el poder.
 
La piedra que se levanta para lapidar a las mujeres, no en el fundamentalista Medio Oriente, no, aquí, ¡En México! Ya es una gran roca que crece y crece filosa y amenazante. Fueron los legisladores locales de Guerrero, que por las mismas razones –políticas y electorales- se le confrontan al Gobernador, ex priista hoy muy perredista, para revertirle su iniciativa de despenalizar el aborto en aquella entidad. Las Comisiones Unidas de Salud, Justicia y Equidad de Género del Congreso de Guerrero, por mayoría de nueve votos desecharon la iniciativa para despenalizar el aborto, incluso hasta las 12 semanas de gestación. Y ya encarrerados, en el Congreso Federal, el fallido excandidato a Gobernador, el Diputado Manuel Añorve, vicecoordinador de su bancada, se le fue a la yugular a su ex adversario político, afirmando que “la mayoría de los diputados federales del PRI están en contra”, salvo en los casos que señala el Código Penal.
 

¡Qué diéramos! si las leyes se aplicaran con justicia real y no sesgada y contaminada contra los de esa misma huera calaña, ésos, quienes las ordenan, porque les urge cerrar pactos sombríos con los poderes fácticos que los presionan o que les juran comisiones, diezmos, votos, respaldo social, jugosos negocios; ojalá también sintieran la ley impasible esos sacerdotes que violan niños; los narcos, los resentidos sociales y los políticos y sus descendientes en los estados, que se confabulan con los capos, que venden drogas a la juventud y niñez de este país; que los reclutan también como sicarios desde temprana edad.
 
Quisiéramos las mujeres que las autoridades se fueran con todo, con la ley, contra quienes los lastiman, los golpean, los abandonan en las calles; contra quienes según administran recursos públicos para la asistencia social y se los clavan y dejan a miles de niños, estos ya con conciencia, en las calles, en el campo, en el olvido, hambrientos, enfermos, amenazados por los flagelos y conductas antisociales que los transforman en criminales, asesinos, ladrones, extorsionadores, incendiarios, mutiladores, violadores.
 
Ojalá, porque sólo evidencian la podredumbre de una sociedad que practica la doble moral, las dos caras, la hipocresía, la ley efectiva y expedita para unas y la complacencia y la indiferencia para los otros.
 

Pero no. Que las mujeres que aborten se vayan a la cárcel, junto con los médicos y enfermeras o enfermeros –claro, si las que abortan tienen para pagar a alguien que lo haga clandestinamente- y si no, a las parteras y demás “cómplices” de tal acto, de tal pecado, que asusta a la sociedad que se persigna hipócritamente. Y si no, que mueran desangradas o por infecciones, las mujeres, usualmente las más pobres, las sometidas por los usos y costumbres, las abandonadas en las sierras y llanos; allá lejos, en la inaccesibilidad de la miseria que las hunde en la injusticia, la ignorancia y la dominación machista que complace el Estado y los gobiernos de todo nivel, que siempre, y en el fondo, las conciben como menores de edad, como ciudadanas de segunda o de tercera.
 
Porque aún y los grandes discursos y las oratorias abre quijadas, en campaña, en los anuncios rimbombantes de nuevos programas gubernamentales; de más becas y pensiones y leyes que quedan en letra muerta y jamás vivas y aplicables en la cotidianeidad, porque aún, a las mujeres nos ven inferiores y así nos tratan y nos maltratan y nos agreden y nos ejecutan la violencia simbólica y nos conciben como objetos sexuales; nos discriminan y nos pagan menos y no nos reconocen ninguna aportación productiva a la economía, a la política, a lo social, que está edificando este país, que nos necesita para crecer y liderar. No, las mujeres si las hay más en cargos públicos o en puestos directivos, son las que menos saben, las amigas, las novias, las parientas, las hijas, dispuestas a agachar la cabeza y a entregar la revolución y obedecer y aceptar, lo que dictan los patriarcas, los varones que jamás compartirán el poder con la otra mitad de la población y menos con la pensante y defensora de la Igualdad sustantiva.
 
Por eso, hay quien sintiéndose intocable, al cobijo de previa autorización de alguien sin mayor jerarquía ni conocimiento de estas mismas leyes y derechos, se mete al baño de mujeres, lo usa, se mira en el espejo que en colecta las mujeres de ese piso compraron, en una oficina pública. Y sin mayor respeto ni consideración, evidencia su amplia ignorancia y arrogancia, hace uso del sanitario de las mujeres por el simple hecho de ser hombre y por no tomarse la molestia de bajar unas escaleras, para utilizar el que le corresponde a su género. Detalle común y ordinario. Tanto como el cerrojo que todas y todos respetan si se trata del sanitario “privado” de quienes mandan; usualmente los hombres. Para unos la exclusividad aplica en la costumbre; para otras, aplica la agresión a su derecho.
 

Así, se violan todos los días los derechos de las mujeres, nuestros derechos. Por eso, los diputados de Nuevo León, estado fronterizo con la superpotencia, con la primera democracia del mundo, que les salpica conductas, formas y actitudes “liberales”, optan por el conservadurismo más rancio y por la ilegalidad para sancionar y penalizar a las mujeres que según ellos, ni siquiera son dueñas de sus cuerpos.
 
Esta es la abierta trasgresión al derecho humano fundamental de las mujeres a ejercer en plena libertad, su decisión sobre su vida sexual y reproductiva.
 
Gracias a la velocidad de las nuevas tecnologías y redes sociales, la noticia corrió como pólvora y tal cual, ha encendido la indignación y el repudio de múltiples grupos, asociaciones, organizaciones de mujeres y destacadas académicas, investigadoras, servidoras públicas, legisladoras federales, lideresas sociales y demás féminas estudiosas y vigilantes de los recovecos que nos regatean el respeto y la aplicación de las leyes, dentro de ese estado y en el resto de la República.
 

¿Y qué postura asumen el INMujeres, las lideresas políticas de los partidos; las legisladoras que se envuelven en la bandera de los derechos de las mujeres de México y a la hora de la hora, omiten, desvían ambiguamente su responsabilidad social con el género y sus representadas? Nada.
 
Criminalizar a las mujeres que abortan ha vuelto a estar en la agenda del discurso de las campañas políticas que vienen para renovar el Congreso Federal. Los sacerdotes podrán hacer proselitismo partidista desde el púlpito, según la Reforma político electoral. Condenarán a la hoguera del infierno a las que aborten.
 
El PAN ha desempolvado un asunto social que se torna rancio en la moralina, en la ideología mañosa y en la distorsión de la religión, las culpas, los pecados y la redención celestial.
 

Las mujeres de México seguimos a merced del necio tutelaje de un Estado que no nos reconoce como sujetos de derecho; que utiliza la violación de nuestras libertades para manipular conciencias, intenciones de voto, posiciones de poder; para despojarnos de nuestras decisiones; para perpetuar desigualdades, discriminación, violencia, sexismo y roles que nos anclan en la invisibilidad, en el sometimiento y en la condición social y cultural; legal y política de ser sólo bultos con matriz.
 
El análisis prospectivo de estos hechos recientes en los Congresos locales y federal, nos alertan de una pretensión perversa de regresión legal, para ganar el futuro, su futuro, el de las elites políticas. Y nosotras, las mujeres que defendemos la Igualdad sustantiva, cada día y desde diversas trincheras, debemos exigir respeto a nuestros derechos y libertades. Politizar la penalización o no del aborto es una pésima elección de los partidos y sus dirigentes. Ahonda la desigualdad; confronta a la sociedad; genera violencia contra las mujeres, muerte e injusticia contra las más empobrecidas.
 
Nos define como una sociedad cínica, misógina, antidemocrática, intolerante y rupestre. Los políticos quieren darse baños de pureza y conciliación, cuando se exhiben corruptos y falsos. Quieren polarizar. Buscan la suciedad en el lugar equivocado. Interrumpir o no el embarazo es decisión soberana de cada mujer.
 

Por esto, veracruzanas sororas con las mujeres de Nuevo León y de Guerrero y de millones que en las sombras padecen el ejercicio de su derecho, desangradas y criminalizadas, expresamos un manifiesto de repudio contra estas acciones ilegales.
 
Las mexicanas tenemos la capacidad, la libertad y la responsabilidad para elegir ser madres o no, en plena autonomía moral. Rechazamos la maternidad forzada y la imposición de valores a modo, religiosos, ideológicos, partidistas que agreden los derechos fundamentales y nuestra libertad de opción, que están por encima de esos intereses perversos. No lo vamos a permitir.
 
Ni la sujeción ni la humillación. Ni el infierno, ni las rejas, ni el sepulcro. Decidir es nuestro derecho, señores. Gánense los votos con honestidad, servicio e integridad, en vez de insistir en pisotear nuestra libertad.
 

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