17 de julio de 2014
alcalorpolitico.com
Desde hace más de un mes había trascendido que Roberto López Santoyo estaba por salir de la Dirección General de Tránsito del estado.
Inclusive, por esas fechas, corrió la versión de que a esa área dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) posiblemente llegaría el abogado porteño Tomás Mundo Arriasa, quien ya había ocupado el mismo cargo en la administración del gobernador Miguel Alemán Velasco.
Lo de Mundo Arriasa no se concretó –quizá ni siquiera fue considerado de verdad– pero sí la salida de Tránsito de López Santoyo, confirmada este miércoles 16.
Al parecer, al subordinado de Arturo Bermúdez Zurita, titular de la SSP, terminó por empinarlo el escandaloso negocio de los concesionarios del servicio de grúas, los cuales se han estado llevando la gran tajada del pastel ya que a la Hacienda del Estado estas infracciones aplicadas a los dueños de los automóviles estacionados en zonas prohibidas o restringidas de calles y avenidas sólo le representan un ingreso simbólico, mientras que los particulares que enganchan, remolcan y encierran el vehículo del infractor se llevan hasta 2 mil por ciento más.
¿De cuánto habrá sido el “moche” de López Santoyo que no quedará desamparado sino que sólo cambiará de oficina, pues se ha anunciado que de la Dirección de Tránsito pasaría a la de Transporte, también dependiente de la SSP?
Con razón sus jefes superiores, que al igual que él llegaron de la ciudad de México a Veracruz de humildes carga-maletas durante la campaña electoral de Alemán Velasco en 1998, ahora figuran en los primeros lugares de las listas del “Forbes jarocho”.
En lugar de López Santoyo se anunció que será designado Jorge Israel Ponce de León Borquez, otro funcionario que no es veracruzano y que se venía desempeñando como secretario privado del titular de la SSP, Arturo Bermúdez Zurita.
Por eso aún está por verse si con la salida de López Santoyo por fin se acaba el gran negocio privado de las grúas, o si sólo cambiará de manos y repartidor.
Hasta el momento, el grupo “Chilango Power” sigue a todo lo que da, aunque corre el rumor de que pronto un miembro de la Marina Armada de México podría asumir la titularidad de la SSP. ¿Será?
NO SE HAGAN BOLAS
En el lamentable caso de la directora del Instituto Municipal de la Mujer, de Boca del Río, María Josefina Gamboa Toral, no hay que hacerse bolas.
La señora, sea periodista “crítica” del gobierno priista del estado o funcionaria de un Ayuntamiento en poder del PAN, tiene que responder ante la ley como cualquier ciudadano común por la responsabilidad que le resulte ante el accidente automovilístico que provocó causando la muerte instantánea del joven tatuador José Luis Burela López.
Precisamente este martes 15, la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) informó sobre otro caso similar en el que el Ministerio Público determinó consignar ante un juez penal al maestro contratista Omar Pérez Gómez como probable responsable de los delitos de homicidio culposo agravado, lesiones y daños culposos, luego de que el domingo pasado, en estado de ebriedad, impactó con su camioneta pick-up el automóvil Chevrolet, tipo Matiz, a bordo del cual viajaban la señora Leonor Mendoza Pérez, que falleció también al instante, y tres menores de 4, 5 y 9 años de edad que resultaron lesionadas.
Con esta otra acción penal, la PGJE reiteró que todos quienes violenten la ley serán sometidos a la soberanía de la justicia, procurando los derechos legales y humanos de los inculpados, y de las víctimas, en igualdad de condiciones para todos.
Obviamente no han faltado los interesados que han querido politizar y desvirtuar el riguroso proceso ministerial al que se ha tenido que someter a la comunicadora, cuyos amigos, correligionarios partidistas y algunos compañeros de gremio se han venido quejando de que Gamboa Toral estaría siendo víctima de una supuesta campaña de “linchamiento mediático”, pero lo cierto es que como funcionaria de un Ayuntamiento no puede evadir tampoco el escrutinio de la opinión pública merced a su fuero periodístico.
Inclusive, por esas fechas, corrió la versión de que a esa área dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) posiblemente llegaría el abogado porteño Tomás Mundo Arriasa, quien ya había ocupado el mismo cargo en la administración del gobernador Miguel Alemán Velasco.
Lo de Mundo Arriasa no se concretó –quizá ni siquiera fue considerado de verdad– pero sí la salida de Tránsito de López Santoyo, confirmada este miércoles 16.
Al parecer, al subordinado de Arturo Bermúdez Zurita, titular de la SSP, terminó por empinarlo el escandaloso negocio de los concesionarios del servicio de grúas, los cuales se han estado llevando la gran tajada del pastel ya que a la Hacienda del Estado estas infracciones aplicadas a los dueños de los automóviles estacionados en zonas prohibidas o restringidas de calles y avenidas sólo le representan un ingreso simbólico, mientras que los particulares que enganchan, remolcan y encierran el vehículo del infractor se llevan hasta 2 mil por ciento más.
¿De cuánto habrá sido el “moche” de López Santoyo que no quedará desamparado sino que sólo cambiará de oficina, pues se ha anunciado que de la Dirección de Tránsito pasaría a la de Transporte, también dependiente de la SSP?
Con razón sus jefes superiores, que al igual que él llegaron de la ciudad de México a Veracruz de humildes carga-maletas durante la campaña electoral de Alemán Velasco en 1998, ahora figuran en los primeros lugares de las listas del “Forbes jarocho”.
En lugar de López Santoyo se anunció que será designado Jorge Israel Ponce de León Borquez, otro funcionario que no es veracruzano y que se venía desempeñando como secretario privado del titular de la SSP, Arturo Bermúdez Zurita.
Por eso aún está por verse si con la salida de López Santoyo por fin se acaba el gran negocio privado de las grúas, o si sólo cambiará de manos y repartidor.
Hasta el momento, el grupo “Chilango Power” sigue a todo lo que da, aunque corre el rumor de que pronto un miembro de la Marina Armada de México podría asumir la titularidad de la SSP. ¿Será?
NO SE HAGAN BOLAS
En el lamentable caso de la directora del Instituto Municipal de la Mujer, de Boca del Río, María Josefina Gamboa Toral, no hay que hacerse bolas.
La señora, sea periodista “crítica” del gobierno priista del estado o funcionaria de un Ayuntamiento en poder del PAN, tiene que responder ante la ley como cualquier ciudadano común por la responsabilidad que le resulte ante el accidente automovilístico que provocó causando la muerte instantánea del joven tatuador José Luis Burela López.
Precisamente este martes 15, la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) informó sobre otro caso similar en el que el Ministerio Público determinó consignar ante un juez penal al maestro contratista Omar Pérez Gómez como probable responsable de los delitos de homicidio culposo agravado, lesiones y daños culposos, luego de que el domingo pasado, en estado de ebriedad, impactó con su camioneta pick-up el automóvil Chevrolet, tipo Matiz, a bordo del cual viajaban la señora Leonor Mendoza Pérez, que falleció también al instante, y tres menores de 4, 5 y 9 años de edad que resultaron lesionadas.
Con esta otra acción penal, la PGJE reiteró que todos quienes violenten la ley serán sometidos a la soberanía de la justicia, procurando los derechos legales y humanos de los inculpados, y de las víctimas, en igualdad de condiciones para todos.
Obviamente no han faltado los interesados que han querido politizar y desvirtuar el riguroso proceso ministerial al que se ha tenido que someter a la comunicadora, cuyos amigos, correligionarios partidistas y algunos compañeros de gremio se han venido quejando de que Gamboa Toral estaría siendo víctima de una supuesta campaña de “linchamiento mediático”, pero lo cierto es que como funcionaria de un Ayuntamiento no puede evadir tampoco el escrutinio de la opinión pública merced a su fuero periodístico.