19 de julio de 2014
alcalorpolitico.com
El Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE) enfrenta nuevamente otra crisis financiera, muy parecida a la que sufrió en la década de los 90s que lo puso al borde de la desaparición y derivó en una reforma, que hoy se ve, no ha sido suficiente para resolver sus graves problemas.
Actualmente el pago de pensiones a los trabajadores que gozan de ese beneficio otorgado por el IPE representa un monto de 5,888 millones de pesos (que equivale al 6.2% del presupuesto de egresos estatal). De este monto sólo el 48% (2,849 mdp) es cubierto con recursos propios de este organismo, el restante 52% (3,039 mdp) se cubre con ingresos corrientes del gobierno estatal. Es decir, existe un profundo déficit derivado de la insuficiencia de los activos de los fondos fiduciarios de pensiones para cubrir las obligaciones contraídas con los trabajadores afiliados (Moody´s Investors Service, Mexican States’ Growing Pension Liabilities Pose a Mid-Term Challenge, 3 de julio de 2014)
Esto ubica a Veracruz en el 4º lugar entre los estados de mayor déficit en su sistema de pensiones, sólo superado por Sinaloa, Tabasco y Baja California.
Esto es sumamente grave, no sólo porque expresa el riesgo de sobrevivencia de este organismo y de todo el sistema de pensiones en el mediano plazo, sino porque su crisis financiera provoca que el gobierno del estado deba transferirle recursos de su presupuesto para cubrir sus déficits. Recursos que deberían servir para otros fines.
En el largo plazo, sin embargo, la situación es aún más grave ya que los llamados “pasivos por pensiones sin fondeo” es decir, la diferencia entre el monto total de pagos a realizar en el futuro y los ingresos que se tendrán para tal fin, acusa un dramático déficit, que presagia un colapso inminente. Este concepto alcanza actualmente un monto equivalente a 180% del total de los ingresos públicos totales es decir, 171 mil millones de pesos que se requieren para asegurar el sostenimiento del sistema de pensiones estatal en el largo plazo.
Mientras escribo esta nota, se discute en el congreso del estado la iniciativa para reformar el sistema de pensiones estatal que contiene disposiciones que atentan contra el bienestar de los veracruzanos y que no resolverá el problema de largo plazo, pero sobre todo, dejará sin castigo a quienes han llevado al IPE a la situación que ahora se encuentra.
Volveré sobre el tema en la próxima colaboración.
[email protected]
Actualmente el pago de pensiones a los trabajadores que gozan de ese beneficio otorgado por el IPE representa un monto de 5,888 millones de pesos (que equivale al 6.2% del presupuesto de egresos estatal). De este monto sólo el 48% (2,849 mdp) es cubierto con recursos propios de este organismo, el restante 52% (3,039 mdp) se cubre con ingresos corrientes del gobierno estatal. Es decir, existe un profundo déficit derivado de la insuficiencia de los activos de los fondos fiduciarios de pensiones para cubrir las obligaciones contraídas con los trabajadores afiliados (Moody´s Investors Service, Mexican States’ Growing Pension Liabilities Pose a Mid-Term Challenge, 3 de julio de 2014)
Esto ubica a Veracruz en el 4º lugar entre los estados de mayor déficit en su sistema de pensiones, sólo superado por Sinaloa, Tabasco y Baja California.
Esto es sumamente grave, no sólo porque expresa el riesgo de sobrevivencia de este organismo y de todo el sistema de pensiones en el mediano plazo, sino porque su crisis financiera provoca que el gobierno del estado deba transferirle recursos de su presupuesto para cubrir sus déficits. Recursos que deberían servir para otros fines.
En el largo plazo, sin embargo, la situación es aún más grave ya que los llamados “pasivos por pensiones sin fondeo” es decir, la diferencia entre el monto total de pagos a realizar en el futuro y los ingresos que se tendrán para tal fin, acusa un dramático déficit, que presagia un colapso inminente. Este concepto alcanza actualmente un monto equivalente a 180% del total de los ingresos públicos totales es decir, 171 mil millones de pesos que se requieren para asegurar el sostenimiento del sistema de pensiones estatal en el largo plazo.
Mientras escribo esta nota, se discute en el congreso del estado la iniciativa para reformar el sistema de pensiones estatal que contiene disposiciones que atentan contra el bienestar de los veracruzanos y que no resolverá el problema de largo plazo, pero sobre todo, dejará sin castigo a quienes han llevado al IPE a la situación que ahora se encuentra.
Volveré sobre el tema en la próxima colaboración.
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